OPINIÓN

Ni pensar en suspender los consejos de salarios, ni defender las ocupaciones de los lugares de trabajo.

Encauzar y aprovechar las transformaciones que se presentan en el mundo del trabajo implica compartir responsabilidades y contar con espacios democráticos de diálogo social para llegar a las decisiones más adecuadas. Consolidar y proyectar la credibilidad de ese esfuerzo, dependerá de los móviles que justifiquen su convocatoria, de los temas que se aborden y de la pertinencia de sus resultados.

Un buen punto de partida es saber que las soluciones no surgirán por sí mismas y que si no intervenimos a tiempo, peor será la incertidumbre y se acentuarán las desigualdades. Los últimos años nos han dejado a los uruguayos, algunos aprendizajes marcados a fuego:

i) Las políticas laborales deben apoyarse en consensos previos y dar respuestas efectivas a la realidad sobre la cual quieren incidir; de lo contrario pierden sustentabilidad y sacrifican el empleo;

ii) La representatividad de los interlocutores para legitimar estos ámbitos debe contribuir a la agilidad y la resiliencia de las empresas, de los mercados laborales y de la economía. Por lo pronto, es determinante la trama productiva involucrada y no un protagonismo basado en la tradición o el patoterismo;

iii) Los debates se dan entre actores con visiones distintas y es a partir de esas diferencias que hay que construir los acuerdos;

iv) La perspectiva ideológica afecta la objetividad del análisis y sus beneficios nunca son para el colectivo país;

v) La parcialidad del actor gubernamental vuelve inverosímil el clima de trabajo y se traduce en inequidad;

vi) Las decisiones a las que se llegue no deben ser conservadoras de la situación existente sino estar abiertas a permanente revisión.

La agenda de problemas en Uruguay es vasta y este año está sujeta a la contienda electoral. Es buen momento para repasar prioridades y evaluar posicionamientos políticos, pero también para identificar capacidades de gestionar un diálogo que asegure la paz social y genere acuerdos, entre otros, en torno a:

• Competitividad. El último índice del Foro Económico Mundial, en lo que refiere a relaciones laborales, ubicó a Uruguay en el lugar 121 de los 137 países incluidos en la medición. Desde 2005 una catarata de leyes, decretos y acuerdos alcanzados han conformado un marco normativo laboral que -no exento de superposiciones y lagunas- se ha focalizado en la protección del trabajador; regula -con visión de escritorio- la responsabilidad empresarial y promueve -observaciones de la OIT mediante- el derecho colectivo.

Sin perjuicio de su riguroso monitoreo, este complejo “puzzle” mantiene pendiente la regulación de piezas clave, como el derecho de huelga y la actividad sindical. Debilidad que se alimenta con una actitud empresarial distante a la innovación, a la digitalización, a gestionar conocimiento y ganar nuevos mercados.

La competitividad que queremos será consecuencia de un equilibrio entre nuestra estrategia de inserción internacional, las políticas macroeconómicas, el costo del Estado, la educación de los trabajadores y de “la productividad que efectivamente podamos asegurar”.

• Inversión. La atracción de IED al Uruguay cayó fuertemente en los últimos dos años y las entradas de nuevos aportes de capital, según la Cepal, disminuyeron un 31,5% y alcanzaron un pobre resultado final. Es mediocre justificar esta situación amparándose en las tendencias regionales en un contexto de globalización, marcado por las nuevas tecnologías y la conectividad en red. Por otra parte, es harto evidente que el cierre o dificultades en las que están las empresas importantes no se compensa ni en cantidad o calidad con el registro de unipersonales en la DGI.

• Seguridad Social: Uruguay dispone un bono demográfico hasta 2030 y es durante este período que tiene que instrumentar cambios a un sistema previsional cuyo déficit llegó en 2018 a los US$ 700 millones; un 56,6% más que en 2016 y 21,3% más que en 2017. La solución parece estar más cerca de revisar gastos y no reforzar la carga que soporta una exigida matriz productiva. También en esto existe vinculación con la productividad: los futuros cotizantes son jóvenes radicados en las zonas mas pobres, con bajo nivel educativo, mínima cualificación y grandes posibilidades de acceder a empleos de mala calidad.

• Desarrollo de Capital Humano: El mayor capital del que dispone hoy una economía o una empresa es el “conocimiento”; éste es el principal foco que debe tener la justicia social en aras de reconstruir una ciudadanía con cultura del trabajo.

Hay estudios demuestran que el 57,7% de los empresarios tiene dificultades para contratar empleados con las destrezas que necesitan. Las políticas y programas de capacitación, educación técnica y formación de trabajadores no han logrado conformar un sistema que asegure la calificación continua de la fuerza de trabajo. ¿No habrá llegado la hora de cuestionarnos cuál es la institucionalidad que debemos darnos para centrar las respuestas en el desarrollo del trabajador según su propia situación de empleo?

Por último, un diálogo social responsable debería de plano evidenciar cuán absurdo es suspender la convocatoria de los Consejos de Salarios y el instituto del salario mínimo; defender las ocupaciones de los lugares de trabajo y que tengan que registrarse en el BPS las obras de mantenimiento de una casa realizada por su propio dueño los fines de semana.