JAVIER DE HAEDO

El déficit fiscal pasó, entre 2016 y los 12 meses cerrados en agosto, del 3,9 al 3,3% del PIB.

El déficit fiscal pasó, entre 2016 y los 12 meses cerrados en agosto, del 3,9 al 3,3% del PIB. La mejoría se reduce a la mitad si se tiene en cuenta que, como consecuencia del cierre transitorio de la refinería, Ancap ha reducido en 0,3 puntos del PIB el stock de petróleo y derivados, dando lugar a una mejoría en su resultado desde el punto de vista fiscal.

Demasiado poco lo que se ha mejorado, para el impacto que está teniendo el aumento del IRPF que apunta a 0,7 puntos del PIB en términos anuales. Ocurre que, en la otra mano, tenemos el impacto adverso sobre las cuentas públicas de la desaceleración de la inflación, que hace crecer a los ingresos bastante menos de lo que crecen los gastos, en su mayoría indizados y con aumentos que tuvieron en cuenta la inflación del año pasado, considerablemente mayor a la actual.

En principio, este mismo panorama debería seguir presente en los próximos meses, hasta que cese (en enero) el efecto "escalón" del aumento del IRPF y la inflación se estabilice en términos interanuales. Por lo que, de aquí a fin de año, cabe esperar que el déficit tienda al 3,5% del producto, cuando vuelva a operar la refinería.

Pero más allá de eso, hay factores que constituyen amenazas que ponen en riesgo el cumplimiento de la meta de 2,5% del PIB que fue establecida por el MEF para 2019, que se ha mantenido a pesar de que los déficit de los años anteriores han venido siendo mayores a los planteados en el presupuesto en 2015 (para el año pasado se proyectaba un déficit de 3,1% y para este de 2,9%). ¿Cuáles son esas amenazas?

Una, lo que sucederá el primero de enero próximo con el balance entre tarifas y salarios públicos (ni hablemos de las pasividades, que vuelan a otra altura). Por un lado, los salarios recibirán un aumento general por la inflación pasada más los aumentos individuales dispuestos por las leyes de presupuesto y rendición de cuentas que entren en vigencia en esa fecha y que promediarán algún punto más. Por otro lado, las tarifas de las empresas estatales subirán en promedio menos que la inflación pasada, si nos atenemos a declaraciones de funcionarios. Es notorio que hay casos en los que las tarifas han estado exageradamente altas para allegar recursos a la Tesorería y que los "tiempos políticos" parecen apuntar a que esa situación deba ser atenuada.

Dos, la rendición de cuentas del año 2017 que se procesará en el Parlamento en el segundo semestre del año que viene. Este año el MEF "la sacó barata" y el presupuesto se aprobó con supuestos de crecimiento que quedarán "cortos" (2% este año y 2,5% el próximo). Pero cuando se reabra la discusión en 2018, tendremos sobre la mesa un crecimiento mayor al 3% en 2017 y proyecciones también mayores a 3% para 2018, por lo que se habrá generado un nuevo "espacio fiscal adicional". Parece difícil que el MEF pueda resistir entonces la presión de las bancadas parlamentarias del gobierno a que esos recursos imprevistos se vuelquen al cumplimiento de promesas electorales.

Tres, el crecimiento de la inversión pública en el camino hacia las elecciones. En los últimos dos años electorales, la inversión pública fue de 3,3% del PIB y a esta misma altura en dichos gobiernos se estaba por debajo de ese nivel: 2,5 puntos en agosto de 2007 y 3,1 en agosto de 2012. Ahora, en los 12 meses a agosto de 2017 la inversión pública alcanzó a 2,3% del PIB por lo que, de volverse al nivel de los últimos años electorales, habrá de subir en un punto del PIB. Sin embargo, una parte importante de la inversión pública se realiza ahora por fuera del presupuesto y de los números fiscales, mediante PPP. En estos casos, no se registra la inversión inicial y el flujo de intereses de la deuda que la financia, como sucede en los casos tradicionales de inversión pública, sino un flujo de gastos presupuestales durante la vigencia de la concesión. Por lo tanto, es probable que esta vez la inversión pública registrada en las cuentas fiscales no suba tanto como en períodos pre electorales anteriores.

Cuatro, como caso particular de lo referido en el párrafo anterior, están las inversiones a ser realizadas por el sector público para apoyar la inversión privada de la empresa UPM. Se ha manejado una cifra de US$ 1.000 millones, la que podrá tener mayor o menor impacto fiscal según se realice mediante PPP y según desplace o no la realización de otras inversiones públicas. Dicho sea de paso, en los dos casos anteriores de grandes emprendimientos en la misma industria, hubo inversiones públicas en infraestructura considerablemente menores a la cifra que ahora se maneja, por lo que sería deseable conocer el "balance fiscal" de este proyecto privado y la justificación de semejante aporte desde el sector público.

Quinto, si bien lo más probable es que en los próximos dos años tengamos más de lo mismo de lo que venimos teniendo en el escenario externo, no deja de ser una eventual amenaza un cambio en ese escenario, que vuelva más difícil mantener nuestra adicción al endeudamiento público como forma de evitar los ajustes que se siguen postergando desde hace años.

Un deterioro de ese escenario agravaría nuestro desbalance fiscal y al mismo tiempo volvería más oneroso su financiamiento.