OPINIÓN

"Es muy importante llegar a aquel 2,5% del PIB cuanto antes, lo que implica un ajuste de casi un punto y medio del PIB, unos mil millones de dólares". 

El déficit fiscal del año pasado, según difundió el Ministerio de Economía y Finanzas a fines de enero, fue de 4,0% del PIB. Hay que remontarse hasta 1989 para encontrar uno más alto y en aquella oportunidad, para poner la casa en orden debió realizarse un ajuste fiscal del orden de ocho puntos del PIB, ya que al déficit “heredado” hubo que sumarle el financiamiento de la reforma del régimen de ajuste de las pasividades, que costaba otros dos puntos del producto, con inflación constante. Si además del déficit fiscal, se considera el parafiscal, hubo un año peor en oportunidad de la gran crisis de 2002.

En realidad, la situación fiscal es peor de lo que dice ese 4% del PIB. El año pasado, se registraron como ingresos fondos que estaban en el FEE (Fondo de Estabilización Energética) por 0,2% del PIB y además hubo una reducción del stock de Ancap por otro 0,2% del producto. Resta conocer qué ocurrió con el sub costo de generación eléctrica, pero todo hace suponer que el déficit ajustado por estos factores extraordinarios se habrá ubicado en las inmediaciones de 4,5% del PIB.

Viene al caso recordar que, en las bases del presupuesto quinquenal de 2015, desde el MEF se proyectaba para el año 2018 un déficit de 2,7% del PIB. Y a pesar que desde entonces se aumentaron reiteradamente los impuestos, la resignación ante gastos mal llamados endógenos dio lugar a la situación que hoy comentamos, tras un incumplimiento serial de todas las metas fiscales que se fueron anunciando.

La magnitud del tamaño del sector público ha alcanzado su máximo histórico: el gasto primario del sector público no financiero fue el año pasado de algo más de 30% del PIB, los pagos de intereses del sector público sumaron 3,4% del producto bruto y el gasto de los gobiernos departamentales supera los tres puntos del producto, lo que nos acerca a un gasto público total de 37% del PIB.

Mucho se habla de la contribución de las empresas estatales a las finanzas públicas. Y, más allá de los impuestos que pagan como cualquier empresa, y del Imesi en el caso de los combustibles, el “aporte” de estas entidades no es tan significativo si se lo compara con lo que debería ser la remuneración al accionista, por el capital allí invertido.

Si consideramos las tres más grandes, el año pasado Antel aportó dividendos al MEF por US$ 114 millones y UTE lo hizo por US$ 335 millones. Nada aportó Ancap. Antel quedó con un remanente de 14 millones tras ese aporte, mientras que UTE quedó en rojo en 151 millones. Y Ancap, a pesar de su capitalización y de ajustes varios, sigue en rojo y el año pasado quedó en -63 millones si se descuenta el efecto financiero transitorio de la reducción de stocks. Todos estos números son del MEF y corresponden a criterios fiscales, no contables.

Sin contar los aportes de dividendos al MEF, el resultado primario del gobierno se ubica en -1,1% del PIB y el de las empresas estatales, en +0,7% del producto bruto. El gobierno está 0,7 puntos peor que en 2014 y las empresas 0,6% mejor, lo que se explica más que totalmente por menores inversiones (que “volaban” fuera de control en 2014): en 2018 las inversiones de estas tres empresas fueron inferiores a las de 2014 en US$ 555 millones.

"Es muy importante llegar a aquel 2,5% del PIB cuanto antes, lo que implica un ajuste de casi un punto y medio del PIB, unos mil millones de dólares".

Javier de HaedoEconomista

El sucesivo incumplimiento de la meta fiscal de -2,5% del PIB y su permanente postergación debe encontrar su fin más temprano que tarde, pues su contrapartida es el aumento de la deuda pública en términos del producto, que en algún momento va a alcanzar su límite (el que no es estático sino dinámico, puede subir o bajar).

La meta fiscal de -2,5% del PIB es la adecuada. Y eso se debe a que una fracción significativa del déficit se financia con inflación. Una parte de esto es el tradicional impuesto inflacionario que surge del aumento nominal de la base monetaria.

Esto representó 0,4% del PIB en 2018. Y otra parte, bastante más importante, es el componente inflacionario de los intereses nominales en moneda nacional que paga el sector público, tanto el BCU por sus LRM como el gobierno por sus emisiones locales y globales en pesos.

En realidad, ese componente inflacionario no es “intereses reales” sino que es la reposición de la amortización de capital real que produce la inflación. Mis cuentas dan para este componente 1,4% del PIB en 2018. Dicho sea de paso, si la inflación cumpliera la meta de 5% (también incumplida casi permanentemente), la suma de ambos componentes inflacionarios sería de 1,2% del PIB.

Con un déficit fiscal en 2,5% y cumpliéndose la meta de inflación, entonces, la mitad del déficit tendría ese financiamiento inflacionario y la otra mitad se financiaría con deuda sin que ella subiera en términos del PIB (con una tasa de crecimiento a largo plazo de 3% sobre la actual deuda neta, en 40% del PIB).

Entonces, es muy importante llegar a aquel 2,5% del PIB cuanto antes. Lo que implica un ajuste de casi un punto y medio del PIB, unos mil millones de dólares, para cubrir la brecha con el déficit fiscal “estructural” que se ubica hoy en el eje de 4% del producto (déficit ajustado por el ciclo económico además de por los factores extraordinarios referidos antes).

Ante esta situación cabe recordar, una vez más, que los ajustes pendientes tarde o temprano se hacen y que su diseño, si no lo hace el gobierno, lo impone la realidad.