EL PAÍS LOGRA BUENA PUNTUACIÓN EN LA EXISTENCIA DE CUENTAS BANCARIAS SIMPLIFICADAS PARA LAS PERSONAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS

Altibajos de la inclusión financiera en Uruguay

BBVA Research elaboró un índice de calidad regulatoria para mejorar la inclusión financiera (*), a efectos de evaluar y comparar la calidad de las normas y regulaciones en una muestra de ocho países latinoamericanos.

Lucía Pacheco. Foto: Archivo
Lucía Pacheco. Foto: Archivo

Las autoras del trabajo son Liliana Rojas-Suárez, del Centro para el Desarrollo Global, y Lucía Pacheco, de BBVA Research y el respaldo de los equipos de BBVA en cada país analizado.

El índice incluye once prácticas regulatorias clasificadas en tres categorías: aquellas que determinan la calidad global del entorno financiero en el que operan los proveedores de servicios financieros que satisfacen las necesidades de las personas más pobres (facilitadores); aquellas que abordan tipos específicos de fallos de mercado y regulan el suministro y prestación de productos y servicios financieros específicos (promotores) para grandes segmentos de la población; y aquellas que, aunque involuntariamente, crean distorsiones y barreras que afectan de manera negativa a la inclusión financiera (obstaculizadores).

Lucía Pacheco, de BBVA Research, comentó que entre los países que se incluyen en la muestra, Perú se situaba, en 2017 en la primera posición de este índice, seguido de cerca por México. A su vez, Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay obtuvieron resultados mediocres, si bien los resultados individuales de estos países exhibían importantes diferencias. Argentina y Brasil fueron los dos países con las puntuaciones finales más bajas.

A continuación, un resumen de la entrevista.

—Respecto de Uruguay, que ha ingresado en los últimos años en la promoción de la inclusión financiera a partir de un marco normativo, diferentes regulaciones y acuerdos de parte. ¿Cómo evalúan globalmente al país?

—Uruguay se sitúa en una posición intermedia entre los países de la muestra, con una puntuación intermedia que comparte con Colombia y Chile. En líneas generales, es evidente que el país ha venido realizando importantes esfuerzos en los últimos años por avanzar en inclusión financiera, y eso se refleja en las puntuaciones elevadas que obtiene el país en varias de las políticas calificadas como "Promotoras", por ejemplo, la existencia de regímenes simplificados de KYC (conozca a su cliente, por sus siglas en inglés) o el marco de dinero electrónico.

—En el plano de definir fortalezas y debilidades en el país, ¿qué destaca?

—Algunos puntos fuertes incluyen, por ejemplo, la posibilidad de que no solo personas físicas, sino también pequeñas empresas, pueden acceder a cuentas bancarias simplificadas. Uruguay ha sido el único país, junto a México, en introducir esta posibilidad en el marco regulatorio. También, Uruguay y Paraguay son los únicos países de la muestra donde no existe un impuesto a las transacciones financieras.

En el lado opuesto, la existencia de topes a las tasas de interés y las intervenciones gubernamentales en los mercados de crédito explican una puntuación baja en las políticas calificadas como "Obstaculizadores", que contribuye a explicar por qué, pese a los esfuerzos proactivos del gobierno en el diseño de productos y servicios financieros inclusivos, Uruguay no se sitúa a la cabeza del ranking.

—En el país existen límites a las tasas de interés, para evitar la usura. Se entiende que esto es una política que beneficia a los sectores con menos poder e información. ¿No lo comparten?

—Los límites a las tasas de interés estipulan un tipo de interés máximo para los préstamos para evitar el cobro de tasas de interés excesivas sobre los deudores. A pesar de tener buenas intenciones, se ha demostrado que en la práctica estas políticas a menudo consiguen el objetivo contrario, restringiendo el acceso a crédito para determinados individuos o pequeñas empresas que debido a sus características de riesgo terminan siendo excluidas del sistema financiero formal. En el caso de Uruguay, al igual que en otros países de la región, el límite a los tipos de interés establecido por Ley parece no ser representativo de las actividades de microfinanzas.

—El país cuenta con un índice de bancarización que era muy bajo, y a partir de la inclusión financiera mejoró notoriamente. Sin embargo, se observa una importante falta de cultura financiera en la población. ¿Ustedes lo observan igual a partir de la información recabada?

