OPINIÓN

La llegada de la pandemia y la consecuente recesión continúan teniendo un impacto significativo en el mundo y en América Latina. La principal característica de esta crisis ha sido su rapidez y su sincronización en todo el planeta. A pesar de haber cumplido más de un año desde el comienzo de las restricciones a la circulación en los diferentes países, la incertidumbre acerca de la evolución de la economía global se ha reducido, pero no se ha disipado.

De acuerdo al FMI, el producto a nivel mundial se contrajo un 3,3% en 2020, interrumpiendo 10 años consecutivos de expansión (desde la crisis financiera de 2009). América Latina, por su parte, presentó un desempeño más débil, registrando una caída de 7,0%, en línea con la retracción de la Unión Europea (-6,1%). Esto repercutió en un incremento de las tasas de pobreza y en la desigualdad en la región. Los países que más han padecido esta crisis son aquellos apoyados en sectores de servicios (por ejemplo, turismo) o aquellos en donde el espacio de respuesta de la política económica fue menor. En este sentido, Cepal (en su Panorama Social de América Latina) estima que la pobreza se ubicaría en 37,2% si no se hubiesen realizado transferencias en favor de los sectores perjudicados, un 3,5% mayor que el resultado obtenido a fin de 2020.

Uruguay no ha sido la excepción. A pesar de que los casos de COVID-19 fueron reducidos en comparación con la media regional, la caída del PIB de 5,9% en 2020 representó la interrupción de 17 años consecutivos de expansión. La incidencia del retroceso estuvo liderada por sectores de servicios como salud, educación, restaurantes y alojamiento, y por el comercio.

La recuperación parece presentar disparidades similares según el país del que se trate, dadas en parte por las velocidades de los procesos de vacunación. El FMI estima que la economía mundial se expandirá un 6,0%, liderado por China (8,4%) y Estados Unidos (6,4%). América Latina crecerá un 4,0%, de acuerdo a nuestras estimaciones (4,6% para el FMI), impulsado por el contexto favorable en los precios de los commodities exportables y en sectores como industria manufacturera y la construcción. Uruguay, por su parte, se recuperará un 3,0% en 2021, con base en el sector primario y a la construcción. Sin embargo, la incidencia de la pandemia en 2021 (891 casos por millón de habitantes promedio en abril), constituyen un riesgo a la baja para dichas proyecciones.

En este contexto, en vista de la importancia de las políticas públicas para mitigar el impacto de la crisis y de la necesidad de llegar a aquellos sectores con menor acceso al crédito, CAF —banco de desarrollo de América Latina— cerró el 2020 con un récord de aprobaciones de US$ 14.000 millones para toda la región, de los cuales US$ 4.500 millones fueron destinados a atender los efectos de la pandemia en la economía y en los sistemas de salud. Adicionalmente, en marzo de 2021 se aprobó una línea de crédito por hasta US$ 1.000 millones dirigida al fortalecimiento de los sectores de salud de los países miembro.

A estas iniciativas se sumó la aprobación de una Facilidad Regional de Apoyo Anticíclico para los Bancos de Desarrollo por los efectos del COVID-19 por hasta US$ 1.600 millones, destinada a operaciones para el financiamiento de programas dirigidos a la atención de la emergencia de población vulnerable y/o el apoyo a empresas (MiPymes) de sectores críticos. Uruguay, particularmente, hizo uso de la Facilidad detallada a través de la aprobación de un crédito por hasta US$ 150 millones para la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), con el objeto de ampliar y fortalecer el Sistema Nacional de Garantías (SiGa). Dicha operación tiene por objetivo general promover y ampliar el acceso al financiamiento del sector empresarial que permita normalizar su ciclo comercial y mejorar su productividad. De acuerdo con estimaciones realizadas, los potenciales beneficiarios son 5.200 empresas aproximadamente, a las cuales se les otorgaría un volumen de créditos del entorno de los US$ 700 millones.

Este conjunto de herramientas puestas al servicio de los países muestra el rol activo que CAF ha tenido en la región en estos tiempos difíciles.

Particularmente, una parte relevante de los esfuerzos de la institución se ha focalizado en apoyar a las MiPymes, dada su importancia productiva y en el empleo en los diferentes países. Esta visión tenderá a profundizarse en los próximos años, de forma de incrementar el impacto de nuestras operaciones y, de esta forma, continuar contribuyendo a una América Latina más próspera y equitativa.

(*) Omar González, Ejecutivo Senior (Oficina en Uruguay), Vicepresidencia de Programa de Países; Diego Barril, Economista Principal, Dirección de Estudios Macroeconómicos, Vicepresidencia de Conocimiento.