TORMENTO

Las víctimas que esconde el silencio

Joven de Rivera fue violada por su padre durante 12 años, de quien tuvo dos hijos, pero la Justicia archivó el caso. Aquel "error" judicial revivió esta semana y desnudó la falta de protección de las abusadas. En la mitad de 2016 el Estado atendió a la misma cantidad de situaciones de niños víctimas que todo el 2015.

El eterno femenino de una imaginativa pintora
Foto: Freddy Fernández.

Las gotas se filtraban por el techo y caían justo al lado de la cuna, pero no era lo más preocupante ese día de lluvia. Cuando el pediatra llegó a ese rancho de La Arenera, pasando el barrio con mayor crecimiento demográfico de Rivera y del país, notó que esas paredes roídas encerraban un entramado de violencia familiar, abusos y violaciones.

El niño que lloraba en la cuna era el hijo de una niña de 13 años, de iniciales J.G. El padre del pequeño era, en realidad, su abuelo biológico, como también lo sería, dos años después, de su hermano. Justamente con el segundo nacimiento —prueba de sangre mediante— se constató la sospecha del pediatra. La situación también había sido denunciada por una psicóloga que realizaba visitas en el barrio. El examen de ADN determinó que ambos niños eran en un 99,999% el resultado de una relación incestuosa, y violenta, entre padre e hija.

Esta historia que para la Justicia comienza en 2009, sumó un nuevo capítulo esta semana. El fiscal de Corte, Jorge Díaz, reconoció que fue un "horror inexcusable" haber archivado aquel caso y optó por trasladar al funcionario que había actuado, Ricardo Chiecchi. Si bien la asociación de fiscales aún no se expidió, algunos de sus integrantes tildaron a la situación de "linchamiento" y "persecución" hacia el profesional.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia recibió el jueves el informe en el que el juez competente, Gustavo Iribarren, justifica su actuación. Recién el primero de julio de este año la actual jueza de Rivera ordenó el procesamiento con prisión del padre abusador, quien se suicidó en su primera noche tras las rejas.

Según fuentes del caso, el magistrado que actuó primero "no encontró elementos" suficientes porque "solo tenía un rumor". Entrevistó a la víctima y a su madre, y ambas testificaron que la psicóloga "mentía". Incluso la niña expuso que había mantenido relaciones sexuales con dos "novios" a quienes les atribuyó (falsamente) los embarazos. Uno de esos "novios" fue citado a declarar y admitió el vínculo.

¿Cómo es posible que un juez tome como válidos solo los testimonios de los familiares? cuestiona María Elena Mizrahi, coordinadora del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav), un conglomerado de instituciones que fue responsable de rearmar el caso desde agosto de 2015 y que derivó en la reapertura de la causa. "Ya lo decía el juez argentino Juan Carlos Rozansky: El abuso sexual infantil se caracteriza por el silencio familiar, la amenaza, la culpabilización del entorno hacia la víctima y la retractación como confirmación del abuso".

Mutis en la ciudad.

El padre la violaba desde que ella tenía cinco años. La llevaba al monte para juntar leña y allí abusaba de ella. De ese vínculo nacieron dos hijos (o nietos), uno de los cuales falleció. La madre de la niña, su hermana y los vecinos estaban al tanto de la situación, pero no hubo una denuncia masiva. Al contrario: el miedo a represalias y la legitimación del hecho imperaron.

La falta de un "escándalo público" fue una de las justificaciones del fiscal para no privar de libertad al padre abusador. Según Lilián Abracinskas, fundadora de la ONG Mujer y Salud Uruguay, la explicación da cuenta "que parte de la Justicia vive en el medioevo".

El año pasado el Sipiav atendió la situación de 1.908 niños desprotegidos, la tercera parte de ellos por abuso sexual infantil. En la primera mitad de este 2016 este conglomerado de instituciones ya igualó la cifra de todo el año anterior. Este dato es, según Mizrahi, un llamado a la "necesidad de modificar la ley y que la víctima no tenga que testificar para que haya un procesamiento judicial".

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, fue juez de familia por 12 años y vio muchos casos de violaciones de padres a hijos, pero no puede recordar uno en que decisiones de la Justicia, en dos instancias, hayan dado lugar a que se perpetúe una situación de abuso como esta ocurrida en Rivera. El caso, aunque es muy particular, pone de relieve varias situaciones y una de ellas es la de los menores en los departamentos de frontera.

Recorriendo Artigas, Pérez Manrique cuenta que en una ocasión le tocó revistar a 20 presos de los cuales 17 estaban vinculados a temas de abuso sexual de menores de edad. "He sido juez en frontera y recuerdo algún caso en el cual en el momento en que sale de la cama la mujer del padre, entra al lecho conyugal la adolescente".

Esa "naturalización" de la violencia se suma a una mentalidad "patriarcal", cuestiona Andrea Tuana, directora de la ONG "El Paso". Para la asistente social la resolución judicial es fruto de una "ideología anticuada y clasista". El hecho de que haya ocurrido en la frontera solo da cuenta "de que allí hay menos servicios especializados", pero que sea cual sea el punto del país "la Justicia corre muy por detrás de los derechos alcanzados".

Desde una mirada más judicial, Pérez Manrique adelanta que en este caso "lo que parecería es que hubo errores de los operadores (juez y fiscal), pero eso es una visión prima fascie, sobre la que la Corte va a tomar una decisión".

La Justicia ya cuenta con toda la información para analizar el caso y estudiar si se debe sancionar al juez. El principal asunto tiene que ver con la primera denuncia que se hizo, para la cual el fiscal Chiecchi no imputó al padre por violación, sino que entendió que se trataba de un caso de incesto.

El abuso sexual incestuoso es un delito "agravado", explica Diana González, directora de la Unidad de Género de Fiscalía. La abogada aclara que la mayoría de los abusos son perpetrados por personas con las que la víctima tiene confianza, de ahí que el vínculo no puede ser un atenuante ante una violación.

Al respecto, Mizrahi recuerda que en Uruguay hay un promedio de 188 embarazos anuales de menores de 14 años. Salvo que exista una relación consensuada entre adolescentes de similar edad, "se presume que hay violencia". Ante todo, indica la coordinadora del Sipiav, "es importante proteger a la víctima y tener una mirada humana del asunto".

Pérez Manrique considera que el factor humano "cumplió un rol preponderante", ya desde la demora en procesar el caso. "Como pasa en todas las materias, puede ocurrir que un buen técnico en Derecho no tenga la sensibilización ni la actitud de empatía necesaria para percibir cuáles son los entretelones de asuntos de este tipo, que además son bastante visibles".

Los magistrados, dice, deberían poder ver "el conflicto humano que subyace al conflicto jurídico". El ministro aclaró que no se trata de un tema de formación. "Depende de la personalidad, a veces del exceso de trabajo y otras de una cuestión mental, de ver solamente la parte técnica", señala. Y agrega: "También había una reticencia de la víctima y el entorno que había que vencer. No son justificativos, es una lectura contextual".

El catedrático y especialista en Derecho penal, Miguel Langón, aclara que no conoce el expediente de este caso concreto, pero explica que antes de 1995 todo individuo que tuviera relaciones sexuales con una menor podía ser considerado violador y que, luego de una reforma, esto cambió. Se pasó a entender que si ocurría entre los 12 y los 15 años, aunque se presuma la violencia, la defensa del acusado podría llegar a probar el consentimiento. Y un familiar podría justificar el vínculo, lo que es un "error".

La parte del Código Penal que habla sobre delitos sexuales es la que ha envejecido más, dice Langón. Por otro lado, en sus 25 años de experiencia como fiscal no recuerda haber pedido procesamientos por incesto. "Es un delito tabú", dice

Pérez Manrique, por su parte, cree que el caso de Rivera podría servir como antecedente para cuando el Parlamento discuta sobre el delito de incesto de cara a una reforma del Código Penal.

Reportar error
Enviado
Error
Reportar error
Temas relacionados
Te puede interesar
Max caracteres: 600 (pendientes: 600)