—La cultura o conocimiento financiero inciden en el avance de la inclusión financiera, facilitando el acceso y el uso de servicios financieros al incrementar el conocimiento y la comprensión de la población sobre los mismos. Por este motivo, creemos que la calidad de las políticas de educación financiera incide positivamente en el alcance o éxito de las políticas calificadas como promotoras; así se refleja en la construcción del índice. Todos los países han implementado políticas para promover la educación financiera de la población, pero a menudo estas políticas no están suficientemente coordinadas o adaptadas a las particularidades de un público objetivo previamente identificado. Este ocurre también en el caso de Uruguay.

—El sistema de microcréditos es considerado uno de los soportes para promover el acercamiento de los sectores más alejados al sistema y potenciar sus posibilidades de desarrollo. ¿Cómo lo califican en el país?

—Los rasgos distintivos de la actividad de Microcrédito dan lugar a riesgos distintos que aquellos que surgen de los productos de crédito tradicionales, por lo que la ausencia de un marco regulatorio específico para el microcrédito podría actuar como un limitante para el desarrollo de este mercado. Esto sucede en varios de los países analizados, donde o bien no existe un marco normativo para el microcrédito, o este no es completo o no se diferencia del impuesto a las carteras de crédito tradicionales. Este es por ejemplo el caso de Uruguay. Otro de los puntos débiles en algunos países de la región se encuentra en el diseño de las políticas de protección al consumidor y transparencia, que no siempre aplican a todos los proveedores de microcrédito.

—La calidad global del entorno del sistema financiero es una de las categorías que toman en cuenta para este trabajo. ¿En qué medida son facilitadores los marcos normativos en América Latina?

—En líneas generales, los países analizados obtienen buenas puntuaciones en el Índice de Facilitadores. Perú, Chile y México obtienen las puntuaciones más altas, mientras Argentina obtiene la puntuación más baja. Sin embargo, las fortalezas y debilidades varían entre países. Mientras en algunos casos, como en Chile, México o Argentina, la solidez de las políticas de competencia es la principal fortaleza, en Perú y Paraguay lo es la calidez de los marcos de supervisión.

—La segunda categoría comprende los tipos específicos de fallos de mercado y describe las normas que regulan el suministro y prestación de productos y servicios financieros específicos. ¿Qué grado de evolución hallaron a través de este indicador?

—En este caso, Perú y Colombia son los países que obtienen unas puntuaciones más altas, mientras Argentina se ubica en la última posición. En el resto de los países, incluido Uruguay, las puntuaciones del Índice de los Promotores tienen margen de mejora, aunque las ineficiencias varían según el país. Aun así, merece la pena destacar que la mayoría de los países ha hecho esfuerzos por diseñar productos, servicios y canales inclusivos con el fin de avanzar en la inclusión financiera de su población.

—La tercera categoría está compuesta por las normativas que crean distorsiones y barreras que afectan de manera negativa a la inclusión financiera. ¿Cuáles son las limitantes más reiteradas en los países analizados?

—La existencia de políticas calificadas como obstaculizadoras, que crean barreras y distorsiones a la inclusión financiera, está presente en todos los países analizados, aunque no con los mismos resultados. Perú y México obtienen las mejores puntuaciones, debido a sus buenos resultados en relación a los límites de tipos de interés y en crédito dirigido. Por el contrario, Brasil obtiene la puntuación más baja posible, seguido de cerca por Colombia y Argentina. Uruguay se sitúa junto a Paraguay en una posición intermedia, con puntuaciones relativamente bajas pero destacando como los dos únicos países que no tienen impuestos a las transacciones financieras.

(*) Informe completo: http://cort.as/-1I-D

Marcos regulatorios son el debe en sistemas de América Latina.

—En comparación con el mundo desarrollado, ¿hay muchos temas pendientes en los países analizados?

—El diseño de un marco regulatorio adecuado es, sin duda, un factor fundamental para avanzar en la inclusión financiera. A este respecto, el índice de prácticas regulatorias muestra que todos los países tienen áreas de fortaleza y debilidad en sus marcos regulatorios, por lo que todavía queda mucho camino por recorrer en el ámbito de la regulación. Sin embargo, esta es solo una de las variables en la ecuación, una condición necesaria, pero no suficiente. Hay otras patas o factores que también son determinantes, y que pueden estar relacionados a temas institucionales como el cumplimiento de los contratos o factores socioeconómicos, como la informalidad. Así, todavía hay mucho trabajo por hacer en América Latina.

PERFIL
Lucía Pacheco. Foto: Archivo
Lucía Pacheco. Foto: Archivo
Licenciada en Economía (Universidad de Salamanca). Máster en Banca y Regulación financiera (Universidad de Navarra). Integra la Unidad de Regulación Digital de BBVA Research. Anteriormente se desempeñó en la Unidad de Inclusión Financiera de la misma entidad, especializándose en América Latina.
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