Plantados y preocupados

POR NICOLÁS LUSSICH

nlussich@seragro.com.uy

La forestación enfrenta un año 2012 con preocupaciones aumentadas. A la pésima situación del sector de madera sólida se suma un ajuste a la baja en el precio internacional de la celulosa, el cual –si bien no es drástico– muestra que el producto no es inmune a los problemas de la economía global.

De todas formas, el sector forestal sigue creciendo y el montaje de la nueva planta de celulosa de Montes del Plata será uno de los hechos relevantes del año, porque aportará entre 0,5 y 1% al crecimiento del PBI, según estiman los expertos de Deloi-tte. Es una muestra de la profundidad del desarrollo sectorial, que suma inversiones en capacidad y en tecnología, al tiempo que busca seguir incrementando la producción, más allá de los obstáculos que presentan los mercados.

Estado crítico

En octubre, la empresa Weyerhaeuser resolvió detener la producción y enviar al personal -aproximadamente 300 trabajadores- al seguro de paro. La decisión se tomó ante la alicaída demanda externa de sus productos. La firma –líder mundial en productos madereros- colocaba en Europa cerca de 50% de sus exportaciones y la situación en el Viejo Continente la afectó directamente.

No es la primera vez que esta compañía estadounidense enfrenta dificultades en sus ventas externas: a partir de 2007, la crisis inmobiliaria en EEUU (luego seguida por la crisis financiera) redujo drásticamente la demanda en ese país, destino natural de la producción. Se debió virar a otros mercados, lo que se hizo en forma exitosa y permitió sostener la actividad. Ahora llega la crisis europea y los márgenes de maniobra son menores: se acumuló stock y la empresa prioriza colocarlo, antes de volver a fabricar.

El caso de Weyerhaeuser es significativo por varias razones. Ha invertido más de U$S 450 millones en Uruguay. Posee una fábrica de tableros de última tecnología. Además, tal como se buscaba con la política foresto-industrial promovida desde 1988, es un ejemplo de desarrollo descentralizado, con locación de fábricas y empleo en el Norte, diversificando la oferta exportadora. Tiene un proyecto de largo plazo, para ampliar el número de plantas industriales y la producción, que –lógicamente– hoy está frenado.

Los mercados no la han acompañado: crisis tras crisis, las ventas se han complicado, a pesar de que se alcanzaron exportaciones por U$S 38 millones en 2011 (un récord, porque los bosques van creciendo y aportando cada vez más producción).

Contrariamente a lo que sucede en otros sectores del agro, que han expandido las ventas en países de la región, o en naciones petroleras con capacidad de compra, en este caso las ventas han estado enfocadas a los países desarrollados o a los asiáticos. Los primeros retrajeron la demanda y los segundos tienden a comprar materias primas más que productos manufacturados, dada su abundancia relativa de mano de obra.

Los problemas de Weyerhaeuser, con matices, son los de toda la industria de la madera sólida (aserraderos y productores de tableros). Urupanel –otra firma localizada en Tacuarembó, de menor escala pero igual perfil que Weyerhaeuser– también detuvo su producción.

A partir del pasado 2 de enero, la planta de Weyerhaeuser reincorporó a todos sus trabajadores y volvió a la producción, en la medida en que logró colocar gran parte del stock acumulado.

Sin embargo, según señaló a El País Agropecuario el gerente general de la empresa, Álvaro Molinari, "las dificultades que originaron la parada persisten. En particular, la demanda europea sigue débil y a precios bajos. A este escenario internacional complicado se suma que los costos internos en Uruguay continúan aumentando, lo que agrava los problemas de competitividad".

A su vez, otras empresas de este sector han optado en los últimos meses por exportar la madera para aserrar en bruto, sin procesar, pues resulta más conveniente: se evitan los excesivos costos de la fabricación y se apuesta por un producto de colocación más fácil, con buena demanda en el Asia, donde –justamente– se procesan las siguientes fases de transformación, hasta los productos finales. Así, los excelentes troncos de pino, producidos a partir de un cuidadoso manejo de los bosques durante 15 a 20 años, salen al exterior sin transformarse.

