En un mercado inmobiliario que actualmente está más que activo, una reciente ley podrían encarecer las transacciones entre comprador y vendedor, cuyo trámite es de por sí bastante caro. Al menos eso es lo que advierten desde estudio de abogados Cervieri, Monsuárez y Asociados.

Desde este mes se comenzó a fiscalizar la ley 18.498, que entre otras cosas obliga a los escribanos a identificar aquellas transacciones comerciales que puedan dar lugar a sospechas de lavado de dinero o financiamiento de terrorismo. Según el estudio esta ley le presenta dificultades a la mayoría de estos profesionales para que se cumpla correctamente. Entre otras cosas, se sostiene desde el estudio jurídico que el decreto que reglamenta la ley no ha sido lo suficientemente difundido. Otro escollo para cumplir correctamente con la ley es que los escribanos no fueron preparados para la recopilación de datos y antecedentes financieros y personales cuando se realiza una transacción económica importante. Otro aspecto esencial de la ley es que existen dos marcas. "Si se realiza una transacción por encima de 100.000 dólares sin instrumentos bancarios como una Letra, hay que informar", dice el abogado Pablo Monsuárez.

La presidenta de la Asociación de Escribanos, Elsa Castro, relativiza las advertencias porque dice que la mayoría de las operaciones se hacen con la participación de un banco. "No es fácil para un profesional preguntarle a un cliente si está lavando dinero", dice. Pero el problema principal para la Asociación no es la pregunta a la que se refiere Castro. Un escribano que no quiso dar su nombre dijo que el problema es el tema de los aranceles: "El gobierno, a través de la DGI, nos quiere obligar a que deroguemos los aranceles que cobramos a los clientes, como les ordenó a otros profesionales".