MISMO PROBLEMA, DIFERENTE NOMBRE

Sistema penal para adolescentes: el dilema de los mil nombres

El sistema para los jóvenes en conflicto con la ley ha cambiado su institucionalidad y liderazgo en los últimos 10 años pero sigue habiendo malos tratos, problemas edilicios y falta de garantías para los jóvenes, algunas de las grietas de este sistema resquebrajado. ¿Cuáles son las causas del estancamiento?

El eterno femenino de una imaginativa pintora
Habitaciones celdas en el Centro Desafio. Foto: Ariel Colmegna.

Es probable que un adolescente privado de libertad en 2003 no supiera quién era su abogado ni cuánto iba a durar su reclusión. Si le tocaba cumplir su sanción en el hogar SER, la rutina iba a tener una hora de recreo y 23 de encierro en una celda de cuatro metros cuadrados con tres jóvenes más, goteras, cables pelados y viento frío colándose por entre las rejas. Si tenía entre 12 y 15, seguramente le tocaran habitaciones limpias pero con un baño en estado lamentable, sin privacidad y con mal olor. Estas son algunas de las descripciones que hacía la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) tras una visita exhaustiva por varios centros, hace más de una década.

Para el joven del 2016, la situación no está muy lejos de lo que fue en 2003. Y según lo dicho ante el Parlamento por la presidenta del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), Gabriela Fulco, es aún más preocupante. Las condiciones son "paupérrimas" en todos los niveles, dice, y alejadas de estándares internacionales. Habla de jóvenes que intentan suicidarse y carencias de todo tipo, desde las almohadas para dormir hasta de platos de comida fríos o salteados a modo de provocación. Una "cultura del terror" promovida por los funcionarios y violaciones a los derechos humanos.

Un informe de seguimiento de la OMCT de 2015 va por la misma línea. Constata "tratos inhumanos y degradantes", entre los que identifica celdas de aislamiento y condiciones insalubres de detención. Al igual que en 2003, la víctima debe denunciarlos en la oficina del denunciado, lo que no asegura la protección necesaria para la complejidad de los casos, dicen. El documento habla además de demoras en las investigaciones por malos tratos y de un exceso en el tiempo de ocio para los jóvenes.

La principal y más llamativa diferencia es que el informe de 2003 felicitaba por el nivel de especialización del personal. El último condena su escasa formación y refiere a un "árbol genealógico del sistema de responsabilidad penal" —una investigación de Brecha revela que hay al menos 114 vínculos familiares entre los funcionarios, de los más de 1.500 que tiene.

Desde entonces, el sistema ha tenido cuatro nombres diferentes, con el eje en distintos aspectos: rehabilitación, ejecución de medidas por infracción, responsabilidad penal e inclusión. En la última década, pasó por el liderazgo de siete personas y, desde 2005, no puede asegurarle a los padres de un menor que sus derechos van a estar contemplados durante el encierro. Mucho menos su rehabilitación o inclusión. ¿Por qué, entre tanto ir y venir, el gobierno no ha podido poner al sistema a tiro con las exigencias mínimas de los organismos internacionales? ¿Cuáles son las razones entre este aparente divorcio entre la política aplicada y lo planteado por los expertos y organismos desde hace ya más de una década?

Los comienzos.

En 2005 Víctor Giorgi asumía como presidente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). Lo esperaba un período plagado de conflictos, fugas, motines y resistencias internas. "Había una especie de costumbre de amotinamiento con respuestas de funcionarios muy poco adecuadas", recuerda el psicólogo. La sospecha de que los motines eran provocados por funcionarios se pudo constatar muy pocas veces pero, resume, había una "violencia caótica y abusiva" como respuesta a un sistema que tambaleaba frente al intento de reforma del primer gobierno del Frente Amplio.

¿Dónde está el origen del problema sistema penal juvenil? Luis Pedernera, integrante de la organización que aboga por los derechos humanos Ielsur y miembro electo del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, no puede definir un origen. Sí explica que en los 70 años anteriores a 2004 rigió un modelo "ambiguo". "Iban a cárceles, a los mismos lugares, solo que no se llamaban cárceles, se llamaban hogares. También iban a centros de detención donde lo que se priorizaba era el criterio custodia". En este "paradigma de la ambigüedad", Pedernera cuenta que llegó a conocer a niños que, con apenas nueve años, estaban encerrados.

En 2005 un motín en la Colonia Berro terminó con un edificio reducido a escombros. El entonces senador Eduardo Lorier fue tomado de rehén por un grupo de 13 menores que lo llevaron —amenazado con un cuchillo en la garganta— en una camioneta como moneda de cambio para su libertad.