Más que un síntoma de "falta de valor agregado" (valor se agrega en todas las fases), es un síntoma de que la fase industrial enfrenta serios problemas de competitividad, tanto en costos como en su inserción comercial. Las cifras indican que las exportaciones de madera sólida procesada (tableros, madera aserrada, etc.) cayeron casi 50% en 2011: pasaron de 94 a 51 millones de dólares anuales. Al mismo tiempo, la exportación de madera bruta de coníferas (que tiene como destino esencial el aserrado) se multiplicó por cuatro y alcanzó a casi U$S 10 millones.

Sabemos que para los industriales este asunto no tiene la menor gracia: exportar con menos trabajo es deprimente para la vocación manufacturera. Para sostenerla, no solo hace falta más competitividad: se requiere también una relación empresarios-trabajadores que apueste a una mirada de largo plazo. Lamentablemente –tal cual se ha reportado en esta revista– 2011 fue un año de conflictos, más que de cooperación. Otro factor que juega en contra.

Cuidados intermedios

La situación en el sector de madera para celulosa es muy diferente a la descripta para la madera sólida: los mercados son mucho más fluidos y –si bien se ha procesado un ajuste de precios– la competitividad de la industria uruguaya (léase UPM) es muy alta (de las mayores del mundo), por su capacidad de generar un excelente producto a bajos costos, su gran escala, sus cualidades logísticas y la potente capacidad de crecimiento de los bosques de Eucalyptus orientales.

Tan firme es la competitividad de esta industria que mientras varias plantas europeas de UPM enfrentan problemas serios para sostenerse (algunas ya han cerrado), la de Fray Bentos quiere ir a más y se proyecta una expansión en su capacidad de producción. Sucede además que la celulosa de Eucalyptus está sustituyendo a la celulosa de otras fibras, ampliando su participación de mercado.

Con este panorama, no es casual que se construya una nueva fábrica: Montes del Plata realizará el montaje de su planta en Punta Pereira durante este año y comenzará a operar en 2013. Es una instalación de mayor escala, aunque con un soporte logístico más complicado y una base forestal más extendida y diversa. Además, el costo de construcción en dólares resulta mucho mayor que el de la planta de UPM (en aquel tiempo, Botnia).

Es por todo esto que la empresa obtuvo ciertas compensaciones, incluidas en el contrato que firmó con el Estado uruguayo. Además de algunos compromisos para facilitar la forestación en zonas más cercanas a la planta, la base forestal de Montes del Plata estará exonerada del Impuesto al Patrimonio (Forestal Oriental lo paga).

Cuando funcione la nueva planta Uruguay se constituirá en uno de los principales productores mundiales de celulosa de Eucalyptus, con casi 10% del total. Los precios de esta celulosa disminuyeron en forma importante en los últimos meses, aunque se mantienen en niveles buenos. En Europa bajó 25% en 2011 y se sitúa en 651 U$S/ton. El precio promedio de exportación de la celulosa uruguaya fue muy bueno en 2011, pero todo indica que caerá este año.

Costos y beneficios

Mientras los mercados externos someten al sector forestal a fuertes bamboleos, el gobierno profundizó la tendencia a reducir los beneficios al sector (con decisiones generales o específicas), mientras se aumenta la carga de impuestos y tasas.

En este proceso, la aprobación del ICIR (Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales) es, tal vez, el capítulo más notorio y polémico, pero no el único. El ICIR afecta particularmente a los grandes productores forestales, que son propietarios de grandes extensiones de tierra. Antes, se reinstauró la Contribución Inmobiliaria para los montes con destino a celulosa y últimamente algunas intendencias cobran tasas de circulación, con dudoso fundamento legal y cierta indulgencia del gobierno central.

La Sociedad de Productores Forestales (SPF) encomendó un estudio sobre la situación del sector y –en particular– acerca de su carga tributaria. El estudio (titulado "Después de 20 años de esfuerzo: ¿Dónde está el sector forestal uruguayo y cuáles son sus problemas?") fue elaborado por los economistas Gustavo Michelin y Horacio Bafico. Establece –como base de análisis– un escenario futuro de producción estabilizada (madura) de 18 millones de metros cúbicos anuales de madera (hoy se generan 11 millones), a partir del área forestada hasta 2008, unas 884.000 hectáreas. Esto implica una cosecha de 68.500 hectáreas anuales de montes, considerando las distintas zonas y modalidades de producción, con sus costos respectivos ponderados.

