Opinión

Pasada la Copa del Mundo de fútbol en Rusia, Brasil se enfrenta a la realidad y las elecciones, que se imponen en los planos económico y político.

El momento actual es de articulaciones, de montaje de apoyos para obtener recursos para las campañas electorales y el tiempo de propaganda gratuito en la TV. La indefinición del cuadro actual, a apenas dos meses de los comicios en primera vuelta, es inédita. El terremoto del Lavajato parece haber sacudido la estructura política vigente hasta hoy, en que PT y PSDB se contraponían el uno al otro, quedando el PMDB como fiel de la balanza.

La corrupción a gran escala ha llevado al rechazo casi indiscriminado de la clase política actualmente en el poder, tanto en el ejecutivo como en el legislativo, pero los nombres que se presentan para las disputas indican poca perspectiva de renovación tanto a nivel nacional y regional.

En ese contexto de elevada incertidumbre, la recuperación de la economía, que ya venía dando señales de pérdida de aliento respecto a las expectativas de fines de 2017, tuvo que enfrentarse a un choque de grandes proporciones: la huelga de camioneros, en protesta por los aumentos del precio del gasoil, que paralizó el país por 11 días entre finales de mayo y principios de junio.

La paralización generó caos en las ciudades debido a la interrupción del suministro de combustible para el transporte urbano, además de promover la escasez del abastecimiento de bienes en general, incluso alimenticios. En el sector agrícola, los daños fueron inmensos, con la muerte de aves y otros animales debido a la falta de alimento.

Como consecuencia, la producción industrial de mayo cayó un 11% en relación a abril (tras variación de 0,8% en aquel mes) y el 6,7% en relación a mayo del año pasado (8,9% en abril, en la misma comparación). Aunque las ventas del comercio cayeron menos, el impacto fue negativo frente a la tendencia que se venía dibujando: caída desestacionalizada de 0,6% en el comercio minorista restringido (0,7% en abril) y del 4,9% en el ampliado , que incluye ventas de automóviles y materiales de construcción (1,5% en abril). En general, los efectos de la huelga llevaron a la revisión de las previsiones de crecimiento de la economía brasileña este año, del intervalo del 2,5% al 3,0%para un 1,5%- 2,0%.

Además del fuerte impacto sobre la actividad económica, la huelga también produjo efectos sobre la tasa de inflación, que se aceleró en junio en la variación mensual al 1,3%, ante el 0,4% en mayo. Como el segundo trimestre suele ser un período estacionalmente favorable a la inflación, este choque llevó la variación del índice de precios al consumidor en 12 meses del 2,9% en mayo al 4,4% en junio. Se observa, sin embargo, que parte de la aceleración refleja también la presión sobre los precios administrados por el gobierno: además de los combustibles, presionados por el alza del petróleo en el mercado internacional y por la devaluación del real, también las tarifas de energía eléctrica, debido a la escasez de lluvias, se han corregido en porcentajes elevados. La variación acumulada en 12 meses de los precios administrados fue de 11,8% en junio.

El impacto de la huelga de los camioneros no quedó restringido a la actividad económica o a la inflación. El gobierno cedió en diversas demandas de los huelguistas, congelando el precio del diesel, reduciendo impuestos para el sector del transporte por carretera y acordando con la fijación de valores mínimos para los fletes. En los dos primeros casos, hubo un impacto fiscal negativo (Petrobras será resarcida por el gobierno) precisamente en el momento en que la presión sobre el presupuesto es muy fuerte, debido al elevado déficit público, ya la ley que limita el crecimiento de los gastos. Como efecto colateral, el presidente de Petrobras, que venía conduciendo un exitoso programa de recuperación de la empresa, dimitió por no concordar con la interferencia en el proceso de formación de precios de sus productos. En el caso de las tarifas para los fletes, se volvió casi tres décadas atrás en el tiempo, cuando, en medio de una inflación creciente, el gobierno practicaba el control generalizado de precios en la economía, generando enormes desequilibrios.

El ambiente externo también ha contribuido a aumentar la volatilidad. La gradual normalización de la política monetaria en EE.UU. llevó a la salida de recursos financieros de los mercados emergentes, lo que ha presionado el tipo de cambio de estos países. En concreto, la devaluación del real desde el inicio del año, de alrededor del 20%, sólo es menor que las depreciaciones del peso argentino (40%) y de la lira turca (23%). Una diferencia importante, sin embargo, es que en los otros dos casos la devaluación cambiaria refleja elevados déficit en cuenta corriente, del orden del 4,5 al 5% del PIB, mientras que en Brasil, donde el déficit en cuenta corriente en el balance de pagos es sólo el 0,6% del PIB, la devaluación refleja las incertidumbres domésticas, principalmente en el área fiscal.

Se llega así al punto en que la política y la economía se encuentran: ¿cómo afrontar un déficit fiscal del 7% del PIB este año (2% del PIB en términos primarios, cuando se excluyen los gastos de intereses de deuda) y que, coloca la deuda pública en trayectoria creciente a partir de un nivel (76% del PIB) que ya es el mayor entre países de renta media?

La actual política económica se proponía hacer un ajuste fiscal gradual, combinando la fijación de un límite para el crecimiento de los gastos con la reforma previsional. Como comentamos en artículos anteriores, el gobierno se debilitó políticamente a partir de mediados del año pasado, y la reforma quedó por el camino. Al nuevo gobierno cabría, en el mejor escenario, conducir esta y otras reformas estructurales con la fuerza de los recién electos, aunque en un cuadro partidista bastante fragmentado. En el peor escenario, la elección llevará al poder a un candidato que no cree en reformas, lo que seguramente tenderá a aumentar los desequilibrios en la economía.