OPINIÓN

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Por lo antedicho, es imperante que el Estado esté muy presente, que funcione lo mejor posible y que responda rápidamente.

Primero, una gestión con mayor coordinación y transparencia de procesos entre agencias del gobierno implica que quienes buscan seguir los lineamientos del Estado puedan hacerlo rápidamente y sin confusión. Si quedarnos en casa ayuda a que la propagación del virus sea menos exponencial, y entonces presionar menos al sistema de salud, las indicaciones de cuánto y cuándo se puede salir tienen que ser extremadamente claras, sino atentan contra la lógica de la solución. Y las declaraciones de las diferentes dependencias del Estado deben realizarse en consecuencia. Sin embargo, innumerables países han quedados cortos en esto.

A modo anecdótico, en una nota del 19 de abril una periodista del Financial Times menciona que cuando intentó entender las restricciones a los viajes internacionales definidas por el gobierno del Reino Unido, primero llamó a su Ministerio de Salud Pública (MSP), donde le dijeron que debía hablar con Cancillería, donde le dijeron que debía comunicarse con el MSP o el Ministerio del Interior (MI). A su vez, el MSP le comunicó que debía contactar a Cancillería o el MI. El MI le comunicó que debía contactarse con el Gabinete del Primer Ministro, y el Gabinete dijo que debía comunicarse con Cancillería y el MSP... En Uruguay no parece haber tal cortocircuito, aunque sí ha habido algunas declaraciones poco claras.

Segundo, reducir los tiempos de trámites administrativos será importante para que aquellos que quieran y puedan invertir o gastar logren hacerlo rápidamente, ayudando a reactivar la economía, especialmente una vez que las restricciones de movilidad se levanten. Por ejemplo, una empresa que quiera hacer una obra luego del distanciamiento —contratando empleados, haciendo gastos en materiales y pagando los impuestos correspondientes (es decir, contribuyendo al PIB)— hoy se enfrenta en nuestro país con un escenario de mayor cantidad de procesos y mucho más lento que la mayoría de los demás países del mundo.

Según el informe Doing Business del Banco Mundial, Uruguay está en el ranking 151 de 190 países en el mundo en términos de número de procesos, costo y tiempo para obtener permisos de construcción (*). Un indicador donde Uruguay puntea particularmente bajo, es el número de días que lleva obtener todos los permisos. Esto se debe a que muchos deben obtenerse en diferentes entidades (intendencia, bomberos, BPS, OSE, Catastro, etc.), en algunos casos sin posibilidad de hacerlo de forma electrónica y a veces con tiempos de aprobación que pueden llevar hasta 60 días (un solo proceso).

Por supuesto, las regulaciones no son simplemente palos en la rueda. Volviendo al caso de la construcción, por ejemplo, hay regulaciones que son necesarias para garantizar cuestiones de medio ambiente, o seguridad, como estándares de construcción para que la obra no plantee un riesgo de colapso, o normas para proteger a los trabajadores durante la construcción. Por eso el llamado a hacer los trámites más ágiles no es a bajar estándares, sino acelerar el tiempo de los procesos, ofrecer más mecanismos (por ejemplo, más posibilidad de hacer trámites digitales) y potencialmente revisar si hay regulaciones que ya no son necesarias. Es de esperar que el sector privado tenga estos incentivos, pero también se necesitará una administración mucho más ágil.

Tercero, una buena gestión permite obtener ahorros que son y serán necesarios en otros sectores de la economía. La crisis actual generó una necesidad de gastos imprevistos (en salud, extensión del seguro de desempleo, apoyo a personas en situación de calle, entre otras), poniendo presión a una economía con un nivel de deuda elevado y con perspectivas de crecimiento bajas incluso antes de la pandemia. Además, el costo de financiar este incremento del gasto fiscal en este momento es alto en comparación con economías desarrolladas, dada la depreciación del peso y el aumento del riesgo soberano.

A modo de ilustración, el índice de bonos de Uruguay (UBI) realizado por República AFAP aumentó más de dos veces entre enero-febrero de este año y marzo-abril, con bastante volatilidad, algo que ha sucedido también en muchas otras economías de la región, dado que en épocas de incertidumbre el capital se refugia en monedas como el dólar americano y “vuela” de las economías en desarrollo. Por eso, hacer un uso eficiente de los recursos es un imperante todavía más importante.

Vale aclarar que en general es difícil hablar de eficiencia de recursos porque es un término que puede ser entendido con un componente ideológico. Muchas veces quienes lo escuchan automáticamente lo asocian a “recorte” o, desde el otro bando, a “calidad y no cantidad”. Sin embargo, ambas cosas pueden ser ciertas, o erradas. En este momento se necesita más cantidad y más calidad.

Como mencioné en mi nota anterior, este no es momento de austeridad, se necesita un Estado más presente, especialmente para aquellos de menores recursos, pero también un Estado más ágil, porque el apoyo que necesitan los ciudadanos es urgente y considerable. Y en ese sentido, la crisis ofrece una gran oportunidad de tener un Estado dinámico, que responda rápido, de forma clara, transparente y coordinada. De hecho, esta es una responsabilidad y propiedad que el Estado debiera proveer siempre, sólo que ahora se convierte en una necesidad.

(*) Doing Business 2020, World Bank, https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/u/uruguay/URY.pdf