Pantalla cargada

Tevé en señal de ajuste

La televisión uruguaya enfrenta una serie de definiciones cruciales. El proyecto de conversión a lo digital está a punto de fracasar y el ambiente se inquieta.

El eterno femenino de una imaginativa pintora
"La industria audiovisual uruguaya cuenta con el respaldo de un sólido marco legal". Foto: F.Ponzetto.

El negocio cambia con gigantes como Netflix, y los canales ya piden impuestos para todos. Además, juicios millonarios por derechos de autor sacuden a los cables.

Juicios por derechos de autor por cerca de US$ 100 millones contra los operadores de cable. Idas y venidas en el esquema de televisión digital que acercan el proyecto al fracaso. Y, además, un planteo formal de los canales ante la DGI para que las plataformas de contenidos audiovisuales que funcionan bajo suscripción, tales como Netflix, comiencen a pagar impuestos en Uruguay. La televisión nacional atraviesa días agitados.

"Nos estamos moviendo", resume Pedro Abuchalja, el presidente de Andebu (la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos), al ser consultado por El País sobre los diversos temas que hoy ocupan a los canales de televisión y las operadoras de cable. Y es que la gremial se mantiene atenta a los distintos frentes que se le abrieron en el último tiempo, y busca no mover ni una pieza en falso.

En televisión digital, el turno ahora es del gobierno, pero las expectativas, y sobre todo las interrogantes, inquietan al sector. El tan mentado plan para abandonar el sistema analógico, lanzado en el gobierno pasado (que tantos problemas le causó a la administración de José Mujica con la recordada disputa por las señales), se encuentra ahora en un complejo proceso de transformación. La situación no es para nada alentadora y todas las proyecciones indican que terminará concretándose de una forma muy distinta de la que se pensó en un comienzo: los cambios que traerá, al menos en el corto plazo, serán casi nulos.

Ocurre que, luego de que a fines de julio un fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) hiciera caer el decreto madre de la televisión digital, el gobierno trabaja ahora en un proyecto de norma en la cual reafirmará que las señales asignadas se mantienen tal como estaban, pero donde también aprovechará para despegarse del llamado "apagón analógico". En un principio se había fijado que el mismo se concretaría en noviembre de este año, lo cual implicaría que quienes no tuvieran la tecnología necesaria se quedarían sin ver televisión, pero ahora eso dista mucho de ser así.

En el aire.

La semana pasada el Poder Ejecutivo envió a las partes involucradas el proyecto de decreto en el cual está trabajando, y ahora estas tienen plazo hasta el próximo viernes para hacer sus descargos. Con el nuevo texto, el gobierno retrasa el inicio de transmisiones de noviembre de este año a abril de 2016, y además, según pudo saber El País, "ya no habla del apagón analógico", con lo cual cambia por completo el esquema del proyecto.

"Se introduce un cambio importante en el escenario, el gobierno se desentiende del apagón analógico", afirmó a El País una fuente del consorcio Giro, que tuvo acceso al proyecto. Giro y VTV fueron los dos canales seleccionados para sumarse a los ya conocidos 4, 10 y 12 en la grilla de televisión (digital) abierta en Montevideo, aunque ahora su interés por el tema viene en caída.

Los dos canales entienden que si el gobierno ya no se compromete con el apagón analógico, como sí planteó que lo haría en un comienzo, la competencia se vuelve "desigual". Dicen que no se puede funcionar "de igual a igual" porque ellos transmitirían solamente en digital, con un alcance de entre 10% y a lo sumo 30% de los televidentes (que son quienes tienen actualmente la tecnología para poder ver la televisión digital), mientras que los canales 4, 10 y 12 transmitirían en digital, pero también se conservarían en analógico, lo que los volvería mucho más atractivos para conseguir anunciantes.

En ese panorama también interfiere un aspecto de la denominada ley de medios, que aún no fue reglamentada por el gobierno de Tabaré Vázquez. Esa norma establece en uno de sus artículos que los operadores de cable (que tienen un 70% del mercado) están obligados a incluir en sus paquetes las señales de televisión abierta locales.

