OPINIÓN

La situación económica era frágil antes de la pandemia y ésta vino a complicarla. La caída del PIB argentino este año, probablemente, duplique a la que se registre en el resto de Latinoamérica, con una inflación claramente mayor. El impacto de esa combinación de variables en el nivel de vida de la población será muy duro.

Una vez más, la mayor fragilidad de la situación macroeconómica se origina en el frente fiscal. Sin acceso importante al mercado voluntario de deuda, la única posibilidad de financiamiento recayó en la emisión monetaria, con riesgos evidentes de acelerar en el futuro la tasa de inflación. La pandemia aportó algún margen en el frente monetario al aumentar la demanda de dinero transaccional (cuando lo lógico era que se redujera al ritmo de la caída de la actividad) y eso permitió al BCRA esterilizar una parte de la emisión. Así, el incremento de depósitos terminó financiando al fisco, reduciendo por un tiempo la presión sobre la emisión neta y la inflación futura.

Pero este margen de maniobra desaparecerá en algún momento; por ello es indispensable que se reduzca el déficit fiscal.

Más allá de este alivio, el aumento en la cantidad de pesos en circulación impactó en la brecha cambiaria y en parte explica porqué el BCRA luego de diez meses de “supercepo” sólo pudo acumular US$ 2.000 millones de reservas; en
el mismo período del cepo de octubre de 2011 se habían ganado reservas por US$ 10.000 millones, con una brecha
cambiaria mucho menor a la actual. Había, en aquel entonces, menos excedentes de pesos que querían “escaparse”
del circuito formal y tres veces más reservas internacionales netas que hoy.

En este contexto, el gobierno ha logrado concluir un canje exitoso de la deuda bajo ley internacional y se espera un
resultado similar en la deuda bajo ley nacional. Sin embargo, cuando se logró la adhesión de los principales grupos de
acreedores, la buena noticia impactó solamente unos pocos días en el resto de las variables económicas. La publicación del dato final de adhesión sólo agregará un poco al ya descontado éxito del canje.

Una segunda noticia favorable que pasó bastante desapercibida es la reducción del déficit fiscal primario del mes de julio. Luego de tres meses con un déficit antes del pago de intereses de 245.000 millones de pesos al mes, en julio ese desequilibrio se redujo a 155.000 millones, en gran medida explicado porque el gasto primario medido en moneda constante se desaceleró de un promedio de aumento de 32% interanual a uno de 13%, en forma consistente con la recuperación de la economía.

La emisión acumulada en agosto sugiere que podría repetirse otro mes de desequilibrio, algo menor al de julio, lo que se suma a que se ha podido colocar deuda del Tesoro Nacional en pesos algo por encima de los vencimientos en esa moneda.

¿Por qué no puede el gobierno capitalizar en estos hechos favorables?

La primera y obvia explicación es la generación de incertidumbre a partir de decisiones poco profesionales sobre varios temas. Desde Vicentín, pasando por Edesur y, más recientemente, por la regulación de los servicios de televisión por cable e internet, se ha colado una agenda política con pocos fundamentos técnicos que la avalen. La discrecionalidad en la toma de decisiones sólo agrega confusión y aumenta la salida de capitales (contra reservas o contra la brecha cambiaria). En la evolución de las cuentas fiscales, ya aparece una suba importante en los subsidios al sector privado (energía y transporte) que explican casi el 20% del aumento de gasto primario observado en los primeros siete meses del año respecto del mismo período de 2019. Las contradicciones en la fijación de tarifas dentro del propio gobierno son parte del problema: se quiere mejorar los precios a la producción de energía, sin que ello impacte en las cuentas fiscales, pero evitando aumentar tarifas a los consumidores. No existe forma de conseguir esos tres objetivos sin deteriorar seriamente la calidad del servicio.

La solución debe venir por utilizar los principios de una regulación profesional: mercados mayoristas en competencia, tarifa social para las familias de menores recursos y eventualmente para algunos sectores económicos más golpeados por la pandemia y el resto de los consumidores pagando los costos económicos (al menos con un sendero de aumentos).

La declaración de servicio público de sectores competitivos como la televisión por cable o internet, que requieren grandes inversiones de rápida depreciación comparados con otras actividades, es otro error serio que persigue objetivos políticos de corto plazo, al riesgo de reducir la competitividad de la economía y la calidad de un servicio esencial para las familias.

Finalmente, la especulación de que el BCRA podrá controlar la brecha cambiaria vendiendo bonos que recibiría en
el canje, es otro error. Los bonos que venda la autoridad monetaria son un sustituto cercano a una colocación directa
del Tesoro a tasas de interés de dos dígitos. ¿Dónde quedarán las cuentas de sustentabilidad de la deuda si se emite a esos rendimientos con el sólo objetivo de planchar por unos días la brecha cambiaria? Nuevamente, en lugar de resolver el problema central (elevado déficit fiscal financiado con emisión) se utilizarían alternativas costosas con efectos colaterales adversos sobre el resto de la economía (mayor riesgo país que podría encarecer el costo de capital para el sector privado).

Perseguir objetivos políticos de corto plazo es habitualmente costoso para el buen funcionamiento de la economía.
Pero en la Argentina golpeada por la pandemia es mucho peor. Se diluye así el efecto positivo de algunos logros del
gobierno y se destaca el populismo como eje del (todavía no anunciado) plan económico.

(*) Economista Jefe de FIEL (Fundación de Investigaciones Latinoamericanas), Argentina.