OPINIÓN

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Hace justamente dos décadas, Argentina y Uruguay enfrentaban adversidades similares. Un default aparentemente inocuo de la deuda doméstica rusa en 1998, disparó pánico en los mercados financieros, secando el financiamiento de las economías emergentes. Brasil comenzó a tener dificultades para refinanciar su deuda, obligando a devaluar drásticamente su moneda, provocando la contracción de su demanda doméstica y como efecto derivado, la contracción de su demanda de exportaciones originarias del Mercosur.

Tal shock contractivo coincide con que Argentina lidiaba con cómo salir de un modelo cambiario de paridad fija, insostenible dada su situación fiscal endeble. En tanto, Uruguay, creciendo ya poco, recibía el impacto adicional de la contracción brasileña y los descalabros siguientes de Argentina, los cuales derivaron en la gestación de la crisis de comienzos de siglo.Lo que ocurrió después, confirmó una vez más que los desequilibrios y debilidades preexistentes se profundizan velozmente con los efectos del shock negativo externo. Por tanto, las fragilidades latentes, como las que mostraba nuestro sector financiero, son un riesgo mayor que se debe cauterizar preventivamente. Pero también realzan la importancia de la calidad de las políticas para enfrentar el problema, aunque impliquen costos significativos de corto plazo y arriesgar capital político.

Lo que ocurrió a principios de siglo en ambas orillas es una historia ya conocida que no necesita reiterarse. Pero sí vale la pena detenerse en un solo hecho. A nuestro entender, el programa de Argentina con el FMI de aquel entonces tenía, como talón de Aquiles, la falta de compromiso de la sociedad y de su cuerpo político en cumplirlo. El programa implicaba encuadrar sus cuentas fiscales en una trayectoria sostenible, algo que la política esquivaba y que como escapatoria, entre otras cosas, recurrió al default de la deuda con los privados.

Dentro de ese desorden, el FMI pudo tener alguna responsabilidad por su incomprensión de lo que venía pasando. Pero es el deudor quien debe trazar los límites de lo aceptable, pues es el responsable de cumplir los compromisos asumidos y también de lidiar con los efectos de las decisiones tomadas. Disolver las consecuencias del default y la pesificación asimétrica de los depósitos y deudas bancarias del sector privado demolió la confianza, generó profundas transferencias de ingresos dentro de su sociedad y les impidió por un buen lapso acceder a los mercados voluntarios de deuda. Cuando recuperó el acceso a esos mercados, pagó intereses correspondientes a los de países de baja calidad crediticia.

Hoy se encuentra en una situación similar, enfrentado al prestamista de última instancia al que recurre voluntariamente, buscando ayuda para paliar un nuevo desborde fiscal que se gestó a lo largo de administraciones de signo político diferente y que devino en una crisis de balanza de pagos.

Una vez más, la sociedad y la política entienden que no es su programa, pues no se adapta a la visión que proyecta su política económica. Por tanto, solicitan dispensas basadas en trayectorias más laxas de consolidación fiscal junto al reperfilamiento de vencimientos con el FMI. Si bien no se puede cumplir lo imposible, ya se han empleado la mayoría de los márgenes al haber reestructurado una vez más su deuda externa y no contar con financiamiento externo voluntario.

En definitiva, es patear la pelota hacia delante, dilatando las políticas que encuadren definitivamente su macroeconomía en una trayectoria sostenible. No hacerlo es recaer nuevamente, mutilando la llegada de inversión externa que promueva más crecimiento y mejoras de bienestar social genuinos.

Uruguay transitó a principios de siglo, una zaga de acontecimientos extremos, donde por definición, para resolverlos, estaban excluidos los atajos. Fueron estos la ruptura o desdolarización forzada de la cadena de pagos, el canje por bonos de los depósitos bancarios, o el default de su endeudamiento para generar espacio fiscal y así atemperar la magnitud del ajuste necesario. Y con estos preceptos se acordó un programa con el FMI, aunque se debió forzar la mano para no aceptar algunas de sus recomendaciones, recurriendo a la ayuda de su principal accionista. Eso dio lugar a un programa récord en la historia de la institución por el monto aportado, considerando el tamaño de la cuota y de su PIB, al que se agregan los del Banco Mundial y BID. Pero a cambio, el país se comprometió a ejecutar un severo programa de ajuste fiscal y reestructura del sector financiero. Y el alivio posterior de la carga de su endeudamiento externo, lo logró acordando voluntariamente con sus acreedores una postergación de sus vencimientos. Con ello se preservó el acceso a los mercados voluntarios de deuda, se hizo factible la llegada de inversión extranjera directa y se pudo aprovechar los beneficios de la liquidez creciente de los mercados. Y en esto vale recordar, que la profundidad de esos mercados hizo factible cancelar en 2006 la deuda de corto plazo contraída por la crisis con el FMI y el Banco Mundial, por deuda más barata y de largo plazo aportada por privados.

Tan importante como el resultado, es que lo ejecutado se convirtió en política de Estado. El programa acordado con el FMI durante la crisis, fue retomado sin cortapisas por la administración siguiente en manos del Frente Amplio. Se cumplió a rajatabla lo acordado, incluso la parte dura del acuerdo en cuanto a metas fiscales, y la mejora de la regulación bancaria.

Las condiciones de estabilidad macroeconómica que ofrece el país no hubieran sido posibles sin la ejecución permanente de políticas de calidad en temas donde no puede haber nunca renuncias, ni se pueden medir costos políticos en ejecutarlas. Sin duda que no es un camino fácil, pues siempre acechan los amigos del atajo. Pero de todos modos, podemos decir que para el bien del país, se ha convertido en una política de Estado.