OPINIÓN

La actual crisis es una oportunidad para Uruguay de profundizar la transformación que lo lleve a una nueva economía, basada en el uso sostenible de recursos naturales al servicio de sistemas alimentarios saludables.

La transmisión de la crisis sanitaria a la economía en su conjunto agotó la forma habitual de hacer negocios en los últimos 30 años (business as usual). Apertura comercial, ventaja comparativa, dinámica económica basada en la explotación de recursos naturales y foco en las materias primas (commodities), entre otras, se vieron afectadas.

La recesión, pérdida de ingresos, desempleo, el incremento de la pobreza y de la desigualdad son síntomas claros de agotamiento del modelo y necesidad de transformación.

La actual etapa de la pandemia COVID-19 supone la necesidad de transformar los sistemas alimentarios en sistemas sostenibles y saludables mientras seguimos pagando la sobreexplotación de la biodiversidad, de la que somos responsables como habitantes del planeta.

Es necesario aprender la lección y replantear la relación entre el ser humano, los animales, las plantas y el medio ambiente. Hay que transformar los sistemas alimentarios a través de una nueva narrativa y políticas públicas renovadas que generen otras oportunidades para las personas y la economía en general.

Una de las novedades de esta crisis es su capacidad de transmisión, casi tan alta como la del virus que la causó: pasó del sistema sanitario al social, al comercial, así como a los sistemas micro y macroeconómico.

Esto hizo que los gobiernos tomaran medidas excepcionales; se tuvo que reevaluar el rol del Estado y las iniciativas del sector privado que impulsan grandes cambios se multiplican.

Entender la complejidad de la interacción entre alimentos, salud y el bienestar es otro desafío planteado. Necesitamos corresponsabilidad: si yo me cuido, también cuido al otro. Eso se cumple con una producción sostenible y de calidad.

El agro como motor

En la región, el impacto de la crisis supera el sufrido en la década de 1930; aunque todavía esté en curso, sus impactos en la salud, el empleo, la economía, la política y la globalización ya son incuestionables.
América Latina y el Caribe sufrirán una contracción de su producto bruto interno (PIB) de -9,1% según la Cepal, mayor al sufrido en las otras regiones del mundo, lo que supone restricciones fuertes en la caja fiscal.

Uruguay tuvo un desempeño destacado, a todo nivel. No obstante, también debió tomar medidas dolorosas, menos drásticas y duraderas, pero dolorosas al fin.

Además, el país está inserto en un sistema internacional que sufre tremendas consecuencias y, por lo tanto, el Gobierno prevé que el PIB caiga un 3,5%, con un déficit fiscal de 6,5% para este año, aunque las proyecciones plantean una recuperación con un 4% de aumento del producto bruto para 2021.

Por otro lado, el volumen de las exportaciones de bienes en el mundo cayó el 18% y un 27% en la región. En Uruguay, cayeron 18,03% en agosto respecto al mismo mes de 2019.

El sector agropecuario no se vio tan afectado. La celulosa, la carne y la soja fueron los productos de mayor incidencia negativa en agosto, al tiempo que el arroz uruguayo, que cuenta con una importante inversión basada en mejoras tecnológicas, siguió siendo el producto de mayor incidencia positiva.

En general, a pesar de todo, los sistemas alimentarios de Uruguay funcionan, no hubo problema de oferta o disponibilidad de alimentos.

A su vez, la crisis provocó la devaluación de las monedas nacionales de la región. En efecto, el peso uruguayo lo hizo en -14,2%, no tanto como el bolívar (-41%) o el real (-22,4%) pero con una pérdida de valor superior a la del peso chileno (-9,4%). Esto se traduce en un aumento de precios en los alimentos importados.

Además, la crisis impacta en primer lugar en el poder adquisitivo de los consumidores, que terminan optando por dietas más baratas y menos saludables, con efectos negativos en su nutrición y seguridad alimentaria, como advierte el Estado de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 2020, publicado por la FAO y otras agencias de Naciones Unidas.

La situación económica repercute también en las pequeñas y medianas empresas y productores familiares, que representan cerca del 81% de las explotaciones agrícolas y generan un 50% del empleo del sector agropecuario en la región.

En Uruguay, en 2019, unas 56.000 personas estaban vinculadas con la producción familiar de acuerdo al Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca.

Lejos de ser un sector que desatender, el sector agropecuario es una palanca esencial para la transformación post COVID-19 y para el crecimiento de 4% con el que cuenta el Gobierno: es un motor económico con un potencial de crecimiento muy grande, a través de inversiones en ciencia y tecnología que le sumen valor, mejoren la productividad y diversifiquen su producción.

El sector agropecuario en Uruguay genera 5.857 millones de dólares de 7.674 millones de dólares en exportaciones: el 76% de lo exportado, según el Anuario Estadístico Agropecuario 2020. Adicionalmente, emplea el 8,5% de la población ocupada.

Estas cifras confirman el peso del sector en la economía y su potencial de crecimiento, con un efecto multiplicador a todos los sectores de la sociedad a través del sistema alimentario, un desafío que requiere compromiso político e inversiones estratégicas que multipliquen el valor de la producción. Pienso que la digitalización y la economía solidaria son herramientas impuestas por la crisis que van a quedarse.

Uruguay está en un momento preciso para esta reflexión: la conferencia regional de la FAO, un espacio de diálogo clave para el posicionamiento y la incidencia del país en América Latina y el Caribe, así como la discusión de la ley de presupuesto, son oportunidades para plasmar la apuesta a una transformación económica hacia más innovación y sostenibilidad de la producción cuidando a quienes más la fortalecen: los productores (sea cual sea su porte) y los consumidores (dentro y fuera del país).

(*) Columnista invitado. Oficial Principal de Políticas para América Latina y Representante ad ínterim en Uruguay de la FAO