ENRIQUE ERMOGLIO

Un balance impositivo del Gobierno

Fin de año es usualmente una época en la que se efectúan distintos balances respecto a las metas alcanzadas y las pendientes para el próximo año.

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IMPACTO. La Vivienda de Interés Social fue un gran paso. Foto: Archivo El País

En este caso, el año terminado hace unos pocos días fue también el último del Gobierno actual y por ello nos pareció interesante hacer un breve balance, no exhaustivo, de los cambios impositivos que se materializaron en este período de gobierno.

A efectos de ordenar el repaso, agruparemos las modificaciones en torno a los temas principales.

IRPF.

Una de las principales modificaciones tributarias introducidas al sistema impositivo se produjo sobre fines del año 2010 con la aprobación del abandono del principio de la fuente en el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que determinó que quedan gravados por este impuesto los rendimientos de capital mobiliario originados en depósitos, préstamos, y en general en toda colocación de capital o de crédito de cualquier naturaleza que provengan de entidades no residentes y que quien los obtenga sea una persona física residente.

Cabe mencionar que este abandono del principio de la fuente, al cual tradicionalmente se ha afiliado nuestra legislación, únicamente es aplicable para el IRPF, manteniéndose incambiado tanto para el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) como para el Impuesto a la Renta de los No Residentes (IRNR), por lo que las modificaciones que estamos comentando únicamente afectarán a las personas físicas residentes (con independencia de su ciudadanía o nacionalidad).

Otro de los cambios que se produjo sobre las mismas fechas fue la extensión de la fuente para el trabajo en el exterior de los residentes uruguayos que trabajen de forma dependiente para un contribuyente de IRAE o de IRPF que, como consecuencia pasa a quedar alcanzado por el IRPF.

En lo que refiere a los viáticos sin rendición de cuentas correspondientes a los días de trabajo fuera del país, comenzaron a estar gravados por IRPF, al igual que para Contribuciones Especiales a la Seguridad Social.

En suma, la empresa no debe distinguir más los días que el trabajador dependiente realizó su tarea en el exterior y los que no, estando gravada toda la remuneración por IRPF. Por este motivo, el gasto pasó a ser deducible en la liquidación de IRAE.

Respecto al trabajo independiente en el exterior, la norma estableció que las rentas obtenidas por "servicios de carácter técnico" prestados desde el exterior fuera de la relación de dependencia, se consideran de fuente uruguaya en tanto se vinculen a la obtención de "rentas comprendidas en el IRAE" por contribuyentes de este impuesto. Los servicios incluidos son los que se llevan a cabo en el ámbito de la gestión, técnica, administración o asesoramiento de todo tipo.

Como resultado, a partir del 1º de enero de 2011, los servicios prestados por un residente en forma independiente en el exterior quedaron gravados por IRPF siempre que cumplan simultáneamente ambas condiciones: ser un servicio de carácter técnico y estar vinculado a la obtención de una renta comprendida en el IRAE.

Un tercer cambio que se produjo durante el presente Gobierno fue el aumento de la tasa máxima del impuesto que pasó del 25% al 30%.

Inversión.

En enero de 2012 el Poder Ejecutivo dictó un Decreto por el cual se modifica el régimen de promoción de inversiones que había sido establecido en el Decreto 455/007.

Las principales modificaciones introducidas por el Decreto 2/012 refieren a la forma en que se evalúan los proyectos y a la forma en que se pueden utilizar los beneficios en el IRAE.

Con relación a la forma de evaluar los proyectos, el principal cambio fue la sustitución de diferentes matrices de objetivos e indicadores según el tamaño del proyecto (pequeño, mediano, grande o de gran significación económica) para pasar a una matriz única de indicadores para todos los proyectos, con excepción de las micro y pequeñas empresas, dentro de ciertos límites.

Asimismo, se modificaron los indicadores y su forma de medición. En muchos casos, estas modificaciones determinaron la posibilidad de acceder a puntajes (y en consecuencia beneficios) inferiores a los que se podían obtener por el régimen anterior.

Respecto a la forma de utilizar los beneficios, el Decreto 455/007 fijaba límites a la exoneración de IRAE que se podía utilizar en cada ejercicio fiscal, dependiendo del plazo otorgado para el uso de la misma. Este límite era decreciente, es decir, en los primeros años del uso del beneficio se permitía descontar más beneficio que en los siguientes (90% en los primeros años y luego decrecía).

En la nueva normativa se establece un único límite para todos los años, que es del 60% del Impuesto.

Otras modificaciones del Decreto de 2012 son la reducción de los márgenes de tolerancia y algunos beneficios adicionales para las micro y pequeñas empresas y para los usuarios de parques industriales.

Vivienda social.

El 17 de agosto de 2011 fue promulgada la Ley 18.795 de Promoción de la Vivienda de Interés Social (VIS), aprobando una serie de medidas tendientes a fomentar el desarrollo de éstas soluciones habitacionales. En tal sentido, se declara de interés nacional la mejora en las condiciones de acceso a la VIS otorgando beneficios tributarios a determinados proyectos que se declaren promovidos; se crea un fondo de garantía de créditos hipotecarios; y se consideran regidos por las normas referentes a la propiedad horizontal los edificios que cumplan con los requisitos establecidos en la ley.

Si bien los beneficios varían según la actividad y destino de la construcción, en forma general incluyen la exoneración de las rentas generadas en la tributación a la renta, una exoneración temporal en el Impuesto al Patrimonio, exoneraciones en el IVA incluyendo en algunos casos créditos fiscales por el IVA incluido en las compras y exoneración en el ITP a la primera enajenación.

Accionistas.

La Ley 18.930 estableció requisitos de presentación de datos a los titulares de títulos al portador, así como también a las entidades que emiten estos valores.

Este régimen exige que los titulares de participaciones patrimoniales al portador informen sus datos identificatorios a las entidades emisoras de los títulos, las que están obligadas a remitir esta información al registro creado en la órbita de la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay (BCU).

Se incluyen en el elenco de los obligados a informar a los cuotapartistas y beneficiarios de fondos de inversión y fideicomisos, y los titulares de participaciones patrimoniales en entidades no residentes que actúen en territorio nacional mediante establecimiento permanente, o radiquen en territorio nacional su sede de dirección efectiva.

También deberán informar quienes ejerzan poderes de administración sobre las participaciones, en tanto tengan facultades que les permitan disponer de ellas como si fueran sus titulares. En los casos de desmembramiento del dominio, deberán informar el usufructuario y el nudo propietario. Quedan excluidas de informar las entidades que emiten títulos de oferta pública y los fideicomisos o fondos de inversión que son regulados por el BCU. Se establecen importantes sanciones para los accionistas y entidades que incumplan con las obligaciones previstas. En nuestra próxima entrega, continuaremos el repaso de las principales modificaciones para finalizar con una evaluación técnica del impacto de estos cambios.

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