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En el mundo, a medida que los países crecen y se desarrollan, es común que crezca el número y tamaño de los supermercados. Una consecuencia real o imaginaria de esa expansión es que cierran los almacenes y las tiendas de barrio cercanos al supermercado recientemente instalado.

En parte como consecuencia de ese temor, muchos países (Francia, Inglaterra e Italia, por ejemplo) han aprobado leyes que exigen que los "grandes supermercados" deben pedir permiso a las autoridades competentes para instalarse. Típicamente, una comisión analiza las consecuencias que tendría la instalación sobre los comercios del barrio, o de la zona, y se decide si se aprueba la instalación o no. Estas medidas ayudan, al menos en el corto plazo, a los pequeños minoristas, pero también a los dueños de los supermercados ya instalados, pues reduce la competencia que enfrentan.

Uruguay también cuenta con una ley de este estilo desde 1999 (Ley 17.188). La ley crea, en cada departamento, una comisión de cuatro miembros (Comisiones Departamentales de Protección de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Comercial y Artesanal). Uno designado por el Poder Ejecutivo (que tiene doble voto en caso de empate), otro por la intendencia, un representante de los consumidores y otro de los almacenes. Cualquier supermercado de más de 300 metros cuadrados de superficie de ventas que quisiera instalarse debía pedir permiso a esta comisión; también estaban sujetos a la solicitud de permiso aquellos pequeños supermercados que quisieran ampliarse a más de 300 metros cuadrados. En el 2003, la ley 17.657 bajó el umbral a 200 metros cuadrados. La comisión debe recomendar al Intendente la aprobación o no de la solicitud, en base a los siguientes criterios: el estado de la oferta y demanda y el área de influencia del entrante (definida por la intendencia); la potencial salida de minoristas en el área; el efecto neto sobre el empleo.

La principal diferencia entre nuestra ley y sus precursoras es el tamaño por encima del cual se considera que un supermercado es una "gran superficie": en nuestro país es hoy 200 metros cuadrados, mientras que en el resto del mundo es del orden de 2.000 metros cuadrados. Este umbral tan bajo ha hecho la instalación de supermercados más difícil, y posiblemente haya aumentado los precios al consumidor. La razón es que los supermercados son más baratos que los almacenes, y al restringir la entrada, se obliga a los consumidores a pagar más por los mismos bienes.

Lo que es peor, es que la ley hoy complica la instalación de grandes superficies en donde los consumidores más lo necesitarían: en los barrios de menores ingresos. Las principales cadenas de supermercados están instaladas en los barrios más afluentes desde hace muchos años, mientras que se ha bloqueado la instalación de supermercados grandes en las regiones menos adineradas de nuestra ciudad. En particular, la Intendenta Ana Olivera bloqueó la instalación de un supermercado en la nueva terminal de Colón, aunque el mismo no hubiera tenido un impacto relevante sobre los comercios de la zona (fui parte del equipo que evaluó el impacto potencial de un supermercado en la terminal).

Independientemente de la evaluación de impacto hecha para el supermercado en la terminal Colón, una pregunta importante es qué efecto ha tenido sobre los almacenes en Montevideo la instalación de supermercados de "gran superficie".

IMPACTO EN ALMACENES. Recientemente completamos, junto con Fernando Borraz (del Banco Central y el dEcon de la UdelaR), Daniel Ferrés (de la Universidad de Montevideo y Universidad de Navarra) y Leandro Zipitría (de la Universidad de Montevideo y Universidad de San Andrés), un trabajo que estudia cuánto influyó en la probabilidad de cierre de un almacén, la instalación de un supermercado en el mismo Centro Comunal Zonal (CCZ).

La Intendencia de Montevideo nos proporcionó una base de datos que nos dice, para cada comercio que vende comidas y bebidas, su dirección, su rubro, y si estaba abierto en cada uno de los años entre 1998 y 2007. Luego calculamos para cada CCZ, cuál era la superficie total de supermercados, en cada año. La idea básica del trabajo, es ver si la "cantidad" de supermercados (medida en superficie de supermercados) en un CCZ influye negativamente en la probabilidad de supervivencia de almacenes, panaderías, carnicerías, kioskos y fábricas de pasta.

El resultado principal del trabajo, es que la apertura de supermercados influye sorprendentemente poco en la probabilidad de cierre de los pequeños comercios: la instalación de un supermercado en un CCZ aumenta en 0,4% la probabilidad de cierre de un minorista en ese CCZ. Como el área de supermercados aumentó relativamente poco en el período (1.200 metros cuadrados por CCZ en la década considerada), y cada supermercado tiene en promedio 700 metros cuadrados, es como si en el período hubieran abierto aproximadamente solo 2 supermercados por CCZ. Es decir que el efecto acumulado de los supermercados es de solo 0,8% en la década, aproximadamente.

Como punto de comparación, es natural preguntarse cuál es la probabilidad de cierre de un pequeño comercio minorista en el período: es alrededor de 12% por año. Quiere decir que el efecto acumulado en 10 años de los supermercados, es menor que un décimo de la probabilidad de cierre (en un año) de un comercio minorista.

La estimación tiene algunos de los problemas habituales de los trabajos empíricos. Por ejemplo, es posible que el efecto esté subestimado por situaciones como la siguiente. Imaginemos que si el ingreso en un año es alto en un barrio, no se funde ningún almacén si no entra un supermercado, o se funden 12,4% de los almacenes si entra; por otro lado, si el ingreso es bajo, se funden 12% de los almacenes si no entran supermercados, y 24,4% si entra.

Imaginemos también que los supermercados entran en un barrio si y solo si estiman que el ingreso será alto. En ese caso, observaremos que en los barrios sin entradas, la probabilidad de cierre es 12%, mientras en los barrios donde entra un supermercado la probabilidad de cierre es 12,4%. Así, estimaremos que el efecto de la entrada es solo 0,4%. Sin embargo, el efecto real de los supermercados, es que aumentan la probabilidad de cierre en 12,4%.

En el trabajo hacemos varios controles estándar para evitar este tipo de sesgos en la estimación. Aunque los controles no son perfectos, las estimaciones son bastante estables, lo que podría indicar que estamos estimando el efecto "verdadero" de los supermercados.

ESTUDIOS DE IMPACTO. El análisis de la ley se puede hacer a varios niveles. En primer lugar, me parece que la ley está protegiendo cosas que no debería proteger. Por ejemplo, si la instalación de un supermercado llevara al cierre de un almacén, porque la "tecnología" del almacén hace que sea más caro (o inconveniente) para el consumidor, no hay razón para evitar que el consumidor obtenga algo que le gusta o le hace bien. En particular, posiblemente el trabajador en el almacén sea "menos productivo" que lo que podría ser en alguna otra actividad: su valor agregado a la sociedad está sobrevalorado por la distorsión que introduce la ley.

No quiero decir con esto que la ley no tenga ningún sentido. Podría ser que por cuestiones "urbanísticas", sea bueno mantener la "vida de barrio", y podría suceder que un supermercado "matara" eso.

Sin perjuicio de ello, nuestras estimaciones indican que el efecto de los supermercados sobre el comercio minorista no es tan grande, y que la Intendencia debería ser más permisiva con la instalación de "grandes superficies", especialmente en los barrios donde los consumidores más lo necesitan.