Primero, la investigación estima lo que el Estado aportó en subsidios y exoneraciones de impuestos. Recuerda cuáles fueron los atractivos fiscales iniciales para desarrollar la forestación: exoneración de todo tributo sobre la propiedad inmueble rural y de la Contribución Inmobiliaria Rural, del impuesto a la renta en sus diversas formas y del Impuesto al Patrimonio. Además, el subsidio directo para cubrir 50% del costo de las plantaciones en suelos de prioridad forestal.

Asimismo, se agrega que el sector usufructuó posteriormente (en su fase industrial) los beneficios generales de la ley de inversiones y del régimen de zonas francas. Argumentan que la forestación cumple con creces los objetivos de la promoción de inversiones (aumento del empleo y de las exportaciones, descentralización, uso de tecnologías limpias, e incremento de la investigación, del desarrollo y del valor agregado nacional), por lo que su inclusión en estos regímenes está plenamente justificada.

El informe señala que, por concepto de subsidios a la plantación, el Estado aportó U$S 94,5 millones (los subsidios ya se eliminaron para las nuevas plantaciones, pero aún resta pagar un saldo). Para estimar el "costo fiscal" (renuncia fiscal) de las exoneraciones de impuestos, los economistas optan por considerar que –de no haberse promovido- la actividad forestal no se hubiese realizado. Se valúa entonces la renuncia fiscal sobre la renta de oportunidad "perdida", en este caso la derivada de la ganadería de cría. Así, se estima la renta ganadera hipotética de las 884.000 hectáreas que se destinaron a forestación, de lo cual surge que –según Bafico y Michelin– se dejaron de recaudar entre tres y cinco millones de dólares anuales.

Los expertos mencionan, de todas formas, que la DGI realizó el cálculo de esta "renuncia fiscal" con el supuesto de que la forestación se hubiera realizado de todas formas, más allá de la promoción. Así, Impositiva estima una renuncia fiscal de U$S 8,3 millones anuales.

El estudio también analiza el aporte estatal en infraestructura. Se señala que ha variado con el ciclo económico y que –en los últimos años– ha sido relativamente bajo, aunque aumentó recientemente y se apunta a de 200 a 300 millones de dólares anuales (en total, no solo para el sector forestal).

En particular, estiman que las intendencias han aplicado unos U$S 10 millones anuales a caminería específica para forestación (con partidas del MTOP), cifra que se eleva a U$S 20 millones en los últimos años. En contrapartida, estiman que el sector forestal pagó cerca de U$S 8 millones en peajes.

Proyección de impuestos

El estudio se aboca luego a calcular el aporte impositivo del sector en el escenario futuro descrito (cuando produzca 18 millones de metros cúbicos anuales). Se aclara que "lo que se observa en los últimos años es solo el comienzo de la maduración de las plantaciones iniciales, quedando todavía una trayectoria de varios años para lograr una maduración del nivel de producción acorde a la superficie forestada".

Así, la proyección que realizan los economistas anticipa el nivel de producción que se observará en el futuro, sin considerar nuevos aumentos de la superficie forestada. Cabe señalar que esto lo vuelve un escenario conservador, pues es esperable que el área siga creciendo, aunque tal vez a menor ritmo. La nueva planta de celulosa es un fundamento claro para esperar esto.

El estudio trabaja sobre tres modelos de producción que se consideran los predominantes: pino para aserrado (ciclo de 24 años), Eucalyptus grandis en el Litoral (ciclo de 20 años para aserrado y 10 para celulosa) y Eucalyptus globulus en el Sureste, con destino a celulosa (ciclo de 10 años).

Para cada modelo se establece una estructura de costos, que surge de promediar diferentes realidades empresariales dentro de cada categoría, a los efectos de sustentar las estimaciones tributarias. A su vez, cada modelo se pondera en la producción total anual proyectada, según la superficie que hoy cubren, de modo de calcular la presión tributaria global sectorial.

Las tareas productivas consideradas en la producción primaria (sobre las que se realiza el cálculo) son plantación, mantenimiento, cosecha y flete.

Los economistas remarcan que "la actividad forestal utiliza en los primeros años gasoil y mano de obra, ambos con carga tributaria alta". Agregan que "los ingresos que permiten recuperar los impuestos ocurren una o dos décadas después", por lo que hay un alto costo financiero.

