OPINIÓN

Una agenda para los "indignados"

El movimiento de "indignados", que tuvo origen en el agro pero que desde un primer momento lo ha trascendido (incluyendo a trabajadores y empresarios de diversa entidad y de todas las actividades directa o indirectamente vinculadas a la agropecuaria), me lleva a algunas reflexiones.

Su portavoz, Álvaro Rivas, dijo que si hacen "quilombo" el movimiento durará "cinco minutos". Foto: F. Ponzetto
Foto: F. Ponzetto

Primero, ese movimiento se dirige a todo el sistema político y no sólo al gobierno nacional o a la coalición que lo administra. Se dirige también y con claridad a los gobiernos departamentales, coautores de muchos de los problemas que enfrentan, a partir de prácticas que permiten comprobar una vez más, como si hiciera falta, que los gobernantes son más parecidos que distintos entre sí. Es decir que nadie se puede hacer el distraído y, menos, procurar apropiarse de este movimiento de modo de allegar agua para su molino partidario. Por la misma razón, todos deberían ver en este movimiento una forma de ayudar a dar las respuestas que permitan conducir al país por un sendero mejor.

Segundo, es lógico que un movimiento como el referido procure resultados de corto plazo, máxime cuando las angustias son considerables en la coyuntura, pero aún si esos resultados no se obtuvieran, no deberían cejar en el esfuerzo de impulsar consensos hacia el futuro. Creo que poco y nada van a obtener en el corto plazo, y las medidas anunciadas a finales de enero y el lunes pasado fueron claras en ese sentido. La montaña sólo ha parido ratones, y no habrá de parir bichos de otra especie.

Las razones de ello son de dos tipos. Por un lado, en el Frente Amplio en general no se conoce ni se entiende al agro, se tienen prejuicios sobre él y se lo caricaturiza. En las últimas semanas, la ignorancia y los prejuicios al respecto quedaron en evidencia en el tratamiento conceptual del precio y de la renta de la tierra. Recomiendo la lectura de la columna que publicó Carlos Steneri el lunes pasado, donde da una clase sobre ese tema, poniendo las cosas en su lugar. Por otro lado, porque las prioridades oficiales en materia de política económica son otras, con foco en el funcionariado público y en la gestión de algunas políticas públicas específicas.

En tercer lugar, y en función de lo anterior, si alguna chance hay de que este movimiento de indignados consiga algo, vendrá por el lado de contribuir a una agenda de reformas que tenemos pendiente como país, de la que no deberían faltar los puntos siguientes: uno, avanzar con la reforma del Estado. Racionalizar la cantidad de funcionarios públicos y establecer procedimientos y plazos para su reducción. Publicar en la web toda erogación pública (remuneraciones, gastos, inversiones) y los procedimientos que las producen.

Dos, derogar los aspectos de la ley de flexibilización de 2008 que aumentaron imprevistamente el gasto previsional. Limitar el uso de testigos para acceder a una pasividad. Convocar a diseñar las pautas de una nueva reforma del sistema previsional. Ajustar los parámetros de la Caja Militar al régimen general.

Tres, concertar una nueva política de inserción internacional, de apertura al mundo. No tienen sentido ni el inocuo "más y mejor Mercosur" ni el frívolo "dejar el Mercosur". Jugar al límite dentro del bloque y buscar acuerdos por fuera de él. Según estimaciones de PwC, sólo en las exportaciones de carne bovina a China, en 2017 pagamos aranceles por US$ 78 millones. Son ingresos que nos estamos perdiendo.

Cuatro, fortalecer la política fiscal procediendo a desendogeneizar gastos (mediante la referida reducción en la cantidad de funcionarios, las medidas señaladas sobre seguridad social y otras) de modo de hacer viable la introducción de una regla fiscal que tenga en cuenta el ciclo económico y que logre bajar el déficit y frenar el endeudamiento.

Cinco, establecer la infraestructura y los acuerdos que permitan aumentar la exportación de energía, de modo de abatir el costo para la producción y el consumo de la sobreproducción de electricidad que se debe pagar de todos modos. Reestructurar o finalizar las actividades perdidosas de Ancap que se pagan mediante sobreprecios en los combustibles. Eliminar el subsidio al transporte urbano que está financiado por un sobreprecio en el gasoil.

Seis, en materia de enseñanza pública se debe poner a "competir" el sistema actual con otro que está dando pruebas de eficacia, que consiste en instituciones de tiempo completo, laicas y gratuitas de gestión privada, y avanzar en reformas que se están planteando por expertos desde la sociedad civil.

Siete, se debe adecuar el régimen de trabajo a las nuevas formas de trabajar. Como sucede con toda institucionalidad pensada para otra época, y superada por la realidad, ésta debe adecuarse a los tiempos actuales.

Ocho, en materia de infraestructura aparentemente existe una agenda, pero los tiempos en los que ella se lleva adelante son interminables.

Nueve, una racionalización del sistema tributario en el sentido más amplio, donde se superponen cuatro impuestos a la tierra y donde la imposición al trabajo que pagan las empresas encarece la contratación de trabajadores.

Seguramente me quedan temas en el tintero, pero esto da como para empezar…

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