OPINIÓN

Hoy varios países de la región tienen una crisis de endeudamiento. Venezuela, de índole terminal y otros yendo hacia situaciones extremas que deben revertirse rápidamente.

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Hace 30 años se puso en marcha el primer mecanismo de resolución de la deuda de los países emergentes a escala global. Conocido como el Plan Brady, tomó el nombre de su creador, en aquel entonces Secretario del Tesoro de Estados Unidos.

Los años 80, nominados como la década perdida de América Latina, la encontró sumida en altos niveles de endeudamiento contratados con tasas de interés variables. A esto se llegó a través del financiamiento de altos déficit fiscales y la fuerte demanda de crédito del sector privado. Esto último fue canalizado a través de la banca local, la cual se fondeaba con líneas de crédito externas. La liquidez extraordinaria en manos de los países exportadores de petróleo agrupados en la OPEP, fue uno de los caudales principales de ese financiamiento. La banca internacional resultó ser el intermediario de un boom financiero donde todos participaban con efusividad.

Esto ocurrió hasta que las presiones inflacionarias en EE.UU. obligaron a la Reserva Federal a fines de los años 70 a una política monetaria contractiva severa, que llevó las tasas de interés de referencia a niveles inéditos (16%). Como era esperable, le siguió una recesión global con caída de precios de las materias primas, entre ellas el petróleo. Para las economías emergentes, esto implicó la reversión del financiamiento externo, su encarecimiento -pues en general estaba contratado a tasa variable Libor- y jaquear a la banca doméstica sobre expuesta en créditos, muchos en moneda local, de cobrabilidad dudosa, financiados con líneas de corresponsales externos.

Estos sucesos condujeron a crisis de balanza de pagos, devaluaciones de gran envergadura que profundizaron la recesión y al rescate con recursos públicos del sistema financiero local, técnicamente quebrado. México abrió la marcha en 1982, anunciando la cesación de pagos de su endeudamiento. Tiempo después, Brasil, Argentina, Perú y Venezuela siguieron sus pasos, en tanto otros como Uruguay continuaron cumpliendo sus pagos a costa de frenar su crecimiento.

A ese desenlace se llegó con responsabilidades compartidas. Por un lado, la displicencia de la banca internacional, intermediando ansiosamente recursos inesperados, demandados vorazmente por países hambrientos de financiamiento. A su vez, los países expandieron su gasto doméstico a través del financiamiento externo, hecho facilitado por la apertura reciente de su cuenta de capital de la balanza de pagos, sin entender bien sus implicancias macroeconómicas, y los riesgos potenciales asumidos ante un cambio de humor en los mercados financieros.

Junto a una crisis de endeudamiento ya endémica que envolvía a toda la región, había más de 1000 instituciones financieras internacionales comprometidas, lo que podía llevar al colapso del sistema financiero mundial. Conviene recordar que bancos norteamericanos y europeos de envergadura tenían una alta exposición a créditos incobrables de países emergentes.

El Plan Brady tuvo como propósito resolver ambos problemas. Por un lado, rebajar el peso del endeudamiento que afectaba a los países emergentes y por otro restaurar la solvencia de la banca internacional. El plan proponía canjear la deuda por bonos a largo plazo, con un colateral que aseguraba su pago al vencimiento (30 años) y el de los intereses por 18 meses. También se podía recomprar deuda a la cotización del mercado secundario. Y los bancos que no participaban en ninguno de esos mecanismos, debían aportar una línea de crédito de largo plazo, por un monto proporcional al crédito ya otorgado al país en cuestión. En paralelo, el regulador le mejoraba la calificación al banco participante en el canje, pues asumía que los nuevos bonos tenían mejor calidad crediticia. En definitiva, el mecanismo articuló una solución armoniosa entre las partes sin costos mayores para los contribuyentes y que prácticamente eliminó el problema siempre presente de aquellos que no participando, quieren sacar ventaja de la mejora de la capacidad de pagos del deudor (free raiders). Casi toda la región adoptó ese mecanismo para resolver sus problemas de endeudamiento. Uruguay comenzó a negociar en agosto de 1989 finalizando en febrero de 1991. Recompró casi un tercio de su deuda a 56 centavos por dólar de valor nominal, otro tanto lo canjeó en Bonos Brady y el saldo lo refinanció a largo plazo obteniendo además liquidez adicional. La operación implicó un ahorro equivalente al 35% de su endeudamiento en términos de Valor Presente.

A partir de su instrumentación, se entró en una nueva etapa donde los bancos internacionales abandonaron su condición de prestamistas, dando lugar hasta hoy al financiamiento a través de bonos adquiridos directamente por los ahorristas.

Este episodio quedará en la historia económica como uno de los mecanismos exitosos de coordinación a escala global, de resolución de crisis de endeudamiento externo.

De ahí en más, episodios siguientes de crisis similares se fueron resolviendo al descampado, entre visiones poderosas diferentes que dificultan o dilatan los acuerdos entre deudores y acreedores. Uruguay y su crisis de endeudamiento resuelta en 2003 es un claro ejemplo.

Hoy varios países de la región están con una crisis de endeudamiento. Uno de índole terminal (Venezuela) y otros yendo hacia situaciones extremas que deben revertirse rápidamente.

Y en esto aparecen dos complicaciones adicionales. Primero, no existe un mecanismo pre establecido de resolución de endeudamiento, salvo ideas generales de negociación entre las partes donde aun no está bien resuelto el problema de los no participantes (free raiders). Más una cuando se trata de bonos emitidos en jurisdicciones y monedas diferentes.

Además, complicando ese panorama en algunos países aparecen como acreedores importantes Rusia y China, que buscarán siempre proteger sus derechos.