Opinión

La semana pasada se discutió en el parlamento el balance del BPS, dada alguna diferencia en los informes que lo acompañan y su aprobación en el Directorio por mayoría, pero no unanimidad.

Sin perjuicio de las observaciones detalladas en el dictamen, que básicamente refieren a aspectos de forma de exposición y su concordancia respecto de las normas contables, lo que no altera el resultado financiero, entiendo relevante mostrar las mismas cifras pero desde el análisis económico, por sus efectos y no meramente contables–legales que, en éste como tantos otros casos, muy poco dicen. La información habla de un déficit (asistencia financiera) de unos US$ 650 millones (1,2% del PIB), pero éstos son una mera ficción contable, la realidad nos dice que la asistencia total es de 7,5% del PIB, un monto sideral. Toda la información que presentaré es oficial (www.bps.gub.uy).

El BPS, más allá de los aportes personales y patronales, tiene impuestos generales "afectados" que, en sus estados financieros y otras partidas asignadas por ley que se consideran "ingresos genuinos". Entonces, al presentar el resultado ese monto no los considera, como debiera, financiamiento de déficit. Ambos conceptos afectados a financiar el BPS sumaron durante el pasado 2017, 4.8% del PIB, unos US$ 2.840 millones. Dentro de éstos los principales son, 7/22 del ingreso por IVA a la tasa básica, una partida asignada cuando se elimina el Cofis, y el IASS, los que totalizan 3,75% del PIB (US$ 2.220). A su vez, existen otros impuestos afectados y obligaciones del BPS que la ley indica deben financiarse desde el Presupuesto General, y también sus Estados Contables los toma como recursos propios, entre las que están pensiones reparatorias, graciables, asignaciones familiares y un sinfín de partidas menores.

Por fuera de lo anterior, debemos computar los aportes patronales de parte del sector público que asume rentas generales, y deben financiarse de alguna manera, como cualquier otra erogación —impuestos que cobra el Gobierno Central o deuda que éste asume— los que suman 1,5% del PIB.

Por tanto, asumir que afectamos impuestos y partidas y, entonces, el déficit "no existe", carece de sentido cuando se analiza, como corresponde, el sector público en su conjunto. Aplica al caso el concepto de la manta corta, el dinero es el mismo, las obligaciones a enfrentar únicas y, por ende, se puede hacer la ficción que queramos, particionar el sector público antojadizamente con el fin de autoengañarnos, pero el déficit total no cambia.

Por último, dentro de la transferencia global —los 7.5% del PIB—, existen erogaciones a activos, netas de ingresos, por 1,5%(*). De donde se infiere que el déficit de pasividades es de 6% (unos US$ 3.550 millones).

Se presentan dos gráficos, el primero muestra la asistencia financiera total al BPS, computando y sin computar los "aportes patronales" que hace rentas generales por los dependientes del sector público incluidos en el Presupuesto Nacional, en tanto el segundo, la evolución de los fondos dedicados a prestaciones a activos sin incluir el Fonasa (ni, previo a la existencia del SNIS, la cuota mutual de Disse) netos de aportes para su financiamiento.

Las cifras son claras, la asistencia financiera está en niveles superiores a los previos a la reforma de 1995, y sólo son inferiores a las de 2001 y 2002, e iguales al 2003, cuando los problemas que enfrentó el país provocaron una fenomenal reducción de los ingresos de la población y, con ello, del sector público. Lo cierto es que la reforma del 95 ponía las cosas en su lugar por un largo período de tiempo. El gráfico muestra la mejora continua de las finanzas hasta el 2007. Luego, pese a la "contrarreforma", las cosas no empeoran debido al fuerte crecimiento económico que aumentó la cantidad de cotizantes a ritmo elevado. Apenas el crecimiento se moderó y cesó por algún tiempo, las piedras afloraron y el déficit se dispara. Con base en 2007, a fines de 2016 se pagaban 79.000 pasividades más, cuyo costo ronda 1,2% del PIB. Si tenemos en cuenta que el número de pasivos debería haber continuado disminuyendo, una razonable estimación nos dice que hoy se está pagando por este concepto alrededor de 1,5% del PIB más de lo razonable. A su vez, las erogaciones a los activos también crecen en 0,6% del PIB, donde los subsidios por enfermedad explican la mitad del aumento. Es decir, se puede decir sin temor a cometer un error grosero que hoy el déficit, y por tanto la asistencia financiera al BPS, es 2 puntos del PIB superior a la que deberíamos tener, unos US$ 1.200 millones por año. A esto, le agregamos la "ley de cincuentones" que implica una costosa transferencia indebida a cierto grupo de la población, aun por fuera de la cuenta.

Las conclusiones sobre lo que hay que hacer no hace falta decirlas. Hay que empezar ya; cada mes que pasa, solo agrava el tenor de las medidas que se deberán tomar más adelante.

(*) Subsidio de desempleo, subsidios de salud (excluyendo la cuota Fonasa), asignaciones familiares, subsidio de maternidad y otras menores.