OPINIÓN

ALUR viene haciendo titulares por causas diversas en su mayoria basadas en cuestiones relacionadas al comportamiento de algunos de sus jerarcas. 

El cariz de esos episodios ha concentrado con razón la atención de la opinión pública, pues exponen comportamientos reñidos con la buena administración y la moral.

Esa realidad penosa actúa como pantalla que oculta de la opinión pública de cuáles son los costos sociales que aplica ALUR sobre el funcionamiento global de la economia.

El proyecto lanzado con bombos y platillos por la primera administración frentista de la mano de Ancap, surgió de la refundación de la vieja empresa ubicada en las cercanías de Bella Unión que sobrevivía a duras penas a puro subsidio. Una historia de larga data, fruto de la política de sustitución de importaciones de mediados del siglo pasado, que dio lugar a que un inversor norteamericano decidiera instalar un ingenio azucarero en ese confín del país usando la caña como materia prima. Ahí comenzo un proceso donde el subsidio estatal fue y es una constante para su supervivencia. Su justificación, suponemos, fue apoyar una política regional de protección de soberanía. También originó un movimiento politico que luego dio origen a los Tupamaros. Desde su creación, la sociedad ha volcado enormes cantidades de recursos a través de subsidios, entre ellos los precios del azúcar por encima de su valor internacional gracias a politicas de precios sostén, cuotas y aranceles. Incluso durante la dictadura militar viendo las limitaciones del modelo azucarero, intentó un proceso de diversificación agrícola basado en el cooperativismo que incluía la viticultura, y la producción de vegetales congelados que tampoco dio los resultados esperados.

Sobre esa realidad, se decidió redoblar la apuesta. Crear bajo el alero de Ancap otro monopolio con el cometido de producir alcohol y también biocombustibles. Con el aditamento que Ancap tiene la obligación de agregar una cantidad mínima de alcohol a las naftas, y de biocombustibles a al diesel. Suponemos que sus mentores, el Ministerio de Industrias y Energía y las autoridades de Ancap de la época, entendieron (erróneamente) que con esto mataban varios pájaros con un solo tiro. Es decir, podían lograr la escala de un complejo industrial rentable al asegurar un cliente de envergadura, generar empleo, incentivar cultivos de oleaginosos y además desarrollar política regional. Sin duda, un combo perfecto que dejaba de lado el precio de venta de lo producido. En pocas palabras, una forma ingeniosa de transferir recursos de la sociedad a través del precio de los combustibles a una entidad que no tiene ningún incentivo en reducir costos, pues siempre tiene la posibilidad de vender a un precio que le cierre las cuentas. También de que su empresa madre, le financie sus inversiones las cuales no son sometidas a la prueba acida de la rentabilidad social. Ya no hablamos de la financiera, sino de la que incluye otros aspectos como la generación de empleo en áreas deprimidas. Así fue desde sus inicios, y lo sigue siendo hasta ahora. El precio de venta de sus productos bandera, alcohol y biodiesel, está por fuera de cualquier norma internacional, máxime cuando sus competidores regionales son abanderados mundiales en la producción de ambos.

Recientemente, la Presidenta de Ancap Ing. Jara ha señalado que una de las causas del elevado costo de los combustibles es la obligación de incluir esos ingredientes provenientes de ALUR.

La pregunta a respondernos como sociedad es si estamos dispuestos a aceptar esta realidad. Es de suponer que cuando se legisló en la materia no se pensó en estas consecuencias. Peor aún, cuando sabiéndolo se le fue escabullendo a la opinión pública la situación verdadera. Y de saberlo, se hubiera opuesto decididamente. En los hechos, se legisló un subsidio abierto a ALUR vía la fijación administrativa del precio de sus productos que eleva el precio de los combustibles. Se puede decir que esto debe integrarse en los anales de la creatividad administrativa de los monopolios publicos.

Cada cual deberá asumir las responsabilidades pertinentes de una estrategia que bajo estos parámetros no tiene futuro, salvo que se quiera perpetuar un daño permanente que no nos merecemos. Sin duda estamos frente a un problema que se debe resolver con serenidad pero que no admite demora.

Reconozco que es un tema sin gancho electoral por las dificultades que acarrea su resolución. Pero que nos pega en el bolsillo diariamente. También nos interroga en nuestro de inteligencia como sociedad, cuando permitimos la permanencia de un daño auto infligido fácil de cuantificar.