EDUARDO DELGADO

La constitucionalidad del impuesto a la tierra es y será tema de debate. El gobierno cuenta con un informe del reconocido tributarista Leonardo Costa, que sostiene la constitucionalidad del tributo.

En tanto, los también prestigiosos tributaristas Alberto Varela y José Luis Shaw expresaron que es inconstitucional.

"Dejándose constancia nuevamente que en el presente informe no se examinó la conveniencia u oportunidad de la imposición proyectada, sino tan solo si el proyecto es ajustado a la Constitución Nacional, corresponde concluir que la imposición dispuesta por el proyecto de ley que prevé la creación del ICIR es acorde a la Constitución, no vulnerando normas o principios contenidos en ella", expresa el informe realizado por Costa.

Agrega que se le indicó que la DGI colaborará con el cumplimiento del tributo y que ello "en nada altera la situación regular del impuesto".

Costa aclara en su informe que "como la aplicabilidad del proyecto de impuesto a estudio requiere de una detallada reglamentación, deberá esta última apegarse al orden constitucional a los efectos de no innovar o extralimitarse".

En tanto, Alberto Varela señaló que "la Constitución no permite este tipo de impuesto" que "viola la independencia de los gobiernos departamentales, aun cuando el producido sea destinado a ellos".

"Solamente se pueden crear con destinos específicos impuestos que sean adicionales a la contribución inmobiliaria. Este claramente no lo es, porque tiene un hecho generador diferente".

Añadió que departamentos que aporten una parte mayor de los US$ 60 millones que se pretende recaudar pueden recibir menos rubros destinados a caminería rural y otros que aporten menos, más obras.

Varela aclaró que su posición no es un juicio de valor sobre el impuesto sino una observación legal. "Hay un escollo, nada menos que es inconstitucional, y me sorprende que, mas allá de si conviene o no políticamente, el Frente Amplio no lo haya analizado antes".

José Luis Shaw estimó que el impuesto es doblemente inconstitucional, porque viola la independencia de los gobiernos departamentales y porque le da al Ejecutivo una potestad que es del Legislativo, en cuanto a fijar el valor de la tierra.

Shaw consideró que Astori hizo una propuesta alternativa a la de Mujica, pero el impuesto terminó incluyendo a las dos, "con una doble imposición económica muy onerosa y ambas inconstitucionales".

Catalogó de "inconveniente" el tributo, que "cambia las reglas de juego", cuando los inversores buscan estabilidad, hay "turbulencia internacional" y "riesgos de devaluación".