La socióloga especializada en Desarrollo Humano y Oficial de Protección de Unicef en Uruguay, Lucía Vernazza, definió este episodio como un hito. Por un lado llevó a que se cuestionara a las autoridades y puso en evidencia la ineficiencia del sistema, explica en su artículo "El sistema penal juvenil en jaque". Por otro, agrega, colocó al tema en el debate parlamentario e instaló "en la opinión pública la idea de que los adolescentes son ingobernables, impunes y peligrosos".

Motines y fugas eran moneda corriente en este período y el impulso de medidas socioeducativas era prácticamente imposible. "Hubo un montón de intentos que no llegaron a consolidarse", explica Giorgi. "Se caían por cuestiones circunstanciales, profesores que renunciaban por las condiciones que les tocaba vivir o porque había dificultades de traslado".

Y si bien en 2006 se logró una especie de tregua, a fines de 2008 el director del Interj, el abogado penalista Carlos Uriarte, renunció para ser sucedido por el sacerdote Mateo Méndez. El año que Méndez lideró el Interj, que en ese tiempo pasó a llamarse Sistema de Ejecución de Medidas a Jóvenes con Infracción (Semeji), terminó con una gran frustración. "Nosotros quisimos hacer una brisa de esperanza en este trabajo", había dicho en su momento. "Ha tenido una cantidad de perjuicios y de actitudes que se han ido anquilosando en la institución y tendrán que empezar a soplar vientos nuevos". Méndez también había definido a la institución como "corrupta" y "enferma".

Tras la renuncia de Méndez y un período en que el cargo no se ocupó, tomó el relevo, como gerente, Jorge Jouroff, quien tuvo la oposición del sindicato desde el comienzo. Según un artículo de Últimas Noticias de octubre de 2009, su designación sin concurso había sido resistida como la "una gota más para un vaso lleno". El liderazgo de Jouroff duró poco y para 2011 había sido removido.

Según versiones de prensa, tuvo que ver con aparente "negligencia" ante la fuga de un menor al que llamaban "El talibán", quien huyó con la ayuda de otros dos menores que interceptaron su traslado en moto y armados. Si bien Jouroff afirmaba que bajo su gestión las fugas habían bajado en un 30% en el primer año, el cortocircuito con las autoridades del INAU terminó con uno de sus asesores a cargo: el psicólogo Rolando Arbesún.

Si la gestión de Jouroff duró poco, la de Arbesún fue aún más corta. Si bien se le reconocieron sus esfuerzos por reducir las fugas —con protocolos de seguridad, requisas semanales y remociones de funcionarios—, la mala relación con sus subalternos lo llevó a renunciar. "Nunca he visto tanta canallada y mediocridad al mismo tiempo. Va siendo hora de volver a la academia", había publicado en su cuenta de Twitter antes de renunciar.

Por ese entonces la seguridad se convertía en una de las preocupaciones principales de los uruguayos. Según datos de Cifra citados por Vernazza en su artículo, mientras en 2007 solo el 13% de los encuestados entendía que la seguridad era el problema principal, en 2010, cuando asumió la presidencia José Mujica, era la primera preocupación de cuatro de cada 10 uruguayos. En ese contexto fue que se gestó la creación, por parte de la oposición, de la Comisión Nacional por la Seguridad para Vivir en Paz, que juntó firmas para bajar la edad de imputabilidad y mantener los antecedentes de los menores.

El debate y la oposición entre quienes defendían más seguridad con logotipos de pequeñas manos alzadas y quienes se resistían, con el icónico colibrí como bandera, siguió hasta el fracaso de los primeros en el plebiscito de 2014. En el medio, se aprobaron una serie de leyes que llevaron a los hechos los cambios que la opinión pública reclamaba.

La ley 18.771 creó, en julio de 2011, el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), que debía priorizar "la inserción social y comunitaria de los adolescentes". La 18.777, por su parte, penalizó la tentativa y complicidad en el delito de hurto e infracciones gravísimas y la 18.778 previó que se mantuvieran los antecedentes penales de adolescentes en casos de rapiña, copamiento, secuestro, homicidio intencional.

En enero de 2013 se aprobó además otra ley, la 19.055, que impuso una pena mínima de un año de reclusión para los delitos gravísimos. Pedernera tiene una posición firme en su contra: "Rehabilitar privando de libertad es como enseñar a un niño a jugar al fútbol en un ascensor".

"Los estudios han mostrado que cuando el tema se politiza y se convierte en mercancía electoral las respuestas son aumentar la criminalización y disminuir posibilidades de aportar soluciones".

