Julio Preve Folle

La calidad del agua y del derecho

Confieso mi perplejidad por el abordaje del tema de la pureza del agua, tanto en Maldonado como especialmente en la cuenca del río Santa Lucía. Ya el fin de semana pasado, el Dr. Antonio Mercader se refirió al tema en el contexto del monopolio del estado que se plebiscitó, especialmente por el temor de aquel momento a las empresas privadas que se instalaban —vaya paradoja— justamente en Maldonado.

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Los servicios del ente en tela de juicio. Foto: Archivo El País

Pero lo que más me sorprende es la liviandad con la que se trata el tema del derecho indudable de la gente al agua potable, pero olvidando el derecho de propiedad, también indudable, de cientos de productores rurales ribereños, que no tienen ninguna obligación de costear, ellos solos, y a expensas de su propiedad, el derecho de todos los ciudadanos a disponer de agua en condiciones.

Nuevos agravios.

Algo que se escucha con frecuencia es que dado que la contaminación deriva de la intensificación agropecuaria, los agricultores tanto como los tamberos y desarrolladores de feed lots, todos ellos deberían construir canales, piletas, o directamente dejar esas actividades, hacerlas en otro lado, dejar franjas sin explotar, cambiar de cultivos, tal vez no fertilizarlos, limitarse a usos ganaderos extensivos, etc.

O —peor aún— también se ha propuesto que presenten planes de uso y manejo del suelo para solicitar permiso para desarrollar todas estas actividades, que alguna autoridad o varias aceptarían o no, según algún criterio; de esta forma se recuperaría la calidad del agua de la cuenca del Santa Lucía. Incluso parece que el Ministerio de Defensa, cual si se tratara de enemigos públicos, realizaría —si no la ha hecho ya— una serie de vuelos para detectar esos enemigos. No se ha señalado aún el ancho de las franjas que podría quedar afectado a algún tipo de regla, que incluiría, como señalé, prohibición de desarrollar algunas actividades, pedir permisos, etc.

A cualquiera se le ocurren propuestas sin la menor consideración a quienes hoy detentan la propiedad sobre esas ricas tierras que forman parte de la cuenca. Y este aspecto es tan importante como la pureza del agua: tomar medidas que respeten los derechos de todos.

La primera confusión deriva de no separar dos situaciones muy diferentes: la de las empresas potencialmente contaminantes que están en infracción respecto de la ley, la que sea, y aquellas que, pudiendo estar generando algún tipo de contaminación, no están incumpliendo con norma alguna.

El tratamiento en uno y otro caso es radicalmente diferente. En efecto, para las empresas que han incumplido alguna norma solo corresponde hacerla cumplir. Pienso por ejemplo en fábricas que a lo mejor, incumpliendo las leyes según las cuales se instalaron, no cumplen con las obligaciones de tratamiento de efluentes. Con estas empresas, que nadie puede imaginar que sean muchas en un país que tiene muy pocas industrias, con ellas hay que hacer cumplir la ley.

Compensación.

Ahora bien, para las empresas que aun contaminando, no incumplen norma alguna, la situación es muy diferente: pienso por ejemplo en centenares de tamberos y ganaderos de la cuenca, muchos agricultores con uso intensivo de agroquímicos, etc.

Para todos ellos, si se determinara algún tipo de limitación al derecho de propiedad que ejercían legítimamente, para todos hay una obligación de compensación económica. En efecto, los ribereños también tienen derechos, lo que se suele olvidar. Y aunque estos deban ceder ante un propósito de interés público como lo es el agua potable, no se puede bajo ningún concepto desconocer que si a alguien se le establece una limitación a su actividad económica, o se le impone una obligación que de otro modo no realizaría, hay que compensarlo económicamente, porque sigue siendo propietario.

Si a alguien le prohíben realizar un feed lot, o desarrollar una actividad lechera, o fertilizar sus cultivos con fósforo, solo por ser parte de la cuenca, hay que compensarlo. No es que no haya derecho a limitarle el uso de sus tierras, el punto es que esa limitación no puede ser gratuita.

El artículo 32 de la constitución trata sobre la expropiación y, luego de definir la inviolabilidad del derecho de propiedad, establece pormenorizadamente cuándo se lo puede limitar: solo en base a una ley específica dictada por razones de interés general, y recibiendo siempre del Tesoro Nacional una justa y previa compensación.

Es ésta la expropiación directa, conocida, aunque no tanto como la que aquí se referirá, que es la expropiación indirecta.

Definiciones.

Hay abundante literatura para definirla, particularmente en toda la legislación asociada a los tratados de protección de inversiones, que Uruguay tiene cerca de 30. A diferencia de la expropiación directa en la que hay transferencia del título de propiedad, la expropiación indirecta es un acto del Estado, de naturaleza extraordinaria o irregular, que interfiere con el derecho de propiedad en una magnitud tal que deja dicho derecho inservible o limitado, independientemente de que el dueño permanezca con la propiedad legal o posesión del bien.

Perder el control acerca de lo que se quiere hacer, o perder valor de la propiedad a causa de estas intervenciones, constituye una expropiación indirecta. Así lo entiende el Ciadi (Centro Internacional de Arreglos de Diferencias referidas a Inversiones), tribunal elegido en casi todos los acuerdos internacionales de protección de inversiones, vinculado al Banco Mundial.

De estas intervenciones es que los estados protegen a sus nacionales. Si las prohibiciones a los ribereños dañan totalmente al propietario del uso o del beneficio económico que razonablemente esperarían de la propiedad, o reducen las legítimas expectativas de ganancia —no lo señalo yo, lo hace el Ciadi— estamos frente a una expropiación indirecta que exige reparación económica y un debido proceso para que el afectado se defienda, proponga medidas alternativas, etc.

Pagar.

El cuidado del agua de los uruguayos no es responsabilidad de los ribereños del Santa Lucía, sino de todos. Somos nosotros, con los impuestos que pagamos, los que tendremos que sufragar el esfuerzo que supone no producir, o hacerlo de un modo menos intensivo. Si el agua es de todos —aquel recordado slogan— el mantenimiento de su potabilidad por supuesto que también lo es.

Por todo lo anterior, resulta obvio que la presentación de planes de uso del suelo al MGAP, según los cuales este ministerio decide limitaciones, también posee elementos claros de expropiación indirecta e inconstitucionalidad, al limitar usos que nadie compensa económicamente, y también por reducir el valor de la propiedad.

Hay que cuidar el agua, sin dudas, un derecho básico. Pero sin contaminar el derecho de propiedad o contaminar todo nuestro sistema jurídico, empezando por la propia Constitución.

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