El próximo jueves declarará ante la Justicia Penal el coordinador de la Jefatura de Montevideo, inspector Mayor Lino Pereyra, para explicar detalles del operativo policial durante los festejos de hinchas de Peñarol que culminaron en destrozos en el Centro y en una asonada contra la Suprema Corte de Justicia. En esa jornada podrían ser llamados otros jerarcas policiales, cuyas dependencias participaron en la represión a los vándalos.

Una multitudinaria protesta tuvo lugar anoche en la Plaza Lafone de La Teja, por el asesinato del feriante Gonzalo Rodríguez, ocurrida el pasado sábado al mediodía.

La Justicia tomó testimonio a dos de los vinculados en la operación por la que el empresario argentino vinculado al kirchnerismo, Lázaro Báez, se hizo con la estancia de US$ 14 millones. La jueza pidió reserva a los declarantes.

Generalmente, como prototipo del Juez ideal se piensa en una figura dotada de profesionalidad, discreción, imparcialidad, equilibrio y mesura; notoriamente ninguno de tales atributos caracteriza la personalidad del ex juez español Baltasar Garzón de visita por nuestras costas. No es mi intención ni juzgarlo ni inventariar sus virtudes, tarea de sus pares. Lo que me preocupa son las razones de esta llegada, inscripta en una guerra inédita y organizada de descrédito a nuestra Suprema Corte y de menoscabo a la independencia del poder que esta encabeza. Y nadie mejor que Garzón para tal propósito inspirado en una motivación ideológica que él encarna a la perfección.

El 22 de febrero, la Suprema Corte de Justicia uruguaya, por mayoría de sus integrantes, declaró inconstitucionales los artículos 2 y 3 de la ley 18.831 sobre “restablecimiento de los delitos cometidos en aplicación de terrorismo de Estado”.

Nuestro Poder Judicial está cercado. Como en Venezuela o en Argentina, “a la uruguaya”, nuestra justicia sufre hoy el asedio oficialista. Nuestro Presidente luce lejano al tema, a diferencia de sus colegas caribeño y porteño. No resuenan discursos exaltados desde la altura pero ,con persistencia, “fuerzas amigas” desatan una campaña nacional e internacional que ha instalado ya una nube de presión sobre nuestra Corte de Justicia.

A nueve días de los destrozos en el Centro, la Policía no reunió pruebas suficientes para que la Justicia detenga o cite a los autores de los ataques a sede de la Suprema Corte y a comercios. También fueron dañados patrulleros y autos particulares.

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) notificó ayer su decisión de rechazar las recusaciones planteadas por cinco fiscales penales que entienden que cuatro integrantes del máximo órgano judicial prejuzgaron en relación a 11 expedientes que investigan casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985).

La jueza federal María Servini dictaminó que la polémica ley "resulta totalmente incompatible con la necesaria independencia política que debe demostrar todo magistrado".

La Justicia resolvió dar lugar a la intimación judicial presentada por el gremio de academias de conducir contra la IMM, bajo apercibimiento de realizar acciones judiciales por daños y perjuicios, al no otorgarle lugares alternativos de práctica.

Mientras la Suprema Corte todavía estudia las recusaciones contra cuatro de sus ministros, el exjuez español Baltasar Garzón criticó a la Corporación por su postura sobre la ley interpretativa de la Caducidad la que espera "se corrija cuanto antes".

Disfrazados de hinchas, unos vándalos incendiaban el kiosco de la señora Giovanna Quiroga y otros robaban electrodomésticos, pisoteando el respeto que merecen el esfuerzo y la ejecutoria de ciudadanos como el señor Carlos Gutiérrez.

En la noche del martes la jueza penal Beatriz Larrieu fue notificada por el Ministerio de Defensa Nacional de que recibiría el informe preliminar sobre el accidente aéreo. Casi al mismo tiempo, ejemplares del informe eran enviados a las comisiones de Defensa de las cámaras de Senadores y Diputados.

La SCJ radicó una denuncia ante la Seccional Segunda de Policía por los destrozos provocados al Palacio Piria y al Palacio de los Tribunales, en el marco de los desbordes ocurridos durante la celebración del campeonato obtenido por Peñarol.

Tras el pedido de abstención del presidente de la SCJ y la visita de un alto funcionario de la ONU, la oposición cuestionó la existencia de "presiones" hacia el máximo órgano del Poder Judicial para que cambie su postura sobre casos de DD.HH.

Para la reforma del sistema penal (que incluye el Código y el Código del Proceso Penal), la mejora de las condiciones de vida de los presos y su reinserción, el gobierno cuenta con el respaldo de un programa de la Unión Europea, que destinó cinco millones de euros con ese fin.

Acá hay una intromisión muy grave en la soberanía del pueblo uruguayo y a su derecho irrenunciable de darse su organización institucional, su forma de convivencia y establecer los principios (republicanos en este caso) que ha decidido que inspiren su camino. El Presidente de la Suprema Corte de Justicia accedió al máximo órgano judicial por mandato unánime de la Asamblea General: los representantes de todos los partidos políticos votaron su designación. Mayor legitimidad, es difícil.

Amerigo Incalcaterra dijó: "El fallo de la Suprema Corte afecta la imagen internacional de Uruguay sin duda", y además aseguró :"Le pedimos a la Corte que levante los obstáculos para investigar las violaciones".

La Justicia salvadoreña rechazó la petición de una joven enferma de lupus para que se le permitiera practicarse un aborto, ilegal en El Salvador, con fines terapéuticos, lo que generó el rechazo de organismos feministas y el aplauso de grupos que coinciden con la Iglesia.

Jorge Ruibal Pino dijo que fue inoportuna la nota donde afirmó que jueces y fiscales que investigan violaciones a los derechos humanos se darían contra una muralla.