El asunto de los "Panamá papers" permite reflexionar sobre muchos dislates que su divulgación deja oír todos los días. En primer lugar, estaría bueno dejar de hablar de investigación periodística.

Se ha tratado más bien de la divulgación de datos, precisamente sin la investigación periodística que hubiera permitido separar la paja del trigo. La mera divulgación para meter en una misma bolsa a gente decente con traficantes de droga o de armas es un acto inmoral. Más aún cuando el daño a la reputación sobre muchos es, a estas alturas, probablemente irreparable.

Hipocresía.

Pero dejando de lado los casos en los que esas sociedades se usaron para el mal, persiste en algunos la hipocresía del comentario en voz baja para con quienes dentro de la ley han buscado dos cosas: pagar menos impuestos o sostener el derecho a la preservación de la intimidad, que es sin duda un derecho de la persona humana. En realidad intentar pagar menos impuestos a través de una sociedad off shore legal, no tiene moralmente ninguna diferencia —ninguna— con intentar aprovechar los beneficios tributarios de las provincias de San Luis o Tierra del Fuego, de Manaos, de Zonamerica, de Delaware, de las Islas Vírgenes o de cualquier zona franca, incluidas aquellas donde se asientan las empresas papeleras del Uruguay. Y no se diferencia moralmente en nada, del aprovechamiento de tantos regímenes tributarios especiales, excepcionales, ya sea de importación, de puerto libre, de depósito aduanero, etc. Habiendo tantos regímenes tributarios de excepción al sistema tributario general, el de las off shore no debería molestar. Y si molestara, habría que derogar múltiples regímenes de excepción, empezando por el de las zonas francas. Frente a tanta hipocresía debo confesar que, aunque me disgustan en general todos los regímenes de excepción en materia impositiva —más aún los que requieren de gestores profesionales—, lo que definitivamente considero impresentable es una presión fiscal global de la economía de un país del tercer mundo, con servicios del tercer mundo, en más del 35% del PIB. Con estos guarismos, aquí o en cualquier lugar, siempre habrá un buen estímulo para los gobiernos a montar regímenes de excepción, siempre habrá empresarios buscando legalmente cómo zafar, y —esta es la novedad— cada vez habrá más alicientes para que simples aplicaciones de celular busquen traspasar el muro tributario. Es más; el aumento de la presión fiscal, al que se agrega en nuestro país el peso de algunas empresas públicas como Ancap en sus tarifas, contribuye a deteriorar la legitimidad moral de quien pone impuestos, aumentando la voluntad de eludir. Cuando el sistema logra que un padre de familia de clase media pague más impuestos que cuotas del colegio de sus hijos, a partir de allí, cualquier apelación a la razonabilidad o la justicia suena hueca.

Otros objetivos se han buscado con estas sociedades: la sencillez y en especial el anonimato. He escrito muchas veces, cómo puede ser que el sector agropecuario no se ponga de pie cuando le piden información personal sobre múltiples aspectos de su vida económica, y cuando se le obliga a pedir permisos para casi que cualquier actividad. La declaración jurada de Dicose entre tantas, o la trazabilidad individual son, entre otras cosas, una divulgación de la intimidad empresarial que puede aceptarse como excepción pero no como norma general. Entregar a la autoridad información sobre mi cliente, sobre a quién exporto o de quién importo, en qué cantidad y a qué precio, o cuánto tengo en stock, debería generar una reacción severa. Así ocurre en prácticamente todo el comercio exterior, y en lo agropecuario especialmente con la carne, el arroz, las frutas y hortalizas, el vino, los pollos, etc. Cómo es posible que ante una explosión de trámites y permisos previos de esta gestión del MGAP o de sus institutos satélites no se hayan levantado ya, en defensa de su reserva y del derecho de propiedad, los productores rurales. Va a llegar el momento en el que, reivindicando el derecho a la intimidad, se arme una rebelión contra los permisos que representan como mínimo costos, y más allá, agravios al derecho. Ya empezó esta semana la Cámara Mercantil editorializando contra la promiscuidad tributaria.

Por todo lo anterior, reivindico a los impuestos indirectos que son mucho más justos hoy que los directos, que se han convertido en caza de brujas, en aliento para resentidos. Los indirectos no pretenden ser los más justos. Pero su administración es sencilla, no pretenden otra cosa que recaudar, son casi imposibles de evadir, no requieren demasiada policía, y su recaudación es bastante previsible. No presumen de justos pero muchas veces lo son en mayor medida que los directos por la forma de aplicación práctica de estos últimos, como queda demostrado. Un sistema basado esencialmente en impuestos indirectos, con una política de gastos destinada a compensar inequidades derivadas de la necesaria sencillez y anonimato de los sistemas de ingresos, podría ser algo parecido al ideal.

Cuando la presión fiscal es la que es, y la administración viola la reserva profesional, que es un derecho, seguirán ocurriendo regímenes tributarios de excepción, off y on shore, y continuarán apareciendo mecanismos para no mostrar la intimidad, o hacerlo solo excepcionalmente, porque es lo que corresponde.

JULIO PREVE FOLLE - ANALISTA