Tal es la situación de disconformidad que VTV ya habría tomado la decisión de bajarse del proyecto, según publicó El Observador el pasado sábado 22, aunque aún no lo ha informado al gobierno. "La dirección del canal comunicó a sus trabajadores que en las condiciones actuales a la empresa le resultaría imposible lanzarse a competir en la televisión abierta digital, ya que en este momento solo 10% de los hogares tiene acceso a esa tecnología", informó. Se señaló, en tanto, que los directivos del canal dijeron a los empleados que el gobierno había previsto que a esta altura de los acontecimientos el 80% de la población tendría acceso a la TV digital, algo que no ocurrió.

En tanto, desde Giro afirmaron a El País: "Nosotros no nos bajamos, pero decimos que las nuevas reglas de juego hacen aún más difícil el comienzo de las emisiones. Si no tenés público asegurado, te cambia todo el plan de negocios que habías hecho". Dicha firma aún no ha comprometido grandes gastos en el proyecto, y dice que no lo hará hasta que el gobierno les dé un panorama más claro.

El director nacional de Telecomunicaciones, Rodrigo Díaz, confirmó al semanario Brecha que "no se ha puesto una fecha para el apagón analógico", y también dijo que "por ahora" no han recibido ningún planteo formal por parte de los adjudicatarios de la televisión digital abierta en cuanto a su intención de desistir del proyecto. Igual, aclaró que si eso ocurre, "se procederá según el caso, de acuerdo a lo establecido en el pliego". La normativa estipula que si no se cumple con la fecha de comienzo de las transmisiones se pierden las autorizaciones conferidas, "sin derecho a reclamación alguna y la pérdida del depósito de garantía".

Interferencia.

Tanto los implicados como los especialistas en el tema entienden que el gobierno deberá dar, en el corto plazo, una muestra más clara de qué idea tiene respecto a la televisión digital. Según se afirmó, se necesitarán acciones muy firmes para que el mismo no termine por caer en el fracaso.

Gabriel Kaplún, que presidió la Comisión Honoraria Asesora Independiente (CHAI) que conformó el gobierno para el llamado a los interesados en televisión digital, y que además es exdirector de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Udelar, dijo tener sus dudas sobre la marcha del proyecto y afirmó, en un artículo de su autoría, que hablar de "fracaso" del mismo es "una posibilidad, aunque depende de lo que se haga en el corto y en el mediano plazo".

Kaplún comentó a El País que hay tres elementos pendientes. En primer lugar, el aspecto jurídico, que "se soluciona con el nuevo decreto". Luego, la difusión pública, donde entendió que ha habido una falla y que faltó una campaña fuerte "para que la población sepa que puede ver la televisión digital". Y por último, aclarar el accionar de los cables, que "deben transportar las señales" en cuestión.

La falta de una campaña de información sobre la televisión digital es uno de los aspectos que más señalan VTV y Giro, porque entienden que muestra un compromiso deficiente por parte del gobierno y afecta directamente el éxito que puede tener el proyecto.

Para una publicación realizada por la Fundación Friedrich Ebert sobre las políticas de comunicación en el último gobierno, Kaplún escribió un artículo titulado "¿TV o no TV? El gobierno progresista y la televisión digital en Uruguay". Allí, el especialista señaló que "no hubo una campaña de difusión masiva ni estímulos al acceso, con el resultado que casi no hay recepción de TV digital, aunque ya comenzaron las primeras emisiones de señales digitales. En un sentido más general, todo el tema de la Televisión Digital Terrestre permaneció durante el segundo gobierno de izquierda como algo lejano y mal conocido por la ciudadanía", opinó.

También criticó "la falta de estímulos para adquirir televisores con sintonizadores incorporados o decodificadores de las señales digitales".

Desde Andebu, en tanto, se planteó que está faltando un análisis por parte del gobierno sobre la penetración actual de la televisión digital, además de acciones para incentivar el pasaje a dicha modalidad. Una fuente de la gremial expresó: "En otros países se hacen estudios periódicos de cuánta gente está viendo la televisión digital, porque recién cuando se alcanzan parámetros altos es lógico concretar el apagón analógico".

