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JUAN DUBRA

Hace unos días un diputado oficialista citó al senador Bordaberry, quien supuestamente dijo que yo había afirmado que aumentar las penas no reducía el delito. No creo que yo lo haya dicho, pero eso no es lo importante. Como habrá un plebiscito sobre la baja de la edad de imputabilidad que pretende reducir el delito a través del aumento en las penas para un grupo que aumentó su participación en el delito, es importante entender si aumentando las penas se conseguirá el efecto deseado. Por eso, en esta nota analizaré algo de la evidencia sobre este tema.

El primer trabajo en hacer una estimación econométrica moderna y creíble sobre si penas mayores reducen el delito es "El efecto del tamaño de la población carcelaria en las tasas de delincuencia: evidencia de los juicios sobre hacinamiento carcelario" de Stephen Levitt (The effect of prison population size on crime rates: evidence from prison overcrowding litigation) publicado en el Quarterly Journal of Economics en 1996. Esta nota se basa en ese artículo.

Para entender por qué se tardó tanto en llegar a una buena estimación sobre un tema tan importante, hay que entender las dificultades de reportar una correlación entre la cantidad de presos y el delito. La idea general de estimar ese efecto era que si un aumento de 1% en la población carcelaria se traducía en una reducción de 0,16% en la criminalidad (digamos, delitos cada 100.000 habitantes, que es una medida común), se interpretaba como "un aumento en las penas que llevara a un aumento en la población carcelaria en 1% reduciría el delito en 0,16%".

Pero pensemos qué nos dice ese número, estimado por ejemplo por Marvell y Moody para Estados Unidos en "Prison population growth and crime reduction", en el Journal of Quantitative Criminology en 1994). Para empezar, a muchos les chocará, porque a menudo sucede que al mismo tiempo que aumenta el delito, aumenta la población carcelaria (porque se encarcela a más criminales). Por ejemplo, Levitt reporta que entre 1971 y 1993, la población carcelaria en Estados Unidos se triplicó, mientras los delitos violentos se duplicaron.

La dificultad, por supuesto, radica en "depurar" el efecto de las penas sobre el delito, pero eso es complicado ya que existe esa tendencia natural a que el delito y la población carcelaria se muevan en la misma dirección.

Otra forma en que se intentó estimar cómo cambiaría el delito aumentando la extensión de las penas fue a través de encuestas a los presos, para ver cuántos delitos cometía cada uno. La presunción era que si el preso promedio cometía 12 delitos por año, retenerlo un año más en la cárcel, reduciría en 12 el número de delitos cometidos. Este tipo de estudios tiene varios problemas. En primer lugar, los que cometen pocos delitos tienden a sub reportar, y los que cometen muchos, a sobre reportar, y el efecto neto se desconoce. En segundo lugar, un cálculo de ese tipo solamente estima el efecto de "incapacitación" de dejar al reo un año más en la cárcel (solo toma en cuenta que esa persona estará incapacitada de cometer más delitos). Como no toma en cuenta el efecto disuasivo que tendría sobre los potenciales delincuentes, subestima el efecto de aumentar las penas: si una persona está evaluando cometer un delito, quizás no lo cometa, si la pena es de 4 años en vez de 3. Otro defecto de estos estudios, pero que corre en sentido inverso a los anteriores, es que si encarcelamos a un delincuente, y su lugar lo toma otro, la mayor encarcelación no reducirá el delito.

METODOLOGÍA LEVITT. La clave para estimar el efecto de más encarcelación sobre el delito es encontrar instancias en que la cantidad de presos cambia por motivos que no tienen que ver con la cantidad de felonías ocurriendo en las calles. Como lo indica el título de su trabajo, Levitt utilizó los juicios que iniciaron organizaciones de derechos humanos y grupos en defensa de los derechos de los presos, en varios estados de Estados Unidos, contra el hacinamiento en las cárceles. Esos juicios tenían el objetivo de mejorar las condiciones en que se encontraban los presos, principalmente como consecuencia del hacinamiento.

El autor mostró tres pasos claves: que los juicios ocurrían en estados y momentos del tiempo que no tenían nada que ver con la cantidad de delito; que los juicios llevaban a menores números de presos; que las caídas en el número de presos asociadas a este mecanismo se traducían en una mayor cantidad de delitos.

El primer punto es el más importante para que la estrategia de estimación tenga sentido: si los litigios se iniciaran en estados en los que se esperara que el delito aumentara, veríamos una caída en el número de presos, y un aumento en la delincuencia, aunque el menor encarcelamiento no estaría causando el aumento del delito. Para argumentar que eso no es así, el autor mostró que en los estados donde se iniciaron los juicios la cantidad de delitos y su crecimiento, se comportaban en forma similar a aquellos en los que no se iniciaron. Realizó además algunas pruebas para ver si las variables tenían el comportamiento adecuado, y los resultados fueron los deseados.

El segundo paso era mostrar que los litigios redujeron el número de presos. Por ejemplo, el autor documentó que en los estados en los que todo el sistema carcelario quedó bajo control de las cortes, el crecimiento anual en el número de presos era 2,3% mayor que el promedio a nivel nacional en los tres años anteriores al inicio de los juicios. En contraste, en los tres años posteriores al inicio de los litigios, el crecimiento en el número de presos fue 2,5% menor al promedio nacional.

Finalmente, el trabajo muestra que los movimientos en el número de presos, asociados a los litigios, tuvieron un efecto pronunciado en el delito. Según la estimación, una caída de 1% en la población carcelaria debida a juicios por hacinamiento lleva a un crecimiento en el delito violento de 0,4%. Eso significa que por cada preso que salía del sistema a causa de un juicio, significaba un aumento de 15 delitos por año. Ese número es consistente con las encuestas mencionadas antes, según las cuales, al ordenar a los presos según el número de delitos anual que decían que cometían, el preso que dividía a la población carcelaria a la mitad, cometía 12 delitos. Si uno toma esas encuestas y estas estimaciones en serio, lo que quiere decir es que el efecto disuasivo de aumentar las penas es mayor que la velocidad a la que los delincuentes "llenan la vacante" dejada por alguien encarcelado.

Para entender cuánto más grande es esta estimación que lo que sería una sin seguir sus métodos, el autor corrió la misma regresión, pero en vez de analizar los cambios en la población carcelaria que fueron consecuencia de litigios, tomó a los cambios en la población carcelaria como exógenos, es decir, sin tomar en cuenta que a menudo los cambios en la población carcelaria son consecuencia de cambios en la delincuencia. En esa regresión, una caída de 1% en la población carcelaria se asociaba a un alza de solo 0,1% en el delito violento: la estimación correcta es cuatro veces más grande que la tradicional. Sucede algo similar con el delito contra la propiedad: caídas de 1% en la población carcelaria debidas a litigios llevan a aumentos en estos delitos de entre 0,26% y 0,32%, mientras que la estimación que trata a la variación en el número de presos como exógena dice que aumentarían en solo 0,07%.

Trabajos más recientes confirman estos hallazgos y estimaciones, aunque no toda la evidencia es inequívoca a favor de "mayores penas reducen el delito". Esos trabajos no toman en cuenta que quizás la situación para los jóvenes sea distinta que para los adultos. En una nota futura analizaré la evidencia al respecto.