FRANCISCO ROSENDE

Un largo y ardiente verano en Chile

Ha llamado la atención las altas temperaturas que se registraron en Chile durante el verano, lo que en el contexto de una prolongada sequía alimentó una serie de episodios de incendios forestales de cierta gravedad.

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Las críticas también caen sobre el gobierno de Bachelet.

Esta ola de calor continuó durante el mes de marzo, prolongando así la temporada veraniega. No obstante, lo que ha llamado la atención de la opinión pública local y también de los observadores externos no ha sido la temperatura ambiente, sino la que marca el debate político interno. De hecho, desde hace varias décadas que no se registraba una sensación de crisis político-institucional tan profunda como extendida en el país. A ello se añade una economía prácticamente estancada, donde los índices de expectativas empresariales se mantienen en el terreno negativo.

Un análisis cuidadoso de la realidad chilena actual requiere separar los diferentes elementos que le dan forma. Comencemos por la crisis político-institucional. Esta se inicia cuando el Servicios de Impuestos Internos (SII) denuncia que un conglomerado económico —conocido como el "Grupo Penta"— habría realizado aportes ilegales a las campañas de algunos candidatos de un partido de oposición (la Unión Demócrata Independiente). Ello a través de la simulación de contratos de prestación de servicios con empresas relacionadas a candidatos de dicho partido, las que emitían como contrapartida boletas de honorarios que luego Penta utilizaba para abultar sus gastos y reducir así el pago de impuestos.

Frente a este escenario, los partidos de la coalición gobernante y la prensa afín a este, cuestionaron duramente el comportamiento empresarial, planteando además que aquellos parlamentarios en ejercicio que hubieran recibido recursos a través del mencionado esquema debían dejar el cargo. Ello al margen de las otras sanciones que les pudiera corresponder.

Culpa extendida.

No pasaron muchas semanas para que la investigación del propio SII y de los organismos judiciales comenzara a confirmar lo que era un secreto a voces en todo Santiago. El mencionado sistema de financiamiento electoral estaba ampliamente extendido y su uso no se restringía a un partido en particular. Así, en las últimas semanas la mirada ha estado puesta en la empresa SQM, donde se encontraron boletas de prestación de servicios de empresas relacionadas a personas vinculadas a los partidos de la coalición gobernante.

Como aún no ha concluido la investigación, la pregunta generalizada es: ¿hasta dónde llega esto?

Resulta legítimo preguntarse por qué el SII no reaccionó tempranamente frente a aquellas boletas de prestación de servicios que merecían dudas en términos de su relación con el giro de la empresa que las utilizaba para justificar gastos y así, descontar impuestos.

En el contexto actual me parece que caben esencialmente dos alternativas: una, que este bullicioso proceso de búsqueda de empresas relacionadas a las candidaturas políticas se prolonga, con un creciente desprestigio del Parlamento, los partidos y el gobierno. La restante, que el propio gobierno ordena este ejercicio, en términos de reconocer la extensión de la mencionada práctica, revisar los sistemas de financiamiento de la política y advertir cuáles son los límites de las sanciones envueltas, las que no incluyen la sanciones draconianas que ciertos sectores propugnan, sino que se encuentran establecidas en el mismo Código Tributario y se refieren esencialmente a multas en proporción a los recursos envueltos.

No es corrupción.

Desde mi perspectiva, el problema político-institucional que aqueja actualmente a la sociedad chilena no corresponde a un cuadro de corrupción como han señalado algunos analistas, en tanto no se observa a parlamentarios y/o dirigentes políticos usando prácticas ilegales de enriquecimiento, sino que refleja las debilidades del sistema de financiamiento de la política.

La prolongación de este cuadro sólo puede dañar más la institucionalidad económica y política chilena, lo que sería grave. Una ilustración elocuente del ambiente actual lo muestra la última encuesta de opinión pública que realiza la empresa Adimark, la que se dio a conocer el 1° de abril pasado. Ésta arrojó una tasa de rechazo de 61% a la Presidente Bachelet, la más alta desde que asumió el gobierno en marzo del 2014; para la coalición gobernante esta tasa de rechazo alcanzó a un 63% mientras que para la oposición llegó a 74%. (Cabe hacer presente que cuando se tomó esta encuesta sólo había dirigentes de oposición cuestionados por el uso de prácticas ilegales de financiamiento de sus campañas).

El lado económico.

En su reciente Informe de Política Monetaria, el Banco Central mantuvo una proyección de crecimiento del PIB para el presente año dentro de un rango de 2,5/3,5%. Sin embargo, revisó al alza su estimación de la inflación, desde un 2,8% a un 3,6%. La explicación para dicho ajuste es un mayor coeficiente de traspaso a precios del aumento experimentado por el tipo de cambio en los últimos doce meses. Esta devaluación ha sido cercana a 11% entre marzo del año pasado e igual mes del presente año. Dado esta realidad, el instituto emisor ha dejado la puerta abierta a un alza de la tasa de política monetaria en la segunda parte del año, en tanto no se materialice una convergencia de la inflación hacia el rango-meta de 2 a 4%. Cabe hacer presente que la aplicación de un manejo monetario expansivo junto con un fuerte crecimiento del gasto público —del orden de 9% en 12 meses— han ayudado a contener el deterioro del dinamismo de la actividad económica que se observa desde fines del año 2013.

Cabe recordar que este deterioro del ambiente económico se inicia con una fuerte reforma tributaria, apuntada a elevar la carga en 3 puntos del PIB. Esto se tradujo en una reforma que ocasionó un importante daño en la inversión y el ahorro de las empresas, tal como habían anticipado numerosos analistas. A dicha reforma tributaria se añade una reforma laboral, actualmente en trámite legislativo, la que apunta a fortalecer el rol de los sindicatos en las negociaciones salariales. Esta reforma es particularmente delicada considerando que en Chile cerca del 70% de la ocupación lo generan las empresas pequeñas y medianas, las tienen una menor capacidad para resistir las consecuencias financieras de los períodos de huelga. Por otro lado, parece evidente que una reforma laboral que fortalece los derechos de los sindicatos será difícil de modificar en el futuro, aun cuando esta conlleve importantes costos para muchos trabajadores. La aprobación de esta iniciativa sólo contribuirá a exacerbar la pérdida de dinamismo y el deterioro de las expectativas en la economía chilena.

Perspectivas.

En este contexto el Ministro de Hacienda ha manifestado su satisfacción, puesto que la tasa de crecimiento del PIB para el presente año llegaría —a su juicio— a un nivel cercano al 3%, superando así el exiguo crecimiento de 1,9% del año pasado. No es improbable que se cumpla la proyección del Ministro, aunque esta refleja una ambición muy modesta para una economía que ha dado muestras de su capacidad de respuesta a las buenas políticas.

La perspectiva de un inminente proceso de normalización de la política monetaria de los Estados Unidos anticipa un período de dólar "fuerte", débiles precios de las materias primas y exiguos flujos de capital hacia las economías emergentes.

Este cuadro, que habitualmente sería una mala noticia para una economía como la chilena, permite alentar la esperanza de que las malas políticas no podrán ser "escondidas" debajo de una bonanza de recursos externos, y más pronto que tarde, la economía chilena deberá llevar a cabo las correcciones que la pondrán de vuelta en la ruta al desarrollo.

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