Ante este panorama de incertidumbre, entre los involucrados hay quienes interpretan que la decisión del gobierno de no comprometerse con el apagón analógico y el hecho de moverse con cautela en el proyecto en general, iría en línea con el especial cuidado del gasto que ha planteado la nueva administración, dado que la conversión a ese sistema podría requerir unos US$ 27 millones de las arcas públicas. De esa cifra, unos US$ 20 millones corresponderían a un subsidio para los sectores que no pudieran pagar los costos del pasaje a la nueva tecnología.

A toda esa situación, en la cual los dos nuevos canales aparecen cada vez más lejos de comenzar a emitir, se suman las complicaciones del único canal comunitario de televisión digital abierta que fue asignado por el gobierno anterior: el del Pit-Cnt. Según informó Brecha el viernes, es muy difícil que el mismo se concrete. Por ahora, la central de trabajadores no desistió del proyecto, pero sí se aseguró que el tema está "congelado".

Sin señal.

En medio de ese escenario, un juicio millonario sacude a las empresas de cable de la capital. Luego de una serie de negociaciones fallidas, la Entidad de Gestión Colectiva de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda), comenzó una serie de reclamos contra las distintas empresas del rubro en Montevideo por lo que consideran son derechos de autor sin pagar, con cuatro años de retroactividad. Según informó una fuente de Andebu a El País, la suma que se plantea como adeudada, entre los distintos juicios, totaliza los US$ 100 millones.

Esto se enmarca dentro de un reclamo que comenzó a tomar fuerza en 2013, y que luego de algunas idas y vueltas volvió a surgir con impulso este año. Egeda dice gestionar un repertorio global de más de 700.000 obras audiovisuales, nacionales e internacionales, y sostiene, entre otras cosas, que las empresas de cable, al retransmitir señales de televisión abierta, deben tener permiso expreso de sus productores audiovisuales y, en el caso que corresponda, deben pagar por hacerlo. Se refieren a programas, documentales o producciones que emiten algunas señales incluidas en los cables.

Sin embargo, los operadores de cable afirman que ellos compran las señales internacionales y luego solo las distribuyen, por lo cual, a su entender, Egeda debería reclamar a los canales y no a los cables, porque supuestamente "venden cosas que no podrían vender".

Las empresas reunidas en Andebu no avalan la representatividad que Egeda dice tener, y desde la gremial afirman que la mayoría de las firmas por las que dice hablar la entidad son "desconocidas en Uruguay". "Es un reclamo antojadizo, se fija una tarifa de forma unilateral y pretenden cobrarla", dijo una fuente de la gremial, que aclaró que los juicios están en una etapa primaria en varios juzgados letrados civiles de Montevideo.

Consultada al respecto, Helena Nosei, directora general de Egeda Uruguay, dijo que la entidad "mantiene una permanente vocación de diálogo, con ánimo constructivo", aunque se excusó de hablar sobre los juicios en trámite: "Con relación a instancias judiciales, Egeda tiene por norma no comentar asuntos en curso".

Sí afirmó, en tanto, que han logrado un "alto grado de adhesión y de regularización por parte de los establecimientos usuarios (de contenidos audiovisuales): el 62% de los usuarios contactados en la campaña piloto, que tienen televisión y realizan comunicación pública en sus establecimientos, han regularizado y ya tienen sus licencias. Seguimos trabajando ahora en una nueva fase de la campaña y sobre el 38% que aún no regularizó su situación", expresó Nosei.

Andebu, por su parte, mantiene un fuerte seguimiento sobre el tema y se está asesorando para encontrar una posición en común. Incluso el asunto ocupó gran parte de la reunión de casi dos horas que el consejo directivo de la gremial mantuvo en la mañana del miércoles pasado.

Además, la gremial viene realizando intensos contactos con Cambadu (Centro de Almaceneros Minoristas y Baristas) y con los clubes deportivos, dado que son instituciones también alcanzadas por los reclamos de Egeda, aunque por un aspecto distinto. En estos casos, la entidad reclama que haya un pago por cada oportunidad de exhibición de los contenidos audiovisuales bajo su representación, aunque estas instituciones aún no enfrentan instancia alguna ante la Justicia.

Ahí se apunta a la utilización de las obras en espacios privados abiertos al público, tales como clínicas, residenciales, gimnasios, clubes sociales o deportivos, bares, entre otros. Se plantea que los mismos "obtienen un provecho al poner a disposición de sus clientes obras audiovisuales mediante aparatos de TV".

