OPINIÓN

El keynesianismo revolucionó a la macroeconomía, por el momento en que John Maynard Keynes escribió su obra cumbre, Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero.

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Tras la gran recesión iniciada en 1929 y el notable aumento del desempleo en Estados Unidos en un contexto caracterizado por una política monetaria sumamente restrictiva que acentuaba la depresión, el presidente Roosevelt lanzó el programa New Deal de gran expansión del gasto público. Tres años después, se publica la obra de Keynes que minimiza a la política monetaria y supone el fracaso de la economía neoclásica para sacar a las naciones de la depresión económica provocada, según el economista inglés, por caída de la demanda agregada. Ante la fragilidad del consumo y de la inversión privada —principales componentes de esa demanda—, el modelo keynesiano sugiere una política expansiva del gasto público que complementaría al privado y permitiría la recuperación de la producción y del empleo.

A pesar de los esfuerzos que siguieron para hacer una síntesis del modelo neoclásico con el keynesiano y de la contra revolución monetarista encabezada por Milton Friedman desde la segunda mitad de los cuarentas, el modelo de Keynes sigue siendo en el que basan sus decisiones numerosas administraciones gubernamentales en el mundo. Se defiende que el gasto público aumente para mejorar un bajo nivel de actividad productiva, el empleo y el ingreso en la economía.

Nosotros hoy. Nuestro país vive un momento difícil desde el punto de vista productivo: la economía está en recesión. Tal vez por razones estadísticas eso no lo refleje la marcha del PIB, ni tampoco porque —como aseguran algunos destacados economistas— se ha valorado en exceso el peso que en su cálculo tienen ciertas actividades. Pero aún así, como la economía se mueve por debajo de su tasa de crecimiento potencial, está en recesión. El mercado laboral refleja esa situación por el lado del empleo y por el del desempleo.

En reciente columna —la del lunes pasado en Economía y Mercado— Gustavo Michelin y Horacio Bafico explicaban que si la cantidad de personas que desean trabajar hoy —definida como la tasa de actividad en la Encuesta de Hogares del INE— fuera la de 2014, la tasa de desempleo sería 11.5% de la población económicamente activa. Se trata de una estimación que la sustenta también la caída —analizada por Isaac Alfie también en esa fuente— de las horas trabajadas en la economía. Trabajar menos horas no implica en muchos casos que ello se refleje en la tasa de desempleo pero es, de hecho, una situación desfavorable en el mercado laboral.

Solución ineficaz. Se menciona en estos días desde algunos sectores oficiales y sindicales que para sobrellevar la situación, y a pesar del alto déficit fiscal, el gobierno debe aumentar el gasto público financiándolo con mayores impuestos. No se dice pero sobrevuela que la otra forma de financiar el mayor gasto para mejorar la actividad es el endeudamiento. Las dos formas de contar con ingresos tienen su contrapartida. El keynesianismo con mezcla de "lucha de clases" está detrás de esas propuestas y se impulsa en momentos en que la política monetaria es restrictiva y la cambiaria un corolario de ella.

Si el gasto público aumenta para solucionar la recesión y se financia con mayor presión impositiva, por más que se la haga aparecer más justa porque recaería sobre los que "ganan más" y los que "tienen más", su contribución a la solución del problema será negativa. Lo empeoraría, entre otras causas, porque el efecto multiplicador del gasto público que se financia tiene como contrapartida la caída del efecto multiplicador del gasto privado que se contrae. El gasto privado tiene mayor poder expansivo de la economía que el gasto público pues para que los fondos que se quitan vía impositiva al sector privado lleguen enteramente al sector gubernamental para que los gaste se transita un camino en el que se pierde el verdadero objetivo de la transferencia: burocracia para cobrar, burocracia para controlar, burocracia para administrar y burocracia para repartir y asignar además de otras burocracias. Y esas burocracias configuran una pérdida social pues nada agregan al PIB y absorben recursos que se pudieron usar productivamente o para consumo. Sacarle a unos para darle a otros tiene un límite que, en Uruguay, se ha sobrepasado con la presión impositiva concentrada en grupos que anualmente se van nutriendo de más personas a las que no es "justo" gravar. No obstante, se sigue insistiendo con aumentos tributarios con rendimientos declinantes por la caída de la inversión y del gasto en consumo que se da por el menor ingreso disponible de quienes son gravados, para que inviertan y consuman.

Aunque no se diga, también el mayor gasto sería financiable con mayor deuda. Es un financiamiento para gastar más hoy que repagarán más adelante generaciones que no se beneficiaron de ese gasto. Surgirán entonces, porque esto es cíclico, las voces que como desde los sesentas hasta el 2003 proponían el no pago de la deuda gubernamental.

El keynesianismo se debe usar en nuestro país en la síntesis que muchos han propuesto con el modelo neoclásico. La política fiscal es tan solo una política macroeconómica y son tantas las variables que hay que manejar para un equilibrio general, que se necesita usar también, como cada vez ocurre más en el mundo, a la política monetaria y a la cambiaria en su versión flexible, es decir, de tipos de cambio flotantes.