Luego se estima el peso fiscal, por estos dos conceptos, para el total de 884.000 hectáreas, incluyendo costos financieros, de la plantación a la cosecha. En cuanto a aportes patronales, se estima un costo por hectárea de U$S 378, sumando las cuatro tareas referidas. Esto implica U$S 26 millones anuales para el sector (considerando que se cosechan 68.500 hectáreas por año).

En cuanto al gasoil, se estima un costo impositivo total (considerando IVA y fideicomiso del transporte) de 535,5 U$S/há, lo que hace un total de U$S 37 millones anuales. Los economistas adicionan un costo por el monopolio de ANCAP, que calculan en U$S 29 millones por año, basados en la diferencia entre el precio internacional y el local. En todo caso, es un costo que también tiene el resto de los sectores.

En cuanto al impuesto a la renta, en el estudio se expresa que, "a pesar (de) que la inversión en el sector se atrajo con la premisa de la exoneración de todos los tributos sobre la renta, el Estado modificó las condiciones y en la actualidad hay una carga impositiva sobre la renta del sector. En la reforma tributaria del 2006 se eliminó la exoneración para la producción forestal en ciclos de menos de 15 años, o sea la producción de materia prima para la industrialización en celulosa. De acuerdo a la estimación de la DGI, el IRAE por metro cúbico sólido extraído se ubica en U$S 1,35".

Se agrega que, "como el ciclo de producción es relativamente corto, se estima que cuando las otras producciones alcancen la tendencia, va a haber ocurrido la renovación de las plantaciones iniciales más cortas y por lo tanto corresponde aplicar la nueva normativa tributaria del 2007. En base a la producción de tendencia y tomando en cuenta que las plantaciones para celulosa producirán aproximadamente 9,0 millones de metros cúbicos anuales, se estima un IRAE de U$S 12,5 millones anuales".

Además, se señala que a partir de la reforma tributaria se grava con Impuesto al Patrimonio (IP) a la forestación propiedad de sociedades anónimas con acciones al portador, que es aproximadamente la mitad del área forestada total. Además, a partir de 2008 (Ley 18.245), se cobra la Contribución Inmobiliaria Rural a la forestación para celulosa, antes exonerada. A esto se sumará el ICIR.

¿Cuánto implicaría cada uno de estos impuestos en el escenario proyectado? El IP se calcula sobre 550.000 hectáreas (50% de la superficie forestada), más 25% adicional de tierras en propiedad, no forestales. Tomando un valor promedio de 15 U$S/há, esto implicaría U$S 8,3 millones anuales. La Contribución Inmobiliaria Rural fue estimada en 3 U$S/há, en promedio, y los economistas lo aplican sobre la forestación para celulosa, incluyendo áreas no forestadas (caminos, cortafuegos, etc.). El total anual proyectado para este tributo es de U$S 2,0 millones anuales.

Respecto al nuevo ICIR, que afecta a casi toda el área forestada, se prevé un impuesto promedio de 11 U$S/há, con un índice Coneat medio de 70, lo que daría una recaudación de U$S 8,5 millones. Decimos "casi" porque la forestación emprendida por las cajas de ahorro (profesional, bancaria, notarial) quedó exonerada en el trámite parlamentario, aunque es un porcentaje bajo del total.

En lo que refiere al IVA, dada la estructura de costos, se estima que 70% del costo de plantación y 50% del mantenimiento generan IVA, directa o indirectamente. El IVA puede descontarse –pero al final del ciclo–, por lo que genera una carga financiera que se calcula en U$S 14,6 millones por año, considerando el escenario supuesto y una tasa de descuento de 10% anual en dólares.

El total de estas estimaciones arroja la cifra de U$S 152 millones anuales, lo cual implica 172 U$S/há forestada, u 8,5 U$S/m3 sólido. El estudio muestra que el sector –lejos de estar "exonerado"– paga impuestos ampliamente. ¿Mucho o poco? La cifra no es estrictamente comparable con la de la tributación del agro estimada por OPYPA (U$S 266 millones en 2011, unos 18 U$S/há, promedio), porque en el trabajo de la SPF se incluyen los fletes, además de ser metodologías distintas.

