OPINIÓN

Ajuste que la recesión no evitará: inevitable e impostergable

"Solo  algunos sectores de los que competirán en las internas advierten la necesidad de realizar un ajuste de las cuentas públicas para reducir el desequilibrio financiero".

Danilo Astori, ministro de Economía y Finanzas. Foto: El País
Danilo Astori, ministro de Economía y Finanzas. Foto: El País

En año electoral, generalmente aumenta el gasto público y el déficit fiscal trepa o se mantiene alto. Esa irresponsabilidad fiscal, excepcionalmente no concretada -1994 y 2004- volvería a presentarse este año, porque el desequilibrio es alto y no se conoce medida alguna para abatirlo.

El déficit de las cuentas públicas, que apunta al 5% del PIB de acuerdo con la evolución que viene teniendo en los últimos meses, pero que con el ingrediente electoral puede ser incluso mayor, es 4,5% de la producción de bienes y de servicios (PIB), en los doce meses culminados en febrero, según informe del Ministerio de Economía.

Las autoridades reiteran que esperan que con el crecimiento de la economía aumente la recaudación y se pueda hacer retroceder un resultado que comenzará a preocupar a todos y a todas -y no solo a alguna- de las complacientes calificadoras de riesgo de inversión: el grado inversor de nuestra deuda pública corre peligro.

¿Crecimiento?

En varias columnas anteriores -del año pasado y del corriente- he expresado mi convicción de que la economía uruguaya no está estancada, sino en recesión. El dato del comportamiento del PIB que se diera a conocer la última semana de marzo muestra que en los últimos tres trimestres de 2018 la economía uruguaya tuvo leves, pero sucesivas caídas. Esos resultados dejan de ser leves y pasan a ser relativamente más importantes cuando se observa que -aunque la población crece a un ritmo lento-, el PIB per cápita declina.

Y aún más grave se torna la situación cuando se plantea lo lejano que está lo que viene ocurriendo en relación con el potencial de expansión que tiene la economía uruguaya en función de sus recursos humanos y materiales. En otras palabras, el decrecimiento de los últimos tres trimestres del año pasado comparado con la tasa de crecimiento potencial de la economía, deja traslucir contingentes importantes de los recursos indicados que están ociosos, desempleados, no utilizados.

La recesión es, entonces, más grave que lo que marcan las tasas de declinación del PIB en los tres trimestres del año pasado. Y la recesión seguirá, pues las variables que determinan al consumo, la inversión y las exportaciones no están para que la declinación del PIB se revierta. Esas variables están para que la situación se agrave y no solamente por la situación regional la que muchas veces, incluso recientemente, la transforman en el “chivo expiatorio” de lo que ocurre en nuestro país, nada “desacoplado” de lo que sucede en la región, una ilusión que no se ha cumplido en el pasado ni que nunca se cumplirá en el futuro.

Sin crecimiento no hay razones para pensar que el déficit fiscal vaya a declinar. Sí hay motivos para esperar que suba en el resto de este año, porque la carrera electoral deja traslucir la irresponsabilidad que se refleja también en el piloto automático actual hasta pasar al que venga, la muy pesada mochila que implica hacer el tantas veces negado ajuste fiscal. En otras palabras, con la tan mencionada “consolidación fiscal” que hasta el FMI tolera y defiende, lo que se consolida es un déficit que, para una nueva administración, será difícil corregir con medidas menores y sin dolor.

El ajuste.

No creo que se pueda evitar en algún momento de este año una siempre tardía reacción con alerta de las calificadoras de riesgo. Tan solo con el alerta sobre la capacidad de repago de la deuda uruguaya -algo que hoy no ocurre pero que va a aparecer- lograr financiamiento de organismos multilaterales y de inversores privados -bancos, fondos y otros- para desequilibrios anuales como el actual, se tornará relativamente más difícil y más caro.

El riesgo de repago en aumento afecta al alza el costo del crédito y la tasa de interés de los préstamos. Y los ataques contra los derechos de propiedad agravarán la situación. Podremos llegar a ver extremistas que lanzarán propuestas nada amigables, como la moratoria de pagos de la deuda, aumentos de los impuestos al capital -Olesker dixit-, a la riqueza y al ingreso, gravámenes poco amistosas con la inversión, la producción y el empleo.

La presión fiscal actual de esos impuestos es razón de la falta de inversión, de la menor producción y del menor empleo. Esas propuestas son enemigas de quienes no tienen certeza de preservación de sus derechos de propiedad, lo que está en la base de la inversión en una economía capitalista.

Existe solo en algunos sectores de los partidos políticos que competirán en las internas partidarias que se avecinan -y que no pertenecen a la actual coalición de gobierno-, la convicción de la necesidad inevitable e impostergable de realizar el ajuste de las cuentas públicas para bajar el desequilibrio financiero de la gestión del sector público, reduciendo el gasto y no gravando con más impuestos.

Se trata de un enfoque que en principio se presenta difícil de concretar. Sin embargo, es la manera de terminar con buena parte del denominado oficialmente “gasto endógeno” que busca mostrar egresos que escapan a la posibilidad de su control central. Paradójicamente ese gasto se debe al gasto exógeno de los últimos dos períodos de gobierno y, en particular, al anterior al actual.

La explosión ocupacional en el sector público en una época de revolución digital, que es ahorrativa de mano de obra, es el ejemplo más doloroso de las ambiciones, tanto electorales como de otra naturaleza de quienes lo incurrieron. El aumento del gasto público es una de las razones de la larga recesión que vivimos, de la caída de la inversión y del deterioro del empleo.

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