OPINIÓN
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Una de las características positivas de Uruguay es la calidad de sus instituciones y la permanencia de sus políticas públicas. Una y otra son caras complementarias de nuestro cuerpo social que nos ha permitido navegar en un mundo de complejidad creciente y recuperarnos rápidamente de episodios de crisis.

Su referencia es el pleno funcionamiento de las instituciones democráticas como su pilar básico e irremplazable, de lo cual se deriva que rigen el pleno ejercicio de la Constitución y la Ley.

En otro orden de cosas, también es muy importante la consolidación de políticas que mejoran la gestión de la macroeconomía y el bienestar social. Basta pensar que en nuestro país rige desde hace más de cuatro décadas —de manera incuestionada— un mercado libre de cambios, lo cual implica libertad plena en la entrada y salidas de capitales. Esa postura trasvasó situaciones de crisis extrema como la de principio de siglo, para darnos cuenta de su enraizamiento.

Algo similar puede decirse de la inflación, que una vez que cayó por debajo del 10% en la segunda mitad de los `90, se ha convertido en un desvelo para toda la sociedad, no superar ese techo.

Podríamos mencionar la aceptación de la política de apertura comercial como palanca irremplazable de un modelo de crecimiento basado en las exportaciones, como también la profundización de políticas sociales que van desde los seguros de desempleo, transferencias paliativas de la pobreza hasta el sistema de seguridad social con amplia cobertura. A eso podemos agregar los debates y las políticas sobre cómo mejorar los resultados del sistema educativo. O la importancia de un sistema sanitario construido a lo largo de décadas, que muestra su valía en los momentos actuales.

Todo eso se deviene en un funcionamiento de la sociedad que nos diferencia de realidades cercanas. Que nos fortalece para enfrentar las adversidades, que disminuye sus penurias consecuentes y que nos fortalece para proyectarnos hacia delante.

Pero quedan temas importantes no resueltos. El problema de la vivienda es una de las asignaturas pendientes de larga data, que se viene acentuando, que no se pudo revertir a pesar de la bonanza de la última década.

La expansión de los asentamientos es su cara más visible, que no se merecen los compatriotas que allí residen. En escala parecida la proliferación de viviendas informales como sucedáneos para no caer en la realidad del asentamiento, con precios exorbitantes para la calidad de lo que se ofrece como solución habitacional.

Son una realidad de los que caen en la pobreza por razones circunstanciales o ligadas a una pérdida permanente de ingresos. Cualesquiera sean las circunstancias, los efectos negativos sobre los afectados directos y el tejido social son los mismos. Solucionar este problema es aumentar la eficiencia del resto de las políticas sociales para erradicar la pobreza. Pues para todo humano, la vivienda es la madriguera ancestral, que le permite protegerse y proyectarse en la vida.

Y en eso venimos fallando por circunstancias diversas. No porque hubo indiferencia o no se hubiesen hecho intentos. Pero la mayoría fueron fallidos o insuficientes. También hay experiencias buenas (Mevir) que por su modalidad no tienen la envergadura suficiente.

Solamente para llamar al debate sobre el tema, conviene señalar algunas de sus restricciones. Una primera es la falta de líneas de crédito a largo plazo. Estamos hablando de 30 o 40 años, de manera tal que la cuota para comprar una vivienda sea igual o menor que la de un alquiler. Quizás el propietario, a lo largo de su ciclo vital, con sus pagos solo cubra los intereses y amortice algo del capital. Pero al ser propietario le da la seguridad del techo propio, incentiva el cuidado de la propiedad y la calidad de vida del barrio. Y por ende, el mejoramiento de indicadores como la baja de criminalidad, la calidad educativa y sanitaria. Es aquí donde se deben explorar opciones de financiamiento. Sabemos que hubo alternativas fallidas en el pasado, que no pueden desestimular el intento. Sin duda que la participación del Estado es indispensable a través de modalidades diversas como garantías o subsidios en el pago de las cuotas para incluir a los deciles más pobres y empujar al sector privado, incluyendo las AFAP en el financiamiento.

Sin duda tenemos un tema de costos. Los métodos constructivos tradicionales son caros por razones diversas. Las regulaciones impiden o desestimulan la utilización de alternativas constructivas de uso común en el mundo, pero de adopción limitada en Uruguay. La revisión de los impedimentos existentes es tarea urgente.

Algo similar ocurre con impuestos a la seguridad social calculados sobre fictos de cantidad de horas mínimas laborales por metro cuadrado construido. También existen estándares municipales que deben revisarse urgentemente por limitar el uso de modos de construcción alternativos

Por último, la estrategia para resolver el problema de la vivienda tanto a nivel nacional o municipal, en particular la destinada a los deciles más pobres de la población, debe aunarse con el resto de las políticas sociales en curso. Se observa que hay una dispersión de esfuerzos que diluyen sus resultados. Con la dinámica actual lo que se logra es consolidar los asentamientos. Luego de creados se le dan los servicios mínimos (insuficientes), en lo posible se les acerca o mejora el acceso a un centro educativo, quizás algo de pavimento y casi nunca saneamiento. Y sobrevolando aumento de inseguridad.

La LUC contiene artículos que van en la dirección correcta para mitigar el problema. Pero es en la letra chica de la reglamentación y en el agregado de temas fuera de su jurisdicción, donde también se debe actuar.