OPINIÓN

Según trascendió, una parte importante del lobby vitivinícola estaría gestionando una medida idéntica a las que el país más combate en el mundo del comercio internacional: subsidios a la exportación de vino. 

La razón es también —exactamente— la misma que fundamenta las políticas de los países que tanto daño han hecho a nuestras exportaciones de alimentos, muy expuestos a este tipo de subsidios.

Uruguay ha combatido desde siempre en todos los foros los subsidios a la exportación de granos, lácteos, carne, pero el gobierno se dispone —ojalá que no— a debilitar nuestra posición internacional en la materia. En efecto, se trataría con esta medida de mejorar el precio de exportación de nuestro vino, que nadie quiere vender al precio muy pobre al que se lo podría exportar. Y esto ocurre porque el consumo interno no quiere consumir la cantidad de vino que ofrecen nuestras bodegas; por tanto, el vino "sobra". Y en el mundo vale lo que hoy vale: muy poco.

Este sector siempre ha disfrutado de un estatuto de excepción. Cuando se pactó la libre circulación en el Mercosur, logró que esto no corriera aun hasta hoy en envases de más de un litro; en buen romance está prohibida la importación de vino a granel, que es justamente lo que hemos exportado tantas veces, violando así un principio muy básico del comercio que es el de no discriminación: tratar igual lo nacional y lo extranjero. Además de esta prohibición, la importación está sujeta a una llamada tasa de promoción y control que no alcanza al vino nacional en envases grandes, lo que la convierte en un arancel. Por otra parte, la importación debe someterse a permiso previo del Inavi, que lo otorga o no previo análisis de laboratorio para probar que el vino es vino. Por cierto, el solo hecho que el trámite se haga en la institución que dirigen los competidores de los que importan es un error. Y confiere un poder de frenar importaciones como no existe en ninguna otra actividad, solo comparable a la expedición de certificados sanitarios para administrar las importaciones de productos de granja. Luego, para la venta en el mercado interno, el vino disfruta de tributación diferencial respecto de las bebidas cola y de la cerveza, las que entre Iva e Imesi componen la diferencia a favor de aquel sin esos impuestos. Además, ha estado controlada la producción local, con límites físicos establecidos por el Inavi. Así, la producción ha estado protegida de las importaciones, de la competencia con otras bebidas, de la propia sobreoferta y lo ha estado con una institucionalidad propia con la representación de productores y bodegueros, que ha servido para parar toda la competencia. Solo faltaba la frutilla de la torta: los subsidios a la exportación, que una vez Mujica confirió con cargo a ser devueltos, y ahora el pedido se reitera y por todo lo anterior debe descartarse.

Con toda esta protección excepcional, la producción no ha parado de caer desde valores tales como 110 millones de litros en los 90, hasta valores algo mayores a la mitad en estos años. Hace 20 años vienen cayendo la producción, el consumo, el número de bodegas, y el área de viñedos. Las importaciones están más o menos constantes en 3 millones de litros, y las exportaciones también son de ese orden en 2016 (último dato disponible), igual a 10 años atrás aunque con oscilaciones. El consumo sigue cayendo, también por razones culturales, lo que de ser cierto sería gravísimo por su irreversibilidad.

O sea que el vino en la importación está protegido; en el consumo interno está favorecido; y ahora cuando se quiere exportar habría que subsidiarlo. Con todo esto a la vista hay que decirlo de una buena vez: el encierro no ha sido bueno. Pasa como con la granja cuando se propone abrir en favor del consumidor, criteriosamente pero abrir. Y se nos responde que desaparecerían productores. La respuesta obvia es que no lo sabemos porque todo está encerrado; y con encierro sí que desaparecen granjeros, vitivinicultores, bodegueros, estos últimos que siguen soñando con exportar en tanto se prohiba toda competencia: es imposible.

Hay que cambiar la institucionalidad: ni las importaciones pueden estar controladas por la competencia doméstica, ni el Inavi puede resolver cuánto producir. Pero tengo una esperanza mínima en el rubro aunque quizás mucho más reducido, que se basa en haber conocido a un jerarca del Inavi —su presidente— que a lo mejor representa un enfoque moderno diferente. Por ejemplo, parecería que el Inavi no traba más expedientes de importación como antes, que tampoco se mete en limitar la producción, ni parece estar muy de acuerdo con esa competencia de los legisladores canarios, quienes con más apuro que prudencia, presionan desde todos los partidos para contribuir a regar el árbol desde el que nos van a ahorcar, como lo es la promoción del subsidio a la exportación. Menos aún en un rubro que, así como está, no parece ofrecer perspectivas claras. Este destacado funcionario cuya buena fe e ilusión me impresionaron, destaca que de los 60 millones de litros que aunque en caída se consumen, casi la mitad se trata de vinos finos y según sostiene, de calidad competitiva. Esto sugiere que un programa sensato debería dejar en competencia la elaboración de vinos que pueden competir, quizás esa mitad, y ayudar en el ingreso, no en el precio, a los que elaboran un vino que en poco tiempo más, por una razón o por otra, se dejará de tomar por más protecciones y subsidios que se imaginen.