ISAAC ALFIE

Un ajuste fiscal no tan "clásico"

Desde el pasado 1 de enero rige formalmente un triple ajuste fiscal.

El eterno femenino de una imaginativa pintora
Trabajadores y jubilados que no pagaban el impuesto en 2007, ahora sí lo deben hacer. Foto: Archivo

i) el votado durante el segundo semestre de 2016, esencialmente consistente en aumento de IRPF a las rentas del trabajo e IASS, cuyo alcance es conocido, aproximadamente 0.7% del PBI, conjuntamente con cambios en el IRAE y su adicional (llamado IRPF a los dividendos) con rendimiento desconocido, aunque potencialmente importante, en especial por la virtual eliminación del ajuste por inflación y la distribución ficta de dividendos retroactiva a los ejercicios iniciados desde julio 2007, ii) el ajuste tarifario que, tal como demostré en mi columna de hace 15 días, implica otro poco más de 0,2% del PBI y, iii) el que podríamos considerar ya "tradicional" ajuste fiscal anual del orden de 0,1% del PBI derivado del ajuste de los límites de franjas del IRPF e IASS casi 3 puntos por debajo de la variación de los ingresos nominales.

Éste último obedece al aumento de la tasa media implícita para cada contribuyente y la incorporación de nuevos aportantes que, durante el 2017 significarán unos $ 1.530 millones sobre los trabajadores y unos $ 320 millones sobre los pasivos adicionales en términos reales.

La suma de estos tres conceptos implican un piso de aumento en la recaudación de 1% del PBI, unos US$ 580 millones, nuevo atrasado cambiario mediante.

En todos los casos se toma el aumento marginal, lo que es importante destacar porque, para el caso de las tarifas públicas, como corresponde al análisis, se ha dejado expresamente de lado el sobreprecio de los combustibles ya que el mismo se arrastra desde comienzos de 2015 pero, especialmente, desde fines de dicho año el que durante 2016 significó más de 0,9% del PBI, una enormidad. Lo anterior es porque este dinero no es "novedad", no adiciona recursos a los ya disponibles por el erario público. En todo caso, el problema es que cualquier plan serio de reducción del déficit estructural debería considerar que la recaudación por este concepto debe desaparecer y, entonces, debe pensar que el déficit a corregir no es 3,7% del PBI, sino 4,6% del mismo indicador.

Quedó pendiente otro ajuste, un poco inferior al 0,1% del PBI sobre las pasividades militares el que, razonablemente fue desechado por el Parlamento ante las inconstitucionalidades en las que incurría, seguramente no por ellas en sí mismas, sino ante el temor que las acciones en su contra sean la antesala para otras acciones más significativas.

No tan clásico.

Usualmente los ajustes fiscales se hacen aumentando los impuestos y, concomitantemente, reduciendo las erogaciones. Es que, de no darse la segunda condición, el aumento de los impuestos debe ser superior para compensar lo que no se hace por el lado del gasto. Pues bien, en esta oportunidad será diferente, el aumento de impuestos se impone al mismo tiempo que se aumentan los gastos, y en una cuantía no menor, que absorberá no menos del 30% de los recursos incrementales de Tesorería. Es una situación poco comprensible más allá de la retórica empleada en su defensa.

Futuro inmediato.

El año que comienza tiene la incertidumbre propia derivada de la retomada o no de un crecimiento a tasas que permitan aumentar la recaudación y con ello mejorar la situación de caja del estado pero más importante que lo anterior, una nueva discusión presupuestal. En mi opinión la apertura del Presupuesto abre una gran incógnita sobre la solvencia real de mediano plazo de las finanzas públicas. Se está en un límite de presión impositiva y los aumentos de impuestos a las rentas y patrimonio (1) que algunos pretenden, son a contramano del mundo. Las noticias que llegan a diario nos hablan de tasas impositivas que se reducen o reducirán, Inglaterra, Israel, EEUU entre otros y por nombrar algunos recientes, están llevando sus tasas sobre las rentas empresariales al entorno del 15%, sin perjuicio de contar con extensos mecanismos de exenciones y premio a proyectos innovadores. Europa entero de alguna manera está en la misma "carrera" para competir a partir del camino iniciado hace ya buen tiempo por Irlanda. Por su parte, el impuesto al Patrimonio no existe en casi ningún país del mundo, la única propiedad gravada es la inmueble y ella es fuente de recursos de los gobiernos locales con lo que financian la infraestructura y servicios tradicionales locales (residuos, saneamiento, alumbrado, parques, recreación) y la educación, ciertos servicios de salud y policía de distrito.

Es cierto que en Uruguay, por la ley especial de inversiones se reducen las tasas efectivas de IRAE y se suele eliminar el impuesto al patrimonio, pero con una asimetría tan grande entre los impuestos normales y los "premiados" se castiga de manera desmedida y poco justa al pequeño en función del costo de acceder a tales beneficios fiscales. Lo anterior disminuye la competencia, ya difícil frente a las grandes corporaciones y, con ello, limita el progreso del común de la gente.

Por tanto, estamos en un momento donde, de no aumentar la tasa de crecimiento económico —y esto a corto plazo depende más del entorno que de decisiones propias—, las autoridades tendrán que resistir las presiones expansivas del gasto si no queremos llegar al 2019 en medio de problemas mayores. Los márgenes en materia de ingresos están agotados y, en realidad cualquier gobierno debería estar pensando en cómo va a reducir la presión tributaria sobre la renta y el capital de las empresas para competir en el mundo que se viene.

(1) Recordemos que económicamente, el impuesto al patrimonio es un impuesto a la renta "ciego" y, por ende, mucho más pernicioso que éste.

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