Pedernera entiende que el sistema político falló a la hora de crear instancias de reflexión y que las voces que se alzaron en contra del plebiscito no fueron lo suficientemente altas.

El presente.

Con la creación del Sirpa como organismo desconcentrado de Inau vino lo que la socióloga Vernazza define como "etapa de control extremo", en contraposición a la anterior, "de fugas". Desde su creación el Sirpa tuvo como prioridad ponerles el freno a las fugas, así como fomentar programas de educación e inserción laboral.

Ruben Villaverde defiende con firmeza sus logros. "Entre 1991 y 2011 se produjeron 15.250 fugas. Por tanto, ni rehabilitar, ni responsabilizar, ni incluir se podía allí" sostiene. Dice que su secreto para frenar las fugas fue la educación, el trabajo y el ingreso de 300 funcionarios, una medida que contentó al sindicato. Se firmaron, dice, decenas de convenios laborales que beneficiaron a unos 300 jóvenes y se logró que los internos rindieran alrededor de 2.500 exámenes.

A su vez se levantaron nuevos centros, que hoy están en el ojo de la tormenta por vicios de construcción.

Lo que le quedó en el tintero, afirma, fue implementar un sistema de formación de personal. Una de las claves de su mandato, y en eso coinciden tanto él como el presidente del sindicato del Inau José Lorenzo López, fue el buen vínculo con el sindicato.

Sin embargo, la integrante del Directorio de la Inddhh Mirtha Guianze lo contradice. Afirma que la educación de los jóvenes no fue más que "materias sueltas" y "servían como entretenimiento". A su vez, sobre la inclusión laboral apunta: "Nunca encontramos a los famosos jóvenes trabajando". Los informes sobre derechos humanos tampoco han sido alentadores. De hecho, en 2014, se volvía a señalar el hacinamiento, la poca higiene y los malos tratos. Al igual que hoy.

Una década después, Giorgi cree que el sistema está en un lugar muy parecido al que le tocó enfrentar en su época. Fulco, la nueva presidenta del Inisa, habla de refundarlo, de reducir la privación de libertad y de contratar personal con formación adecuada. Por ahora, los conflictos internos parecen estar interponiéndose en su camino. "En esta nueva gestión se entró con un postulado muy parecido y se da desde el inicio un choque muy fuerte con el sindicato".

Con leyes que endurecen las penas y pocos signos de avanzar hacia lo contrario, las intenciones de Fulco dependen de la respuesta que el sistema político les dé a sus reclamos. En el marco de un sistema de reclusión —para adultos y para jóvenes— que no ha hecho más que fracasar, lo que espera a los mayores de estas "generaciones perdidas" parece ser más de lo mismo.

Los problemas de antes.

Un informe de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) denunciaba en 2003 denunciaba que los adolescentes a quienes había entrevistado desconocían quién era su abogado y el tiempo que iban a estar encerrados.

Se informaba además sobre funcionarios culpables de maltratos que seguían trabajando en la institución además de un sistema de denuncia inadecuado para los jóvenes.

Por otro lado, se hablaba de un alto nivel de formación en los funcionarios.

Y se instaba al gobierno a desarrollar medidas alternativas al encierro, con la reclusión como una excepción.

Y los de ahora.

El informe de seguimiento de 2015 de la OMCT revela preocupación por la carencia de un sistema de denuncia para los casos de malos tratos que garantice la seguridad del adolescente y el hecho de que no va a haber represalias.

Recomienda al Estado garantizar un defensor que no sea de oficio y un trabajador social para evitar “selectividad” y “violencia estatal”.

Además, identifica denuncias con respuesta demorada y lentitud en las investigaciones.

Y constata la falta de datos sobre investigaciones, denuncias y condenas, entre otros.

Denuncias por maltrato en centro desafío.

El centro Desafío, que a comienzos de este año era considerado por las autoridades del Inisa como una institución modelo dentro del sistema, está en plena investigación por una situación de maltrato a dos jóvenes. Según planteó el miembro del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) en la denuncia que realizó ante Inisa, dos jóvenes estaban almorzando cuando, de forma arbitraria, los funcionarios les retiraron la comida. Las respuestas ante la queja fueron, según lo denunciado, cachetadas, golpes y encierro. El cambio de trato, según manejaron expertos consultados por El Observador, tiene que ver con un cambio en la dirección.

Medidas no privativas de libertad.

