ISAAC ALFIE

Mucho más allá de los cincuentones

Cuatro meses atrás, desde este mismo espacio dediqué tres columnas a analizar el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento para considerar la llamada "problemática de los cincuentones".

Cincuentones: cambios permitirán optar al final de la jubilación. Foto: F. Ponzetto
Foto: F. Ponzetto

También intenté poner en perspectiva las cosas, describiendo los cambios legales desde 1995 —el comportamiento del sistema mixto a lo largo de 21 años— para finalmente realizar una propuesta concreta al respecto, que considero más acorde al espíritu de la ley original y la realidad nacional en relación con la esperanza de vida de las personas. Todo lo anterior la hace más adecuada a la precaria situación de las finanzas públicas que tenemos y el financiamiento de largo plazo para el sistema de pasividades.

En aquel entonces no se conocían estimaciones de personas involucradas ni costos asociados. Se hablaba de unas 30.000 personas y un costo del orden de 2 a 4% del PIB (amplio rango).

Luego de ello, y a pedido de algunos legisladores, comienza a surgir información desde el BPS, la que luego es corregida por el Ministerio de Economía. He mirado las cifras y la metodología que abre un amplio espectro de posibilidades. En efecto, el BPS realiza una estimación de mínima y máxima considerando las edades usuales actuales de retiro y una tasa de descuento de los fondos.

Después, el MEF toma las mismas cifras del BPS pero cambia, reduce, la tasa de descuento de los fondos. A partir de allí, un día sí y otro también se habla del tema. Confieso que me asombra que se haya remitido un proyecto de esta dimensión financiera sin conocerse razonablemente su costo.

El costo.

Me temo que, con esta discusión pública, la cifra manejada (US$ 3.700 millones) se quede corta, porque de aprobarse alguna norma, aun otorgando la posibilidad de elección al retiro efectivo, las personas como suelen hacerlo siempre, adelantarán su decisión de retiro "por las dudas que se quite el beneficio", máxime cuando el propio Presidente de la República nos informa que el sistema está quebrado.

Más allá de lo anterior, el costo debemos medirlo en términos del PIB y no aplicarle ninguna tasa de descuento a los fondos, como erróneamente se hizo. ¿Por qué? Básicamente por dos razones, i) porque en un país donde la población no crece, la evolución de los salarios se alinea a la del PIB y ii) la erogación (jubilación) está indexada a los salarios y los aportes de todos nosotros también están indexados a los salarios, no habiendo un fondo que se pone a rendimiento, se toma el dinero y se gasta en el momento.

En síntesis, seguramente el costo real del proyecto de ley actual supere los 7 u 8 puntos del producto bruto.

Por tanto, carece de sentido tomar una tasa de "interés real sobre salarios" para descontar el flujo de fondos, como sí se logra en las inversiones que manejan las AFAP. Asiste plena razón al ministro Danilo Astori.

Hablemos claro.

Más allá de este problema, la afirmación del presidente Vázquez, hecha en su visita a México, nos dice que hay otro mucho más grande en el sistema en su conjunto y por tanto se necesita una reforma.

Lamentablemente fue el propio presidente Vázquez quien en su primer mandato remitió la Ley de "flexibilización" y permitió (no observó) la resolución del Directorio del BPS que habilitó la vuelta a la prueba testimonial. Ello adelantó notoriamente los tiempos en que el sistema debía volver a reformarse, cosa inevitable ante el aumento de la expectativa de vida que afortunadamente tiene la humanidad. El Poder Ejecutivo es quien tiene iniciativa privativa en materia de jubilaciones y pensiones (art. 86 de la Constitución) por lo que nada puede hacerse sin que éste remita un proyecto de ley.

A su vez, un reciente estudio internacional conocido en estos días, muestra que Uruguay es el país de América con mayor impuesto al trabajo (aportes jubilatorios, Fonasa, Fondo de Reconversión Laboral, IRPF, seguro y algún otro especial es ciertos casos, como la construcción) con una tasa notoriamente superior a los países de la OCDE, por cierto, bastante más desarrollados que nosotros y con un ingreso per-cápita que les permite abordar de mejor manera mayores tasas impositivas.

Cualquier reforma de jubilaciones y pensiones actúa sobre al menos uno de los siguientes cuatro parámetros; la tasa de aportes sobre salarios, la tasa de reemplazo (porcentaje del sueldo que se paga como haber de retiro), la edad de retiro y el mínimo de años trabajados requeridos para acceder a la transferencia. Teniendo los más altos impuestos sobre el trabajo, no es posible aumentar las tasas de aportes (*). La tasa de reemplazo ya es baja, comienza en 45% del salario de actividad, por lo que no parece ser una buena opción seguir reduciéndola. Entonces, sólo queda subir la edad mínima requerida para acceder al beneficio, adecuándola a la realidad mundial y, concomitantemente, los años de aportación requeridos. De eso habla el Presidente pese a que nadie le ha preguntado en qué consiste la reforma que dijo debemos procesar.

Así las cosas, cualquier solución para los cincuentones que reconozca una diferencia a abonar por el Estado, aun cuando la opción de la persona se haga al momento de retiro, debe indefectiblemente establecer una edad mínima para ejercer la opción que no puede ser los 60 años e, idealmente debiera ser los 65. En caso de no hacerlo, el costo, con o sin opción al final, será muy grande y mayor a lo que hoy se calcula.

Ciertamente sería muy bueno que el actual gobierno enviara un proyecto de ley con una reforma global al sistema de jubilaciones y pensiones —y no sólo el mixto— que restablezca los equilibrios a mediano plazo.

Nuestros hijos y nietos lo agradecerán.

(*)Téngase presente que a mediano plazo los llamados "aportes patronales" los paga indefectiblemente el trabajador, porque la empresa ve el costo total que enfrenta y los mismos son parte del salario.

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