OPINIÓN

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El trámite parlamentario del presupuesto quinquenal es una etapa cardinal para los destinos del país por razones diversas. Es aquí donde el Ejecutivo expone ante los representantes de la ciudadanía su plan de gobierno, lo cual implica definir sus objetivos, proponer las políticas respectivas y cuantificar los resultados esperados. Sobre este último aspecto, corresponde hacer una salvedad no menor. Es una estimación que a su vez depende de supuestos sobre el comportamiento de variables de índole externo (situación regional y mundial, tasas de interés, valor internacional del dólar) y domésticas, algunas de estas ligadas a temas tan complejos como la toma de decisiones de los empresarios o consumidores. En realidad, en un mundo tan incierto como el actual, podría decirse que proyectar a un año es casi un largo plazo. Plantearlo para un quinquenio, nos acerca a la futurología.

De todos modos, las proyecciones tienen el valor de mostrar cual es el objetivo buscado a través de la propuesta presupuestal. Serán la gestión diaria y las rendiciones de cuentas anuales, las encargadas de llevar adelante las maniobras necesarias para mantener el rumbo propuesto, ante los cambios que vayan presentando los supuestos iniciales que dieron lugar a las proyecciones. Por tanto, por encima de las cuantificaciones numéricas, que tienen una validez relativa, entiendo que lo más importante es mostrar lo que se pretende lograr y estar dispuestos a llevar adelante los correctivos necesarios para lograrlo cuando las circunstancias lo requieran. Ya en la gestión del anterior gobierno, vimos un presupuesto que tuvo más las características de enunciados de un programa de gobierno que de compromisos firmes de cumplir con las propuestas respectivas.

Sin duda que puede haber desvíos por hechos inesperados o errores naturales en las estimaciones, pero no de la magnitud que hubo en materia fiscal y, menos aun, dejándolo en una fase expansiva que comprometía la estabilidad macroeconómica futura. Pues de eso trata precisamente la gestión macroeconómica: estar comprometidos a maniobrar ante circunstancias cambiantes, con el ojo puesto siempre en el rumbo inicial, a pesar que ello implique incurrir en costos políticos con consecuencias electorales adversas.

En ese proceso, al Parlamento le corresponde hacer un tamizado fino de las propuestas del Ejecutivo, que por definición contienen la estrategia de gobierno que laudó la ciudadanía a través de las elecciones. Sin duda, estamos ante una instancia crucial que dio lugar al advenimiento de las democracias modernas, pues su origen radica en cuando se le empezó a exigir al soberano que sometiera su propuesta de gobierno a una forma embrionaria de parlamento integrada por la nobleza. En aquellos tiempos, el tema central era el monto de impuestos y gabelas que pensaba recaudar. Pasados siete siglos de aquellos inicios en la Inglaterra de Juan I (Juan sin tierra) rige hoy el mismo espíritu de controlar al Ejecutivo y sintonizar su propuesta al sentir de la ciudadanía. Es una actividad sumamente importante, pues debe instilar en la propuesta del presupuesto el sentir de la ciudadanía pero filtrando aspectos propios de las emociones o simplemente de la demagogia.

Con esto me quiero enfocar en un hecho que parece accesorio, pero que entiendo no es menor. Me refiero al rechazo inicial en la Cámara de Diputados de aumentar las remuneraciones de los jerarcas de las empresas públicas, totalmente desalineados con las responsabilidades que incurren y la solvencia técnica que deben tener para ocupar esos cargos. El denominador común de los argumentos contrarios se basa en que ante la aprobación de un presupuesto austero en materia de remuneraciones, no se le puede transmitir ese tipo de mensaje a una ciudadanía que ya está afectada por una crisis que implica achatamiento o pérdida de ingresos o está desempleada. A pesar que técnicamente corresponda hacerlo y su impacto fiscal sea imperceptible.

Entiendo que los argumentos no son de recibo. Primero, porque incentiva la selección adversa de ejecutivos encargados de gestionar las empresas más grandes del país. Es una forma de discriminar contra la excelencia, algo que se respeta al máximo en países donde las empresas públicas son un paradigma de excelencia. Por tanto, para no herir un supuesto sentir ciudadano y exponerse a sus consecuencias, se arriesga en incurrir en costos mayúsculos por ineficiencias en la operativa de las empresas públicas, al lesionarse la calidad de su máximo órgano directriz. En los hechos, esos costos quedan diluidos de la percepción pública y parecen fruto de circunstancias diversas y no de la propia gestión. Ancap en su momento fue un caso emblemático.

Segundo, incentiva una suerte de endogamia dentro de la gestión de la propia empresa, pues una forma habitual de burlar la restricción es ponerlas al mando de sus gerentes, que pasan a revistar como directores y que siguen cobrando su remuneración de gerentes (hecho legal) que es sustancialmente más alta que la de sus directores. Hacerlo no es una buena práctica administrativa, pues las empresas necesitan de ejecutivos experimentados, que se comprometan con el devenir de la empresa, que refresquen sus estrategias y no se sientan atados para llevar adelante las reformas necesarias en su funcionamiento.

Por último, el mensaje del Parlamento abre un signo de interrogación en otro punto. Si mostró este tipo de comportamiento ante un hecho urticante relativamente menor pero necesario para los intereses del país, qué se puede esperar entonces de sus decisiones ante temas tan importantes como la aprobación de la reforma de la seguridad social en ciernes. Porque de la calidad y profundidad de esa reforma depende el destino del país en las próximas décadas. En esto, el Parlamento tiene su llave maestra. Por lo cual esperamos que el episodio actual sea un desliz aislado.