Además de la privación de libertad existen medidas alternativas que el sistema prevé para los jóvenes. Sin embargo, opina la Lucía Vernazza, las distinciones son poco claras. Según explica, no hay un mismo criterio a la hora de aplicar sanciones entre los jueces y la respuesta varía según el punto en el país o las opciones en que el juez considera que puede confiar. En 2015 hubo 78 sentencias por hurto que implicaron "medidas socioeducativas no privativas de libertad", ocho "advertencias", 10 "amonestaciones" y147 incorporaciones a "programas socioeducativos". Además, hubo cuatro "observancias de conducta", 194 sanciones en régimen de "libertad asistida", 18 de "libertad vigilada", 66 internaciones, dos internaciones en "régimen de semilibertad", seis que implicaron servicio a la comunidad, dos que obligaron a reparar el daño y una prohibición de conducir vehículos.

Las alternativas al encierro.

En 2006, la principal preocupación de los uruguayos era la economía. Sin embargo, en 2009, la seguridad escaló el ranking y así se ha mantenido desde entonces. Un estudio que Unicef encargó a la consultora Equipos Mori refleja que hay una "falta contundente de conocimiento de las penas no privativas en la población", desde a quiénes se les pueden aplicar hasta cómo funcionan. El estudio plantea que la ciudadanía entiende que hay solo dos caminos viables: el encierro o la impunidad. "En este marco optan por la privación de la libertad, ya que consideran que la libertad impune no es la mejor opción ni para los adolescentes ni para la sociedad". Sin embargo, al plantearse la posibilidad de utilizar medidas no privativas de libertad, la población se muestra abierta a considerarlas. Las tareas comunitarias aparecen como principal opción. La socióloga Lucía Vernazza entiende que actualmente se confunde lo penal con la protección social. "No se puede creer que lo que estamos haciendo es aplicar una política social. No se trata de extender penas para que terminen el liceo".

Tras un seminario de debate organizado a comienzos de este mes Unicef publicó una serie de recomendaciones. Entre ellas, establecer un sistema especializado se justicia penal juvenil, con presupuesto necesario, reducir la privación de libertad con un sistema de medidas no privativas sólido y fomentar la responsabilidad por el daño cometido.

GABRIELA FULCO.

"Tenemos que ir a descolgar a los jóvenes ".

La presidenta del Inisa, Gabriela Fulco describió un panorama caótico frente al Parlamento a principios de setiembre. "Si ustedes supieran las condiciones en que los jóvenes están, es imposible rehabilitarlos", dijo a los legisladores. La presidenta describió un panorama similar al que se ha vivido en décadas anteriores y planteó que se ha realizado un "barrido" del personal que no cumplía con sus funciones y que podía llegar a abaracar turnos enteros. Fulco refirió una "cultura del terror" de los funcionarios con las familias y los adolescentes en lo que refiere a los maltratos y que en la administración anterior se medicaba a los jóvenes en exceso, incluso a la fuerza. En referencia a los problemas edilicios, la presidenta dijo que las obras que implicaron una inversión de US$ 20 millones en la administración de Ruben Villaverde no sirven para la rehabilitación.

JOSÉ L. LÓPEZ.

"Se dicen muchas cosas para la tribuna".

El presidente del Sindicato Único del INAU (Suinau) José Lorenzo López considera que la política actual de la presidenta del Inisa está "complicándole la existencia a los jóvenes". "Fulco ha hecho más denuncias penales a funcionarios que todo el resto de las administraciones anteriores", dice López, quien considera el cuestionamiento al sindicato no favorece un clima de consenso. López cree muchos de los cuestionamientos la sindicato son "para la tribuna" y que no se ven resultados tras 16 meses de gestión. Le parece además una "paradoja administrativa" que ahora se critiquen políticas que el Frente Amplio llevó adelante hace pocos años. Sobre el video en que aparece junto a decenas de funcionarios aparecen reduciendo a dos jóvenes que se difundió a fines de 2015, López sigue sosteniendo que se trató de una operación política.

RUBEN VILLAVERDE.

"He sufrido mucho este último proceso".

"La justicia investiga el ingreso de personal durante la administración del ex presidente del Sirpa Ruben Villaverde, por obras que se realizaron durante su período y que sea han deteriorado a poco de inauguradas. Villaverde dijo que por ahora no ha tenido que declarar y refirió a la cantidad de visitas y elogios que recibieron las obras en su momento. Además aclaró que uno de los centros con problemas no se terminó de pagar por defectos constructivos. Sobre los malos tratos de los funcionarios, Villaverde dijo que "se parte de supuestos erróneos". "Decir que todos empleados son violadores, golpeadores y ladrones está bravo", sostuvo, "no se va a encontrar en tres años y medio ningún comentario mío que dejara en falsa escuadra a los trabajadores". "He sufrido muchísimo este proceso último. Se ha puesto en duda mi nombre, mi honor , es un trago más que amargo", agregó.

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