OPINIÓN

Abriendo la caja de pandora de UPM

Surgen muchas preguntas en torno al acuerdo alcanzado por el gobierno con la empresa UPM. Respecto al ámbito de las relaciones laborales, los compromisos son señalados como aspiraciones de exclusivo interés de la empresa. 

UPM. Foto: El País
UPM. Foto: El País

El país apenas se estaba despertando el pasado martes 23 cuando tomó conciencia del comunicado de prensa de UPM confirmando la construcción de su segunda planta en Durazno. Admito que la noticia me hizo circunstancialmente olvidar preguntas que vengo acuñando desde 2017, entre otras:

i) ¿Qué legitimidad constitucional tienen el Secretario y Prosecretario de la Presidencia de la República con el Director de la OPP para contraer, en representación de todos los uruguayos y obviando al parlamento, obligaciones que deberemos cumplir los próximos 50 años? Y en forma inconsulta, comprometer el destino de las dos próximas generaciones.

ii) ¿Qué tan sustentable para nuestro desarrollo se puede considerar una inversión cuya subsistencia afectará nuestra principal reserva de agua; bien preciado en un planeta golpeado por el cambio climático y que crecientemente demandará alimentos?

iii) ¿Qué determinó realmente que este emprendimiento no se afincara en otro país de igual latitud como Australia o Nueva Zelanda, que aseguran la misma forestación y cuentan con la infraestructura que aquí queda por construir?

Sin perjuicio que las debidas respuestas habrán quedado atrapadas en el secretismo de esa negociación, admito que la información de esa mañana centró nuestra atención en los beneficios inmediatos que ello implicará para esta alicaída economía, reactivando zonas productivamente deprimidas, involucrando centenares de empresas, generando miles de empleos y espacios de diálogo social que aseguren un clima laboral mejor al que hemos padecido.

Muestra de ese shock colectivo fueron las declaraciones del Profesor Grado 5 de Derecho Laboral, Juan Raso Delgue, el jueves siguiente en un programa radial, analizando las Resoluciones y Protocolos laborales aprobados por el gobierno. Este catedrático —olvidando que en 1915, mientras el mundo estaba en guerra, este pequeño país aprobó la jornada laboral de 8 horas— manifestó: “este es el texto más interesante que haya aprobado el Uruguay desde el siglo XX hasta la fecha”.

Sin embargo, el transcurso de los días volvió indomable nuestra curiosidad y obligó a seguir los pasos de Pandora y abrir una caja que no deja de presentar sorpresas.

El cumplimiento de los compromisos asumidos por UPM de aquí en más —siempre que lo manifestare en tiempo— están condicionados a su entera voluntad y libre responsabilidad. Conocida la cláusula que así lo dispone, disparó rápidas reacciones de connotados juristas señalando su ilegalidad; los cuasi disidentes expresamente optaron por el anonimato.

Hubo un notorio contraste entre el comportamiento asumido días anteriores por el Ministerio de Trabajo ante las gremiales rurales —responsables del 80% de nuestras exportaciones— rechazando sus reclamos para adecuar la normativa de los Consejos de Salarios y el adoptado el 15 del mismo mes firmando dos resoluciones y tres protocolos que obedecen al exclusivo interés de una sola industria. Sin duda, la necesidad también en esta oportunidad adquirió cara de hereje y doblegó los viejos postulados de izquierda del partido de gobierno. La justificación parece estar dada por la magnitud de lo que está en juego; en los hechos… no deja de ser un privilegio que dejó fuera empresas nacionales que han venido cargando sobre sus hombros los costos del déficit fiscal, el atraso cambiario, la conflictividad sindical, etc.

A su vez, el consolidado que en materia laboral presentó el gobierno fue señalado desde los ámbitos sociales como una manifestación unilateral y no el emergente de un verdadero y maduro diálogo social.

En sede de relaciones laborales se previó:
• La instalación de una Comisión Tripartita de Seguimiento;
• El funcionamiento de ámbitos de conciliación y mediación escalonados y sucesivos;
• Que las medidas sindicales no puedan afectar la regularidad del trabajo antes de finalizadas todas esas instancias de negociación;
• Un preaviso de 7 días antes de adoptar la huelga o “lock out”; algo impensable de regir durante estos últimos 15 años pese a la plena vigencia de la ley 13.720 en la que se acoge.

Lástima que en ese esfuerzo de sistematización y afán de reactivar la citada ley, volvió a quedar fuera el ejercicio del “voto secreto” para que los trabajadores puedan libremente ejercer su propia opinión.

El ámbito sindical específicamente ha dejado en evidencia que su ánimo de confrontación persiste y que las ocupaciones como medida de reivindicación se seguirán aplicando en iguales términos. Es más, por entender que “las relaciones laborales no se ordenan por decreto”, un líder del Sunca dijo que lo convenido con UPM en nada los compromete.

Por su lado, los empleadores han dicho que no existe ningún acuerdo laboral con la empresa, gobierno y sindicatos más allá de la normativa general por todos conocida.

El tiempo dirá cuánto de esperanza había en esa caja y qué valor definitivamente agregará UPM a nuestro desarrollo. Mientras…constato, gracias al ex Intendente de Rio Negro Omar Lafluf, que 14 años después de instalada la primera planta, los empleos directos en Fray Bentos (incluyendo a Andritz y Kemira) apenas superan los 500 y no puedo dejar de recordar al profesor Barbagelata diciendo: “el camino al infierno está empedrado de las buenas intenciones y por legislación laboral latinoamericana que no se cumple”. Todo indica que con este episodio le aportaremos varios adoquines a esa senda.

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