Novedosa investigación

Cuando los huelguistas se acercaron a la casa del presidente José Batlle y Ordóñez aquel 22 de mayo de 1911, no imaginaban que serían protagonistas de un hecho histórico. Habían votado la primera huelga general del Uruguay con sindicatos de tendencia anarquista, estaban eufóricos, y buscaban al grito de ¡Viva Batlle! a quien consideraban un aliado. El presidente los recibió desde un balcón. Cuentan Barrán y Nahum en el tomo IV del clásico y notable Batlle, los estancieros y el Imperio Británico que el poeta anarquista Ángel Falco, subido a un árbol, se dirigió a él como “Ciudadano Batlle y Ordóñez”, no excelencia ni presidente, y le pidió que los acompañara. El presidente respondió que los instaba a organizarse y a defender sus derechos, pero que no podía ir con ellos. “Soy el encargado de hacer cumplir el orden y los derechos de todos los ciudadanos” les dijo. Ustedes allí, defendiendo a un sector, y yo aquí, defendiendo los derechos de todos. Los del espacio público. Los de la república.

Han pasado más de cien años desde que esos mil huelguistas caminaron por las frías calles de Montevideo y el nuevo libro de la periodista María Urruzola, La cara oculta de los sindicatos en Uruguay; Lucha, pero no mucha, explora cómo se valora hoy ese límite que define lo público, centrado sobre todo en la persona del carismático sindicalista y parlamentario comunista Óscar Andrade (ganador del premio Iris de El País en la categoría “Revelación TV 2018”), y también en la cara oculta de todo el archipiélago sindical. El libro analiza casos de sindicatos donde falta transparencia en el manejo de los dineros, o que tienen poca democracia interna. Los sindicatos poseen hoy una baja aprobación pública entre la ciudadanía, bastante menos que los bancos, la policía, o las Fuerzas Armadas.

La ciudadanía vio en 2014 cómo la justicia condenaba por primera vez a altos dirigentes del gremio de la salud (ASSE) por conjunción de interés personal y público, y nada volvió a ser como antes. Un problema que se arrastraba, donde muy a la uruguaya todos sabían pero nadie decía y, cuando se dijo, cundieron las caras de desconcierto pero también las de piedra. Allí la ciudadanía se enteró que los sindicatos, e incluso la central sindical PIT-CNT, carecían de personería jurídica, y por lo tanto, no estaban obligados jurídicamente a rendir cuentas ante nadie.

Urruzola expone los casos de varios sindicatos, de sus sectores minoritarios exigiendo cristalinidad a los mayoritarios, o de la disciplinada presencia del Partido Comunista para “aplacar” esos reclamos sin que nada cambie. Es mucho el dinero en juego, tanto que a veces —no siempre— se descuenta del propio salario del afiliado, y la institución pública o empresa lo vuelca en forma directa al sindicato, en bloque. Todo ese trasiego es de una opacidad preocupante. La cronista relata en un largo anexo al final del libro cómo ella inició en julio de 2019, el último año del gobierno del Frente Amplio, un pedido de acceso a la información ante 17 organismos públicos sobre los dineros que se entregan a los sindicatos, qué porcentaje se descuenta por cuota sindical, o sobre la situación de las personerías jurídicas, entre otros temas. Ella entiende que “el dinero es una de las condiciones del poder”, lo que recuerda la famosa frase “sigue la ruta del dinero” que le dijo el informante Garganta Profunda a Bob Woodward, el periodista del Post, para avanzar en la investigación del caso Watergate. La información que Urruzola recibió fue dispar, algunos se la negaron, llegó la pandemia y todo se enlenteció. Los resultados parciales figuran en ese anexo donde, por ejemplo, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) entregó “entre 2013 y 2019 más de 8 millones y medio de dólares al movimiento sindical”.

A la poca cultura de rendición de cuentas se suman los dirigentes que luchan por la unidad del movimiento sindical en torno a una única central, cuando la masa de asalariados cambió y mucho, con nuevas categorías y grandes diferencias salariales, pidiendo otras formas de representación o gestión de sus derechos. Ese viejo sindicalismo también soslaya que hay un nuevo actor inédito en la comarca, las redes sociales, un vehículo eficaz para el poder ciudadano que también puede convertirse en cloaca. Urruzola dedica capítulos enteros a estos temas.

Óscar Andrade ocupa dos capítulos (60 páginas), uno de ellos con una larga entrevista donde el líder sindical explica por qué va y viene entre lo sectorial (el sindicato) y lo público (actividad parlamentaria), un ir y venir vertiginoso según la autora, sostenido en “una dialéctica solo apta quizá para superhéroes, como Flash, el corredor escarlata, gracioso”. Cuando se votó la ley de responsabilidad penal empresarial en 2013, Andrade, proveniente del poderoso sindicato de la construcción (SUNCA), asumió como legislador en la banca de Diputados para votarla —era suplente. El entonces diputado Fernando Amado lo acusó de actuar “en bolas nomás, en pelotas. Es sexo explícito”, para sentenciar: “¿No suena a legislo para mí?” Para Andrade esta contradicción se resuelve cuando “la orientación de un sindicato es una orientación que abarca a toda la sociedad”, y volvimos de golpe a 1911. Hay que leer de forma muy atenta la entrevista (Urruzola es una entrevistadora tenaz que mete vértigo), hay mucho dato, y aun así ambos dejan sabor a poco. Como si se estuvieran cuidando de algo que el lector desconoce. Lo que el diálogo revela entre líneas, y que la autora no aborda, es la influencia de una “cultura comunista”, la del ejercicio del poder vertical, casi nunca horizontal, ciudadano. La del poder que emana de los de arriba, no de los de abajo. Si bien en un punto Urruzola habla de “tufillo estalinista”, como si algunos actos fueran excesos propios de cierto comunismo soviético, en realidad es mucho más que eso. Es cultura bolchevique.

Un tema que defrauda es el anunciado en el subtítulo de tapa, “Lucha, pero no mucha”. Urruzola apunta a la claudicación de los valores revolucionarios, no tanto a la cultura muy uruguaya del más o menos, del voluntarismo, esa que puede derivar en graves omisiones o en corrupción. Por ejemplo, podría ilustrarlo el relato que la periodista hace de los planes de vivienda social impulsados por el PIT-CNT en 2010, pero es un relato parcial porque el asunto sigue en la justicia con siete expedientes penales y civiles en curso, donde al parecer nadie sabe todavía quién estafó a quién. Otro tema que deja al lector tirado es el intento de la autora por vincular la mala imagen de los sindicatos con la derrota del Frente Amplio en las últimas elecciones nacionales. A pesar que que aborda una y otra vez el asunto, no convence; si hay un vínculo está en otro libro, no en éste.

Es una obra valiosa por la cantidad de datos que aporta, aunque débil en el análisis y las conclusiones.

LA CARA OCULTA DE LOS SINDICATOS EN URUGUAY, de María Urruzola. Planeta, 2020. Montevideo, 288 págs.