Egeda afirmó en un comunicado que "la Ley de Derechos de Autor reconoce el derecho del productor audiovisual a autorizar la comunicación pública de sus obras y a recibir el pago de una retribución por ello. Egeda es una asociación civil sin fines de lucro que recibió autorización para funcionar como Entidad de Gestión Colectiva de los derechos de los productores audiovisuales por resolución del Poder Ejecutivo de fecha 12 de noviembre de 2007, y es quien se encarga de representar, proteger y defender los derechos de los productores", se subrayó.

Además, Egeda señaló: "En este contexto, los productores audiovisuales y toda la industria audiovisual uruguaya cuentan con el respaldo de un sólido marco legal y las herramientas previstas por el mismo para ejercitar sus derechos, así como lo vienen haciendo desde hace más de 80 años otros autores".

Clubes con amenazas de "clearing".

La Cámara de Instituciones Deportivas es una de las organizaciones alcanzadas por el reclamo de Egeda, la entidad que defiende los derechos de los productores audiovisuales. Ante el planteo, la Cámara viene haciendo averiguaciones para ver qué respuesta dar, y ha dicho a sus socios que aún no paguen a Egeda. "Lo vamos a resolver como gremial. Para los clubes, el uso de los televisores es algo secundario. Están prendidos por si algún socio quiere ver mientras realiza deporte, pero nadie ve en el club una producción audiovisual como plantea Egeda", dijo el asesor de la Cámara, Arturo Servillo. Opinó que se hace inviable para los clubes pagar por eso. "Sería una fortuna, hay clubes que tienen cientos de televisores", dijo. Además, contó que Egeda "a veces amaga con enviar a un club al Clearing, pero no lo puede hacer" porque no tienen un pago acordado.

UN PROYECTO Y UNA REALIDAD MUY DISTINTA.

Tecnología en deuda.

Antes.

El gobierno hizo los cálculos y a comienzos de 2014 anunció que destinaría unos US$ 20 millones en un subsidio a los sectores que no pudieran pagar el paso a la nueva tecnología digital, que implica adquirir un decodificador externo para convertir las señales analógicas a digitales o adquirir un televisor con receptor interno.

Ahora.

El gobierno no avanzó en el tema. No lanzó el subsidio, no difundió la nueva tecnología y el proyecto se acerca al fracaso. Se estima que hoy solo un 10% de la población está en condiciones de acceder a la televisión digital (se esperaba que a esta altura fuera un 80%) y VTV y Giro ya observan que así no pueden funcionar.

El apagón que no fue.

Antes.

El gobierno había anunciado en 2013 que en noviembre de 2015 se realizaría el "apagón analógico". Eso implicaba que desde entonces, en el aire solo estarían disponibles señales en formato digital. "Si no te convertiste al mundo digital, el 22 de noviembre de 2015 vas a prender el televisor y no vas a ver nada", se había anunciado.

Ahora.

La fecha primero pareció postergarse para comienzos de 2016, pero ahora, de acuerdo con un proyecto de decreto en el cual se está trabajando, el gobierno se apresta a desentenderse del asunto y postergar el apagón sin fecha. Esto cambia totalmente el plan de negocios que tenían los canales, sobre todo los nuevos.

Canales en suspenso.

Antes.

Con el proyecto del gobierno de José Mujica, la televisión mejoraba su calidad de imagen, pero también recibía más señales y diversas organizaciones sociales destacaban la renovación que podía tener la grilla nacional. En Montevideo, por ejemplo, a los canales 4, 10 y 12 se sumaban VTV, Giro y el canal del Pit-Cnt.

Ahora.

Sin embargo, por las propias falencias que presentó el plan trazado por la anterior administración, hoy el proyecto está más cerca de consolidar la situación actual que de brindar un nuevo panorama. Si no hay apagón analógico, los canales privados que actualmente operan en televisión abierta no verán ningún cambio sustantivo, mientras que los señalados como "nuevos operadores", es muy probable que finalmente desistan de competir. Todo parece indicar que en formato gratuito seguirán estando las mismas opciones.

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