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El acuerdo de Argentina con el FMI solo evita que la situación empeore

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Reuters
Foto de archivo del presidente de Argentina, Alberto Fernández. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni, Argentina insistirá en el reclamo de las Malvinas 40 años después de la guerra
Juan Ignacio Roncoroni

OPINIÓN

Argentina no está en condiciones de ataer inversiones, con un gobierno imprevisible que establece intervenciones absurdas.

El acuerdo de Argentina con el FMI solo va a evitar que empeore la situación económica, no que mejore. Es que este gobierno no tiene capacidad para atraer inversiones que permita que la economía argentina entre en una senda de crecimiento económico. No está ni en las medidas que adopta, ni en la filosofía de un gobierno imprevisible por las intervenciones absurdas que establece en la economía, como, por ejemplo, castigar con impuestos las exportaciones cuando, justamente, el BCRA está sin reservas.

Pero en lo que hace estrictamente al acuerdo con el FMI en los contenidos de la Carta de Intención, se observan marcadas inconsistencias conceptuales.

En primer lugar, hay algo que es bastante claro, el contenido de la Carta de Intención ya quedó desactualizado como consecuencia de la suba del petróleo y el gas que dejan desactualizados los números de baja de los subsidios a la energía, que equivalen, según la carta de intención, al 0,6% del PBI. Es el único gasto que se baja, pero en el mismo texto dice que esos recursos se reasignarán a otras partidas más prioritarias, con lo cual no hay baja del gasto público, hay un cambio de aplicación del gasto.

Dice textualmente la propuesta del gobierno presentada al FMI: “A fin de liberar recursos para prioridades de gasto más importantes, el escenario base supone una reducción de los subsidios a la energía en 0,6% del PIB en 2022.”

En lo que hace al tema de las estimaciones incluidas en la carta de intención de baja de subsidios e incluso del sector externo, se estima que, por efecto de la suba del gas a raíz de la invasión de Putin a Ucrania, implicará duplicar las importaciones de gas natural, gas natural licuado y fuel oil, de US$ 2.000 millones en 2021 a US$ 4.000 millones en 2022.

En base a datos de la Secretaría de Hacienda, datos del BCRA y carta de intención, hice el ejercicio de ver qué pasaría si el gobierno se financiara con deuda interna teniendo un déficit de 2,5% del PIB en 2022, en vez de recurrir a la emisión monetaria como se propone.

El cálculo está hecho en dólares tomando el tipo de cambio promedio para 2022 incluido en la carta de intención. Mis estimaciones dan que el déficit primario sería de US$ 11.484 millones y el financiero de US$ 18.748 millones.

Dado que el stock de depósitos actuales está colocado en Leliq, Pases y en créditos al sector privado, el tesoro solo podría colocar deuda sobre el incremento del stock de depósitos.

Asumiendo un crecimiento de los depósitos privados (no tomo los del sector público porque así como entran salen por el déficit fiscal) igual al de 2021, el tesoro se quedaría con el 88% del crecimiento de los depósitos. Es decir, desplazaría casi totalmente al sector privado del mercado crediticio, con lo cual hasta habría problemas para financiar consumo, que es el motor que en el gobierno quieren impulsar.

La cantinela del gobierno es siempre la misma: el consumo moviliza la economía, hace que haya más actividad y esto lleva a contratar más mano de obra y bajar la tasa de desocupación. Al mismo tiempo, la mayor actividad se traduce en ingresos tributarios más altos que permiten cerrar la brecha fiscal sin bajar el gasto público. El argumento del gobierno es que puede reducir el déficit fiscal sin el “ajuste salvaje” de la baja del gasto público si estimula el consumo interno.

Parecen olvidar que para poder consumir primero hay que producir algo que la gente esté dispuesta a demandar. Puesto en otras palabras, el gobierno ignora lo que se conoce como la ley de Say.

Jean-Baptiste Say fue un economista francés que vivió entre 1767 y 1832 y afirmó que la oferta crea su propia demanda. Con esto estaba diciendo que para que alguien pueda demandar, primero tiene que producir algo. Es decir, generar algún bien o servicio que le produzca ingresos con los cuales salir a consumir. Es imposible consumir sin previamente producir.

El gobierno, siguiendo el pensamiento de John Maynard Keynes, cree que puede violar la ley de Say y consumir antes de producir. Solo basta poner en funcionamiento la maquina de imprimir billetes y con eso ya se puede consumir. Los papeles impresos vendrían a reemplazar el trabajo de producir, según el gobierno.

Por eso en 2000 y 2001 el principal ingreso del gobierno fue la emisión monetaria, y luego impuestos como el IVA, aportes y contribuciones patronales, etc. El plan “platita” derivó en un fuerte proceso inflacionario que ahora no se sabe cómo revertir. A eso hay que sumarle el retraso artificial de las tarifas de los servicios públicos y del tipo de cambio y el gobierno tiene un serio problema para domar el potro de la economía de acá hasta el final de su mandato.

Como dato final, en enero la producción industrial tuvo una baja del 0,3% interanual y del 5,5% respecto a diciembre en términos desestacionalizados.

Por su parte, la industria de la construcción tuvo una baja del 5,5% interanual y del 3,9% en términos desestacionalizados respecto a diciembre. En otras palabras, parece estar asomando un freno a la actividad económica que habrá que ver si se confirma en los próximos meses, con lo cual, la perspectiva de reducir el déficit fiscal gracias al crecimiento de la economía que afirma el gobierno que va a haber en 2022, por ahora no parece estar asomando.

En definitiva, el acuerdo con el FMI es solo para evitar que el default con dicha institución empeore la situación económica, al punto que crearle una corrida cambiaria y financiera al gobierno que no pueda dominar, pero lejos está de constituir la puerta de salida de la larga decadencia argentina.

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