De todas maneras, hecha esa salvedad, es claramente una carga tributaria pesada. Otra cuenta: si se considera que la tierra forestal (estimación gruesa) vale un promedio de 3.000 U$S/há, los referidos U$S 172 de impuestos son casi 6% del valor de la tierra.

Con atraso

El trabajo de la SPF contrasta esta carga tributaria con la situación de mercados (que ya analizamos) y con la caída del tipo de cambio real, que ha encarecido la producción, afectando la competitividad (atraso cambiario). El hecho se agrava por ser la forestación un sector enfocado, casi en su totalidad, a la exportación.

Así, se indica que mientras los precios finales aumentan 40%, los costos de mano de obra y el gasoil se multiplican por tres, y por lo tanto también lo hacen los fletes y los servicios de cosecha. La tierra "ve su precio multiplicado por cinco y avanzar en nuevos proyectos para lograr escala que sostenga inversiones industriales se hace cada vez más difícil", se puntualiza en el estudio.

En este contexto, se señala que "el atraso cambiario es la principal preocupación del sector, debido a que apostó a agregar valor a la materia prima nacional en lugar de exportarla en bruto para su manufactura en el exterior (…). En la actual coyuntura, cuanto mayor valor nacional se le agrega a la materia prima, mayor es la pérdida de competitividad, por la evolución de los precios internos en dólares". Este concepto remite a lo analizado al comienzo: aumenta la exportación de madera en bruto, en desmedro de la madera aserrada (industrializada).

Futuro

Con este panorama, la situación del sector forestal luce contradictoria: si está tan mal el asunto, ¿por qué se está montando la planta de Punta Pereira, la mayor inversión privada de la historia uruguaya? ¿Por qué se sigue exportando por cientos de millones de dólares? Es que una cosa no quita la otra: los fundamentos de estas tendencias y decisiones son robustos, pero pueden erosionarse, y por eso la preocupación del sector, expresada profesionalmente.

También es contradictoria porque –como vimos– la situación del rubro de la madera aserrada es verdaderamente crítica, no así la de producción de celulosa. La apertura de mercados para colocar madera aserrada debería ser preocupación principal, mediante un esfuerzo público-privado. En Tacuarembó lo esperan con ansiedad.

A largo plazo, el sector forestal le abre potentes oportunidades de desarrollo al país: desarrollo logístico, energía, construcción e –incluso– todo un área de investigación y desarrollo de nuevos materiales y productos, de lo que Uruguay puede tomar parte, pues cuenta con buenas cabezas y empresas líderes mundiales. Sin ir más lejos, UPM invertirá más de un millón de dólares en un nuevo centro de investigación y desarrollo sobre la celulosa de Eucalyptus, y también sobre nuevos usos para los subproductos.

Sería una pérdida tan grande como difícil de estimar que todo esto quede afectado por el recelo y la desconfianza que se han generado como consecuencia de decisiones de política sectorial y tributaria que han estado lejos de ser coherentes.

Visiones contrapuestas

Con diferencia de pocos días, la Sociedad de Productores Forestales y el Instituto Uruguay XXI dieron a conocer extensos informes sobre el sector.

El informe de la SPF señala que "desde 2005 han ocurrido gradualmente cambios en las reglas de juego que reducen el atractivo con que se realizó la invitación a invertir en Uruguay. No se trata de un cambio aislado sino de una sucesión de modificaciones que van generando una sensación incremental de rechazo al sector o en el mejor de los casos el oportunismo del sector público para aprovecharse de la producción primaria y las actividades industriales del sector una vez que ‘hundieron’ sus inversiones en el país".

El informe de Uruguay XXI es un análisis del sector forestal como oportunidad de inversión. Se destaca que "Uruguay dispone de un marco jurídico estable y propicio para la inversión en el sector, y de un código nacional de buenas prácticas forestales para el logro de una producción sostenible, atendiendo los requisitos de la demanda internacional".

En otro pasaje del trabajo de la entidad oficial se agrega que el país tiene "un régimen legal conveniente para el comercio de bienes, que permite utilizar individualmente, o combinar diversas modalidades (Zonas Francas, Puertos Libres, Aeropuerto Libre y Depósitos Aduaneros), enclaves donde no se abonan tributos aduaneros ni impuestos a la importación/exportación".