Instituto la deja encinta con semen diferente al de su pareja

En 2007 una pareja de Las Palmas, en Islas Canarias, decidió tener un hijo. El hombre se había hecho una vasectomía años antes, después de haber sido padre en una relación anterior. La pareja, por tanto, se informó sobre el proceso de fecundación in vitro en el Instituto Canario de Infertilidad (ICI).

Un urólogo le realizó dos biopsias testiculares al hombre para extraerle el semen. En su siguiente ciclo de ovulación, a Ruth, nombre supuesto, se le extrajeron cinco óvulos. Realizaron la fecundación in vitro y los dos embriones con más posibilidades fueron transferidos a la mujer, y la pareja aguardó hasta confirmar que Ruth estaba embarazada. La feliz noticia empezó a romper la relación.

Lo que ocurrió fue que al hacerle la biopsia, la clínica había informado al hombre de que era improbable que sus espermatozoides consiguiesen fecundar algún óvulo: estaban inmóviles o tenían una movilidad muy reducida. Pero ese esperma de calidad "pésima", como lo definió un perito, consiguió fecundar cuatro de los cinco óvulos de la mujer, dando lugar a cuatro embriones (un 80% de éxito).

Ya en el hospital, la pareja de Ruth también supo que el RH de los recién nacidos —se quedó embarazada de mellizos— era negativo y tanto el de Ruth como el de él, positivo. Lo que siguió al nacimiento de los bebés fueron dos años de sospechas y acusaciones por parte del hombre.

Cuando la relación llegó a su fin, en enero de 2009, la mujer interpuso una demanda porque el padre de sus hijos se desentendía de ellos. En la vista judicial el hombre presentó el resultado de las pruebas de paternidad que había hecho por su cuenta: no era el padre. A la mujer, que se enteró en ese momento, se le denegó ayuda mientras su expareja y su entorno rompían relaciones con ella y la calificaban de adúltera.

Ruth denunció al Instituto Canario de Infertilidad. La habían fecundado con el semen de un donante anónimo, no con el de su pareja. Eso es lo que acaba de confirmar el Tribunal Supremo al rechazar el recurso del ICI a dos sentencias favorables, en primera y segunda instancia, a la mujer; al Instituto se la ha impuesto una indemnización de 315.000 euros.

Ali Mashlab del Rosario, director médico del ICI, acata la sentencia pero no reconoce el error ni pedirá perdón: alega que es "imposible" un fallo de la cadena de custodia. "Tenemos controles estrictos que no los inventamos nosotros: nos hemos gastado un platal en ellos".

La Sociedad Española de Fertilidad también se ha pronunciado: "Si ya es poco probable que se confundan dos muestras de semen, quien tiene experiencia en embriología clínica sabe perfectamente que es imposible confundir una muestra de espermatozoides congelados obtenidos de testículo, como lo era la muestra en este caso por una vasectomía previa, con otra muestra de semen eyaculado. No existe posibilidad alguna de error".

"¿Es improbable que una mujer quede embarazada de forma natural en un ciclo de reproducción asistida? Bueno. Pero la sentencia no recoge pruebas. Los jueces han optado por los niños: hay menores, eso pesa", se defiende Del Rosario.

En el fallo sí se relata, por ejemplo, que la clínica presentó como testigo no al urólogo que hizo la biopsia testicular, que no se identifica, y sí a una bióloga empleada del ICI que dijo que la biopsia se produjo en un quirófano ajeno al Instituto y que no conoce al urólogo, por lo que podría existir una descoordinación.

Y se alerta sobre el riesgo de que la historia clínica esté manuscrita por diversas personas, por lo que "es posible que un guarismo pueda llevar a error de lectura (un 2 por un 7, un 3 por un 8…)".

En relación al nombre del paciente, el Tribunal señala que no sabe si es completo —nombre y dos apellidos— o únicamente el primer apellido, "en cuyo caso también puede darse el supuesto de dos pacientes con apellidos coincidentes, o similares, en un territorio como el insular en el que es frecuente la repetición de los apellidos".

Finalmente se recuerda la mala calidad del semen y que pese a esto se consiguieron fecundar cuatro de cinco óvulos. Y que los dos transferidos a la mujer eran de calidad 1 y calidad 1-2, por lo que no hubo ni siquiera que descongelar las dos pajuelas restantes. "Esto hace nuevamente surgir la duda de que la microinyección se hubiera realizado con el material" de la pareja de Ruth.

Una de las alegaciones del laboratorio fue que la pareja no comunicó el embarazo a la clínica y, aunque tenía pagadas las pruebas posteriores, prefirió pagar a una ginecóloga particular para que los doctores del ICI no detectaran, según ellos, que el embarazo era por el coito con otro hombre. Ruth declaró haber llamado por teléfono y su pareja dijo que no siguieron yendo a la clínica porque un doctor del ICI le comunicó que ya podían ir al seguro.

¿Qué lleva a una mujer que ya ha sido madre, que no tiene problemas de fertilidad, a pagar y someterse a un tratamiento para tener un hijo con su pareja —sufriendo las molestias de las operaciones y la medicación— para mantener una relación sexual fuera de la relación horas antes o después de ser fecundada y sin protección, exponiéndose a un embarazo y a una enfermedad de transmisión sexual?

Eso se preguntan en la sentencia los magistrados de la Audiencia Provincial de Las Palmas, que se responden a sí mismos: "No tiene ningún sentido". Según el ICI lo pudo hacer para garantizar, si el tratamiento fallaba, "que un varón acomodado la mantuviera a ella y a su prole durante años". Para los magistrados, esto "evidencia una enorme carga de estereotipos sobre el rol y la capacidad de la mujer muy alejados del principio de igualdad y de la dignidad de la persona".

Para esquivar el pago por daños morales, la defensa del Instituto llegó a advertir que "el hecho de tener o no tener un padre no debe necesariamente causar un daño" porque hay gente "plenamente feliz" sin haber conocido a su padre biológico y otra a la que su padre solo le genera "inseguridades y problemas".

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