OPINIÓN

El pasado 18 de abril el Poder Ejecutivo anunció un conjunto de medidas económicas con el objetivo subsanar la pérdida del poder de compra provocada por la aceleración inflacionaria que se ha vivido en los primeros meses del año. Enseguida se instaló el debate sobre la eventual inconsistencia de la política macroeconómica, señalamiento que no considera ciertos aspectos que desarrollaré en esta columna.

Con respecto a la aceleración inflacionaria, tenemos que decir que es un fenómeno mundial. La inflación en la mayoría de los países del mundo está alcanzando guarismos que no se veían hace décadas. En EE.UU. el último dato de inflación fue de 8,5%. Chile, el mejor alumno de la región en la materia, alcanzó niveles que duplican el techo de su rango meta. La historia se repite en la mayoría de los países europeos. Uruguay no es ajeno a esta realidad; incluso, en términos relativos, el aumento de la inflación fue bastante más moderado que el observado en otros países.

Los cuellos de botella en las cadenas de suministro, las políticas expansivas llevadas adelante por el primer mundo, la tirantez de algunos mercados, así como la invasión de Rusia a Ucrania están en la base del fuerte aumento de las materias primas del cual nos beneficiamos. No debemos obviar que estos ciclos de altos precios internacionales dinamizan nuestra actividad y empleo, sino, recordemos los períodos donde recibimos presiones deflacionarias desde el resto del mundo (ej. 2015-19). Por supuesto, hay un efecto colateral negativo para una economía pequeña y abierta, que es la presión sobre los precios internos de los bienes transables. He aquí la principal causa del aumento de la inflación en nuestro país: el 60% de este fenómeno ha tenido origen en el comportamiento de los precios de los bienes transables (cuando representan en torno al 40% en la canasta), sobre los cuáles tenemos escaso margen de actuación.

En este contexto de sorpresa inflacionaria, debería focalizarse el análisis de la política macro.

Por el lado de la política monetaria, el Banco Central ha actuado conforme a lo esperado. Frente a un aumento de la inflación, ha profundizado el proceso de aumento de la tasa de interés. Dado el origen del shock, el mayor objetivo de la autoridad monetaria debería ser evitar que los cambios transitorios de precios relativos se internalicen como permanentes en las expectativas de inflación futura.

En términos fiscales, el aumento salarial propuesto tanto para funcionarios públicos como para jubilaciones tendería a tener un efecto cuasi neutro en términos reales a lo largo del año, respecto a la proyección fiscal inicial. La elevada inflación que tendremos durante el primer semestre del primer año jugará a favor de las finanzas públicas en el sentido de que tendrá un efecto a la baja sobre el gasto público real. Dicha reducción se vería compensada por este aumento salarial y por una inflación, en principio, más controlada hacia el segundo semestre del año. Parece poco realista afirmar que con los aumentos nominales planteados cambia el tono de la política fiscal, más aún cuando en términos estructurales, ha sido más bien contractiva. En todo caso, tentaciones a desvíos por una mayor recaudación y por cierta cercanía con el período electoral, deberían ser minimizados por la propia regla fiscal y la internalización de que el ciclo es transitorio.

El otro aspecto es el de la indexación salarial y el espiral de precios y salarios que podría desencadenarse. Sabemos que es un fenómeno no deseable y de larga data en nuestro país. La indexación de los contratos salariales existe como respuesta al incumplimiento sistemático de las metas de inflación.

Sin embargo, parece poco probable que las medidas planteadas agreguen una presión adicional a este problema. En primer lugar, porque se trata de un adelantamiento de correctivos, que ya estaban establecidos, de aproximadamente el 30% de los sectores de actividad privada, los cuales además no son los que consideramos grandes formadores de precios. En segundo lugar, porque hay otro 70% que ya tenían correctivos para este año. En todo caso, el problema no es la medida puntual nuevamente, sino la sola existencia de correctivos. El aumento de costos de las empresas que deberán pagar un correctivo entorno al 4% en julio ya debería estar internalizado en las expectativas en tanto se consumó la sorpresa inflacionaria.

Otro factor para tener en cuenta es el de la economía política que juega un rol central en la toma de decisiones por parte de los gobiernos. La siguiente pregunta comienza a hacerse cada vez más presente: ¿es viable una economía creciendo a buen ritmo, con dinamismo en el empleo, con una situación fiscal más robusta que afronte un tercer año de pérdida de salario real? Todo parece indicar que el gobierno ya decidió como responder a esta pregunta.

Por último, un llamado de atención, que no por repetido pierde importancia. La solución definitiva a estos problemas radica, como condición necesaria, en tener una macroeconomía ordenada, en especial que las finanzas públicas sean sostenibles. Pero también en no descuidar el largo plazo; necesitamos un aumento del magro crecimiento potencial de nuestra economía. Esto se logrará solamente si se procesan ciertas reformas pro mercado y a favor de la competitividad. En la discusión del corto plazo parece perderse esta prioridad.

(*) Ramiro Correa, Economista del CED