En agosto publicamos "La política energética bajo stress", anunciando la necesidad de ajustar algunos elementos de la política y flexibilizar el plan que el país viene desarrollando.

Los cambios de entorno, más lo aprendido en la implementación del plan ya señalaban la necesidad de ajustes. En el segundo semestre del año dichas señales se han fortalecido.

No es novedad que la introducción de renovables en la matriz eléctrica ha ido mucho más allá de lo inicialmente planificado. Si sumamos los proyectos de energía eólica privados y los de UTE, las granjas fotovoltaicas y la biomasa de generación autónoma, superamos los 1.700 MW de capacidad de generación a partir de renovables no convencionales. En el plan original, en ningún escenario se pasaban los 700 MW, buscando la confección de un portafolio balanceado de renovables y gas. En consecuencia, las previsiones actuales de abastecimiento de la demanda con fuentes firmes se han reducido fuertemente. No obstante, al avanzarse en la construcción del ciclo combinado, se alcanzará la capacidad de generación firme originalmente planeada, dejando al sistema sobreinvertido por algunos años.

Esta realidad relativiza la necesidad de la regasificadora en los plazos previstos. Es difícil justificar económicamente el proyecto, y previendo una baja utilización del ciclo combinado pueden pensarse otras alternativas de abastecimiento o de plazos para realizar el proyecto.

Por otra parte, la capacidad de inversión pública se ha reducido drásticamente, dada la situación de las cuentas públicas en general y de las EE.PP. en particular. El caso de Ancap es paradigmático, y todos sus proyectos de inversión deberán ser re-analizados. El proyecto de biocombustibles, que resulta desde el punto de vista estrictamente económico difícil de sustentar, deberá ser estudiado en detalle.

La nueva realidad del sector eléctrico condiciona decisiones futuras de Ancap. Sin su cliente tradicional para el fuel oil, que era la Central Batlle, debe decidir cómo colocarlo o encarar nuevas inversiones en el proceso de refinación. Adicionalmente, se podría comenzar a "electrificar" el transporte, impactando sobre la demanda esperada de combustibles. Estos extremos deben estudiarse y generar nuevas decisiones de política.

UTE tiene una situación económica y financiera sana, pero los proyectos que ya tiene comprometidos, así como la situación fiscal mencionada, imponen restricciones sobre las nuevas inversiones que debe realizar. Especialmente, las redes de transmisión y distribución requieren actualizaciones importantes. Será un conjunto de iniciativas que deberán financiarse con herramientas innovadoras.

Asimismo, el ciclo económico empieza a cambiar de signo, el dólar se fortalece, los precios de las exportaciones caen y se espera una suba de tasas que impactaría en la disponibilidad de capital, aumentando además su costo. Los proyectos de inversión en infraestructura deberán tomar en cuenta esta realidad.

La necesidad de captar inversión privada, optimizar la gestión de un sistema más complejo y resolver la complicada situación de Ancap, llevan a plantearse la necesidad de cambios en la institucionalidad de las empresas estatales del sector. Entre otras cosas, la capitalización de la que se habla debería aprovecharse para replantear la estructura, objetivos y rubros donde interviene Ancap.

El país requiere de ella como empresa de "Oil and Gas" que sea eficiente; pero su involucramiento desde las bebidas, los alcoholes de farmacia hasta los biocombustibles y alimentos para ganado, pasando por la cal y el cemento portland, no hace más que introducir sobrecostos y restricciones para enfocarse en su negocio principal de forma competitiva.

Finalmente, el país contará con excedentes de electricidad y de gas natural si se llega a construir la regasificadora (imposible de amortizar con el consumo local de gas). El cambio de gobierno en Argentina, más la nueva realidad brasileña generan un escenario que habrá que evaluar y gestionar generando valor para todas las partes.

Es interés de Uruguay encontrar una forma económica de conseguir gas natural y colocar excedentes de electricidad tanto en Argentina como en Brasil, a mejor precio que lo que resulta posible hoy.

Argentina podría integrar a Uruguay en el manejo de sus importaciones de gas natural, o contar con electricidad uruguaya en los momentos de pico, si se puede ofrecer en condiciones de firmeza. La interconexión con Brasil tiene que ser aprovechada, para lo cual se deben realizar gestiones para optimizar su utilización, transformándola en un activo clave para el comercio regional.

Lo del título, el plan energético debe ser actualizado, generando las correcciones que impone el contexto, para poder sostener y mejorar una política que cuenta con logros y amplios consensos.

Observatorio de Energía y Desarrollo Sustentable  (Universidad Católica)