Desde su inicio, la ley que creó el sistema mixto de jubilaciones y pensiones fue cuestionada por algunos sectores de la sociedad.

En aquel entonces resultaba imperioso realizar ajustes al sistema que estaba quebrado y, además, ponía en duda la sostenibilidad de las finanzas públicas en su conjunto. En los hechos el sistema de previsión social iba camino a hacer quebrar al Estado en su conjunto. La reforma no solamente creó un sistema mixto, bastante sui géneris en el mundo, sino que ajustó algunos de los parámetros claves del sistema: edades mínimas de retiro, tasas de reemplazo, forma de cálculo de la base del haber pensionario, años mínimos requeridos y en especial la prueba de dichos años.

Luego, especialmente durante la primera Administración Vázquez, algunos de estos parámetros dieron cierta "marcha atrás", pero en general compensando su efecto financiero. Así, por ejemplo, se redujo la edad mínima de retiro pero al mismo tiempo se disminuyó el haber de retiro para quienes optaran por ello. Sin embargo, se reintrodujo mediante medidas administrativas la prueba de servicios mediante testigos que había sido prácticamente eliminada y, en ciertos casos, hasta se admite la propia declaración del involucrado. Los mínimos fueron subiendo progresivamente. Es decir, más allá de la obtención o no de la transferencia y su forma de cálculo, el resultado financiero final no se alteró en demasía, salvo para las personas perciben el mínimo, en cuyo caso la mejora viene "por otro lado".

La pasada semana se informó que el BPS tiene un importante déficit, el que, medido de forma correcta, —sin considerar como "recurso propio" los impuestos y partidas afectadas—, nos muestra una transferencia desde el gobierno central de las mayores, expresada en términos del PIB, que la serie conoce. Casi de manera concomitante se divulgó un estudio académico que indica la necesidad de volver a adecuar los parámetros del sistema, básicamente aumentando edades de retiro adecuándolas a la realidad mundial de la sociedad actual. Nada diferente a las razones para reformar el sistema 20 años atrás.

Por fuera de todo lo anterior, que nos delimita el contexto general, un grupo de cotizantes cuya edad está entre los 50 y 60 años vuelven a la carga para derogar el sistema o, al menos, que se los contemple porque sienten que los perjudica. En este caso, la razón detrás del reclamo parece ser meramente económica y no totalmente ideológicas como lo fueron en su inicio. A mediados de los ´90, y hasta unos pocos años atrás, la aritmética mostraba de manera contundente que los haberes de retiro serían bastante superiores mediante el sistema mixto que lo que pagaba y paga el sistema de reparto puro. Por idénticas razones (ideológicas) se insistió una y otra vez sobre el tema. En varias ocasiones se abrieron períodos para que ciertos grupos posiblemente perjudicados pudieran retornar al régimen previo. En general siempre fueron y son muy pocos quienes deciden deshacer su opción. Pero en el mundo desde fines de 2008 para una variable clave del sistema las cosas cambiaron y mucho; en efecto, las tasas de interés, —los fondos ahorrados ganan intereses—, cayeron hasta niveles desconocidos nulos y, en ciertos casos, negativas en términos nominales (*). Estos tipos de interés implican que, medidos en términos reales, los rendimientos en general sean negativos o, en el mejor de los casos, nulos. Justamente intereses tan bajos impulsan la economía a mayor crecimiento y, como las remuneraciones dependen del nivel de actividad, si la producción crece aumenta el empleo y también el salario real.

Los sistemas de reparto puro pagan la prestación en función del salario en actividad, bajo distintas fórmulas de cálculo, en general en base promedios actualizados de lapsos más o menos largos. Si el salario crece al paso de un PIB que se expande a tasas excepcionalmente altas, el haber de retiro lo termina reflejando. Sin embargo, lo usual es que la variación anual del salario real no debería ser mayor a la tasa real de interés. Así suele ser en todos lados en períodos normales. Entonces el tema central es que bajo las actuales condiciones de mercado es perfectamente factible que el perjuicio por el que se reclama sea real pero, hacer una proyección a largo plazo en base a ellas sería un error. La lógica indica que en pocos años las cosas volverán a ser como fueron la norma a lo largo de la historia, al menos de los últimos siglos.

En resumen estamos ante un hecho coyuntural, (en estas cuestiones la coyuntura no se mide en meses, sino en años), bajo el cual seguramente un grupo percibe que el sistema mixto les perjudica frente al anterior. Nada de esto pasaba hasta no más de 4 años atrás, y lo esperable es que no pase. Dicho lo anterior también debemos ser conscientes de al menos tres cosas: a) con el sistema de reparto también se generan situaciones donde unos se perjudican, b) si se volviera al sistema de reparto, ya mismo habría que hacer una reforma que reduzca los beneficios porque de lo contrario no se podrían pagar las prestaciones y, c) no es razonable que cada uno pueda individualmente con cartas vistas elegir lo que en determinado momento más le conviene, no existe sistema que resista financieramente una opción como esa.

(*) El bono a 10 años de Estados Unidos paga 1,7%, el de Alemania 0,1%, el Suizo -0,4% y el de Japón -0,1%. Hasta 2008, las tasas nunca eran inferiores al 6-6,5%.

ISAAC ALFIE