opinión

La medición del resultado fiscal del MEF se hace de acuerdo al manual de finanzas publicas del FMI, y no sería la primera vez que no representa la realidad.

El pasado 31 de diciembre, como todos los fines de mes, el MEF publicó las cifras fiscales, en este caso a noviembre. El comunicado oficial indica que el déficit es de 2,7% del PIB, lo cual se desprende de las planillas colgadas en, la web pero sucede que, las mismas planillas y los comunicados que las acompañan, en general nos brindan suficiente información como para saber la real situación.

Existen cuatro conceptos que nos llevan a corregir el resultado, sea porque no constituyen “caja”, que es la manera de medir el resultado, o por ser partidas transitorias que se revierten. En tal sentido: a) el MEF informa separadamente el efecto “ley de cincuentones”, que hoy brinda un ingreso, pero los egresos que se pagarán en el futuro superan ampliamente a los primeros. A su vez, ese dinero es no disponible porque se retiene en un fideicomiso a efectos de financiar parte del pago de las obligaciones futuras; b) la variación del stock de petróleo de Ancap que a medio plazo debe ser nula y en el período es negativa (desacumulación de stock); c) el ingreso por utilización del Fondo de Estabilización de Energía, creado para evitar bruscas oscilaciones en el precio de la energía eléctrica que poco a poco se fue utilizando en otros destinos. El MEF en su comunicado de agosto, da cuenta de su uso, no informando el quantum. Según surge de información de UTE el dinero que se tomó fue unos US$ 185 millones, nada despreciable por cierto. Este dinero se toma una vez, pero no constituye un ingreso recurrente; d) el “superávit” del BSE que, como he insistido desde esta columna, no debe considerarse como resultado fiscal -tampoco si tuviera déficit-, porque es “no caja”. De hecho, cuando el banco transfiere utilidades, -hace ya un tiempo no pasa-, figura como ingreso del Gobierno, como corresponde y, si éste debiera subsidiar al banco, como hace con otras dependencias (Correo, AFE, ANV, etc) el dinero sería un gasto corriente.

La medición del resultado fiscal que presenta el MEF se hace de acuerdo al manual de finanzas publicas del FMI, al menos en términos generales y ésta no sería la primera vez que no represente la realidad. El ejemplo más recordado data de los años ‘90, cuando Argentina incluía los ingresos por privatizaciones y con ello daba “superávit”, aunque el déficit era enorme. Personalmente tengo la duda respecto a la inclusión de la manera que se hace del BSE; de hecho, hasta 2005 no se lo incluía en el resultado. En sentido contrario, entiendo que hay ciertos organismos que deben integrar la medición y no se informan, como la CND y todas sus empresas satélites. Aquí las cifras oficiales incluyen las transferencias de caja desde el gobierno central, pero no la deuda que asume la CND y garantiza el GC. Tampoco refleja el dinero que Ancap dispone para cubrir el déficit de sus actividades mediante empresas de “derecho privado”, al menos en el exterior, que figuran como financiamiento. El cuadro ilustra las cifras concretas: déficit de $ 83.774 millones (US$ 2.750 MM).

Cabe aquí el reconocimiento a la prolijidad en la presentación de las cifras del efecto por la ley de cincuentones que nos lo permite saber con precisión. Ello no sucedía con anteriores leyes votadas, como con la anterior ley de desafiliación de AFAP que en el año 2014 brindó ingresos por 0,3% del PIB.

Este nivel de déficit todos sabemos que es insostenible. Allí hay acuerdo; donde no lo hay es en el nivel aceptable de desequilibrio futuro, al menos para los próximos años. Algunos colegas indican que, con un déficit de 2,5% del PIB o más no hay problema. Personalmente discrepo, porque eso supondría estabilizar el ratio deuda a PIB en su nivel actual, que es muy elevado para un país sin moneda propia. Salvo una retomada de crecimiento a tasas cercanas al 5% anual, se precisa un largo período de desequilibrios no mayores al 1% a efectos de hacer converger ese ratio a un nivel no mayor al 25 - 30% y ponernos a resguardo de eventuales problemas.

Por último, es interesante ver la recaudación del último año para concluir que estamos atravesando una recesión, no reflejada en la cifra del PIB por la sobre ponderación de las telecomunicaciones. Aun con ésta, en los últimos dos trimestres el PIB está estancado. Así, si tomamos los últimos 12 meses y lo comparamos con los anteriores, en promedio del período, los ingresos por impuestos indirectos (vinculados al consumo) IVA e Imesi aumentan 7,1%, mientras los precios lo hacen al 7,5%. La recaudación de la DGI en total crece 9,2% debido al aumento del IRPF 13,6% y el IASS, 18,6%. Por su parte, la recaudación del BPS aumentó 6% nominal, reflejando la caída en el empleo. Los guarismos son peores aún si se toma el último trimestre. Con inflación de 8,1%, la recaudación de impuestos indirectos crece 4,9%, el IRPF 8,8% y el IASS 21,6%.

Las EE.PP. no muestran mejoría, a excepción de UTE que la transfiere al gobierno central. Ancap, pese al desajuste de su tarifa, sigue mostrando déficit. La inversión sigue siendo variable de ajuste ya que, en todas salvo Antel y OSE (que se mantuvo), aquella ha disminuido.

Para el año que comienza no se esperan cambios en la situación de las FFPP, lo cual nos pone ante una situación de urgencia cuando asuma la nueva administración en 14 meses. Bueno sería actuar desde ya, porque si la inestabilidad internacional renace, 14 meses puede ser demasiado tarde.