Las continuas demoras y el desabastecimiento de supergás tienen como fondo un sistema con múltiples actores. El Estado, cuatro empresas de envasado, un sindicato combativo y cientos de distribuidores y fleteros tercerizados, forman parte de un partido complejo en el que se juega un producto esencial para la población.

La madeja parece difícil de desanudar pero en su centro se encuentra algo tan simple como una garrafa de supergás: un envase de metal que contiene un subproducto del petróleo formado por gas Butano y gas Propano, que en Uruguay es la principal vía para cocinar y calefaccionar las viviendas. Aunque este año el invierno se haya adelantado, el mercado de gas licuado de petróleo (GLP) no ha tenido grandes variaciones en la última década. Sin embargo, los problemas en torno al abastecimiento de este producto se han convertido en algo tan habitual como los conflictos entre el sindicato del supergás y las cuatro empresas de envasado (Acodike, Riogas, Megal y Ducsa).

El ambiente se calentó en las últimas semanas, luego de que se registraran demoras en el reparto de supergás, tras las cuales el gobierno manifestó abiertamente su descontento. El 16 de junio, a través de la web de Presidencia, la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, instó a las empresas a presentar proyectos para mejorar el intercambio diario de envases. Cosse indicó que en Uruguay se manejan 2.400.000 garrafas, de las cuales solo se intercambian al día entre 1.000 y 2.000. El 17 de junio la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), dispuso la suspensión temporal del clearing de garrafas. Se trata de un sistema que se decretó en 2007, cuando las garrafas de 13 kilos pasaron a tener colores, y que implica que las empresas retiran de los clientes envases de cualquier color (los que deben devolver a sus competidores) pero solo pueden cargar gas en las garrafas propias (doradas las de Acodike, azules las de Riogas, verdes las de Megal y blancas las de Ducsa). Por el levantamiento del clearing, que terminó ayer, las empresas podían rellenar los envases sin importar el color, algo que Acodike se negó a hacer.

Las ineficiencias del sistema quedaron de manifiesto en la denuncia del Sindicato Único de Trabajadores de Supergás (SUTS) el 20 de junio, que reveló que después de la medida de la Ursea aparecieron 7.000 garrafas de Megal que habían estado en manos de la competencia. "El único que respondió cargando garrafas de cualquier color fue Megal, entonces para que no cargara las garrafas de otras empresas le devolvieron las de ellos", sostuvo a El País el dirigente de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys), Raúl Ferrando. El "secuestro de envases", como práctica de competencia desleal, ha sido denunciado varias veces por el sindicato, en un mercado dominado por Acodike (34%) y Riogas (32%), seguidos por Ducsa (19%) y Megal (14%). