DISPUTA SIN TECHO

El Uber del alojamiento

La quinta parte de los turistas que alquilaron una vivienda en Uruguay el año pasado lo hizo por Airbnb. Como Uber impactó en el transporte, esta plataforma tecnológica pone en aprietos a hoteles e inmobiliarias, que incluso declaran haber vivido “la peor temporada” en años.

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La quinta parte de los turistas que alquilaron en Uruguay en 2016 lo hizo por Airbnb. Foto: Airbnb

Cuando Federico (35) abre la puerta de su casa se encuentra a un hombre que trae la historia marcada en su brazo. Porque el italiano que tiene enfrente y que llegó hasta su casa a través del servicio Airbnb, es nieto de un uruguayo, tiene más ganas de conocer el país que muchos compatriotas, y usa una musculosa que deja ver el tatuaje de Artigas en el bíceps. Estas visitas de extranjeros han estado sucediendo en la casa de Federico en los últimos dos años y ya ha recibido a más de 10 personas. Durante unos días conviven con él en su casa de Parque Batlle, desayunan e incluso pasean juntos por la ciudad.

El italiano es uno entre los más de 66 mil huéspedes que visitaron Uruguay el año pasado a través de Airbnb, una plataforma tecnológica de hospedaje que es a los alquileres lo que Uber al transporte. La cantidad de visitantes que llegaron por Airbnb equivale a la quinta parte de los arrendamientos hechos por turistas en 2016 o, lo que es lo mismo, a 20 mil personas más que todas las alojadas en hoteles cinco estrellas del país.

Aunque esta y otras plataformas se están extendiendo por la influencia del hemisferio norte —el 24% de los huéspedes en Uruguay son europeos o norteamericanos—, el crecimiento más sorprendente se está dando entre los propios uruguayos. De un año a esta parte aumentó 61% su uso por compatriotas, tanto para alojarse en el exterior como en el interior.

Los resultados no están nada mal para una empresa fundada en San Francisco, Estados Unidos, hace solo nueve años. Airbnb está valorada en más de 10 millones de dólares debido a su capacidad de contactar a más de un millón de viajeros por mes, en 34 mil ciudades, que desean alojarse en casas de particulares. De ahí que sea algo más que una sigla en inglés —que significa colchón inflable y desayuno— y que hoy está poniendo en aprietos a inmobiliarias y hoteleros.

"La peor temporada".

La ministra de Turismo, Liliam Kechichian, anunció a comienzos de esta semana que en enero hubo una entrada de 20% más de turistas que el año anterior y que, en ingreso de divisas, se superó los US$ 498 millones —45% más que en 2016. Por eso la secretaria de Estado no dudó en calificar el primer mes del año como "realmente extraordinario".

Pero no todos lo vieron así. Jorge Díaz, el presidente de la Cámara de Inmobiliarias de Maldonado y Punta del Este, sostiene que el sector atravesó "la peor temporada" desde que tiene memoria, y eso que está en el rubro desde hace cuatro décadas. Dice que en 2015 el 19% de las viviendas puntaesteñas eran manejadas por las inmobiliarias. Ahora, con la irrupción de las plataformas tecnológicas, sólo controlan el 4% del mercado.

Más que las pérdidas en el sector, del que dependen 30 mil empleados, a Díaz le molesta la "competencia desleal". Las intermediaciones tecnológicas, conocidas como "economías colaborativas", funcionan "sin carga fiscal". Del 20% de comisión que exigen las inmobiliarias, según la cámara, los empresarios solo retienen el 5% y el resto se vuelca a aportes impositivos al Estado.

El mercado formal del alojamiento aporta al Estado unos US$ 11 millones por mes, solo por concepto de IVA e IRAE (la cifra incluye a los restaurantes por la categorización que hace la DGI). Un hotel cualquiera tributa 25% por IRAE y 10% de IVA a los huéspedes residentes en verano. Está exonerado de este impuesto para los "no residentes" porque, a nivel conceptual, se entiende que es un servicio de exportación.

En el caso de Airbnb, la plataforma solo retiene entre 6% y 12% como comisión, haciendo que los precios finales sean más económicos.

La carga tributaria, de todas formas, no es la única contra que los hoteleros encuentran en las plataformas tecnológicas. Según Juan Martínez, presidente de la Cámara de Turismo, los hoteles pagan la limpieza de tanques de agua y la tasa bromatológica ante las intendencias departamentales. "Es una garantía para el cliente, usted sabe que en un hotel la comida está controlada", destaca.

Martínez, que es propietario de un hotel, va más allá y dice que los hoteles cuentan con un sistema de reporte a Interpol sobre la "población flotante". Este mecanismo, dice, ayuda en la detección de casos de tráfico de personas. Sin embargo, desde la Policía aclaran que no se han registrado incidentes por el uso de Airbnb u otra tecnología similar.

