OPINIÓN

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En el caso de los indicadores económicos, algunos constituyen “metas” y otros, “pautas”. En el caso de los números fiscales, de deuda e inflación, se trata claramente de metas. En el caso del crecimiento económico, son pautas, supuestos de trabajo. Veamos qué se proponía el gobierno hoy saliente, hace más de cuatro años, con relación a las variables referidas.

En el caso de la inflación, se planteaba como meta llegar una inflación promedio de 5% en 2019. La inflación está hoy (12 meses a septiembre) en 7,8% y sólo habrá estado dentro del rango meta (de entre 3% y 7%) en 13 de los 60 meses del período (o sea el 27% del tiempo). Hay aquí un claro incumplimiento de una de las metas que normalmente los gobiernos tienen como prioridad.

En cuanto al crecimiento de la economía, en la Ley de Presupuesto se asumió una variación acumulada del PIB de 14,6% en los cinco años. En la Rendición de Cuentas del año siguiente esa proyección se redujo al 7,7% y en los dos años siguientes se la corrigió hacia arriba, pero finalmente, en la Rendición de este año, se llegó a la mitad de la estimación inicial (7,2%).

Como vimos, en este caso no se trata de un incumplimiento porque no es una meta, pero sí se trata de un error sobre la conformación del escenario en el cual se desarrollaría el gobierno en el quinquenio. Un supuesto optimista que daba lugar a ciertas expectativas de ingresos fiscales, que dieron lugar a la asignación de ciertos gastos. Luego, el crecimiento no fue tal, los ingresos no resultaron los esperados y para pagar esos gastos hubo que incurrir en un “ajuste fiscal dinámico” o en cuotas a lo largo del período. Pero esto no fue suficiente y el déficit fiscal creció considerablemente.

Precisamente, sobre el déficit fiscal, en el Presupuesto se estableció una serie de metas, decreciente, que terminaría en 2019 con un resultado de -2,5% del PIB. Esas metas jamás se cumplieron y se acerca el final del período con un déficit que dobla a la meta prevista para este año: 5,0% del PIB en los 12 meses a agosto, ajustando por la variación de stocks de Ancap.

Si se comparan los grandes números de 2014 con los últimos disponibles a la fecha referida, se puede comprobar que los ingresos del sector público no financiero (gobierno central más BPS más el resultado primario de las empresas estatales) subió en 0,7% del PIB, mientras que el gasto primario del mismo conjunto subió en 1,6% del PIB. Por lo tanto, el resultado primario empeoró en 0,9 puntos, pasando de un déficit de 0,3% del PIB a uno de 1,2% del PIB. Debe añadirse el aumento de la cuenta de intereses del gobierno central, que sube en 0,7% del producto y llega a 3,0% del PIB. Esto último se debe al continuo aumento de la deuda por razones fiscales y al creciente pago de intereses por el impacto del aumento del tipo de cambio sobre la parte dolarizada de la deuda.

O sea que se plantea un escenario optimista, se comprometen gastos que luego no se pueden pagar y para hacerlo se suben impuestos. Como tampoco esto alcanza, se aumenta el déficit al doble de lo proyectado y se lo financia con deuda. Dicho sea de paso, coadyuvando al atraso cambiario.

Naturalmente, la consecuencia directa del comportamiento fiscal referido es el incumplimiento, también, de las metas sobre la deuda pública, que como vimos hace dos lunes ha venido creciendo desde finales de 2013. En este caso, la meta establecida en el Presupuesto en agosto de 2015, para fines de 2019, era del 37,8% del PIB, en la definición que vimos en la columna anterior: deuda total del sector público menos los activos externos sin reservas y menos los activos con residentes. También vimos entonces que mi estimación para esa fecha es de 44,2% del PIB, con la “yapa” no prevista en 2015 de que se aprobaría la absurda “ley de cincuentones” que devolvería al estado títulos de su deuda. Al fin de este año este monto representará 2,4% del producto, por lo que la meta del presupuesto es comparable con 46,6% del PIB.

Esta dinámica de la deuda, claramente insostenible, no parece que vaya a cambiar en el futuro previsible, a estar por lo que han establecido como políticas los equipos técnicos de los dos candidatos que disputarán el ballotage. Por un lado, se ha planteado que todo lo resolverá el crecimiento económico (como también soñaba Macri en 2015), si bien se dejó la puerta abierta para subir impuestos; en particular se ha hablado de algunos que son tan “tribuneros” como poco recaudadores.
Por el otro lado, se apela a una reducción inmediata del gasto que no es posible en la medida en que, para el primer año, casi todos los dados ya estarán echados el primero de marzo próximo y porque tampoco se prevé acelerar la inflación para licuarlos.

Mientras tanto, las calificadoras esperan noticias y no parece viable que sigan renovando una nota que ya no se merece, sólo basadas en la trayectoria y la institucionalidad que todos le reconocen al país desde tiempo remoto.

En medio de ese panorama, quienes tienen que tomar decisiones para invertir y crecer en los próximos años, seguirán a la espera de señales claras para poder hacerlo.