La plataforma ofrece sistemas de puntuación para que los usuarios valoren el servicio. Federico admite que no les da mucho corte, pero considera que "es una ventaja que la propia comunidad sea la que controla, la que dice qué está bien o mal". En este sentido, el contador Gabriel Budiño, especializado en tecnologías de la información, plantea que "un desafío para los Estados es empoderar a la población para que sea capaz de exigir calidad sin el control estatal".

Batería de proyectos.

Como sucede con Uber, aunque con menos publicidad, los negocios "perjudicados" buscan una regulación. No es que se opongan a la tecnología, aclara Julio Facal, asesor legal de la Cámara de Turismo, sino que desean que haya un registro ante el Ministerio de Turismo.

Según el empresario inmobiliario Díaz, el registro implica la posibilidad de controlar. "Cuando un huésped o un anfitrión tiene un problema, hay una inmobiliaria que se hace cargo. ¿Quién responde en el otro caso?". Al respecto, desde la oficina para América Latina de Airbnb se aclara que hay un equipo de 250 funcionarios dedicados a "solucionar los problemas" de seguridad que puedan surgir y que existe "un seguro para los anfitriones de un millón de dólares".

Pero como Airbnb no es la única plataforma tecnológica, y como la tendencia indica que el contacto directo por internet seguirá trayendo novedades, el Parlamento tiene a estudio una batería de proyectos de ley vinculados al tema.

Una regulación general, que incluye la inscripción en el Banco Central, y que está "más basada en el transporte", fue aprobada en Diputados y ahora pasó al Senado. A la vez, la comisión de Turismo de la Cámara Baja tiene a estudio un texto sobre la creación de una fiscalía informática y la Cámara de Economía Digital envió una propuesta para que se declare a la "economía colaborativa" como un asunto de interés nacional.

Detrás de esta última iniciativa está la idea de que un emprendimiento nuevo supone la generación de empleo y dinamiza la economía. Esta mirada tira por la borda la visión catastrófica de las "plataformas colaborativas", esa que sostiene que "están montadas para destruir puestos de trabajo", explica Budiño.

Según el contador, en un momento de la historia los seres humanos hemos necesitado de intermediarios, sobre todo para confiar en el control, pero ahora la tendencia es que quien tiene una necesidad se contacte directamente con quien puede tener la solución. Este cambio no significa el fin del sistema capitalista, dice, sino que algunos negocios (como las inmobiliarias) "deberán reinventarse".

Los cambios de modelo, como el que explica Budiño, "no son de un día para otro". Por eso señala que es relevante que la sociedad defina cómo debe intervenir el Estado y que se asuma una cultura del autocontrol. Antes uno suponía que el chofer era profesional porque manejaba un auto pintado que decía "taxi". Eso ya no corre. Tampoco para el turismo.

Hackers con todas las facultades de la ley.

Nada de inspectores de uniforme y libreta en mano. La Cámara de Turismo elevó un proyecto de ley que, entre otras medidas, propone la creación de "verdaderos inspectores informáticos" —o hackers— capaces de fiscalizar las plataformas tecnológicas en el área. Según el asesor legal de la cámara, Julio Facal, la figura del "hacker habilitado" trabajaría en apoyo con el Ministerio de Turismo, BPS, BCU y DGI. De este modo, dice Facal, el Estado se evita el problema de aprobar leyes que vayan contra los intereses de otras naciones (dado que muchas tecnologías son extranjeras). La oficina que pretende crear el proyecto tendrá la potestad, a la vez, de otorgar un certificado de verificación de calidad, una versión informática del sello del LATU. Son muchos los intentos de regulación y control de la tecnología en el mundo, pero pocos los que están siendo efectivos. Según el contador Gabriel Budiño, "siempre se correrá de atrás".

Las cifras.

66

Mil huéspedes visitaron Uruguay en 2016 usando Airbnb, según datos de la propia compañía estadounidense. La cifra supera en 20 mil personas a los turistas alojados en hoteles cinco estrellas.

76%.

De quienes se hospedaron en el país y usaron Airbnb para alojarse eran de América Latina, incluyendo a uruguayos. El restante 24% fueron europeos y turistas de América del Norte.

5

Noches en promedio fue la estadía de los huéspedes que usaron Airbnb. Es un promedio similar al demostrado por los turistas que se alojaron en hoteles del Este.

11,8.

Millones de dólares por mes recauda el Estado por concepto de IRAE e IVA del sector turístico e inmobiliario. Los hoteles no pagan IVA de los no residentes.

4%.

De las viviendas del Este fueron ma- nejadas por inmobiliarias este 2017. Hace dos años estas empresas controlaban el 19% del mercado. El 51% son propietarios y el resto es “informalidad”.

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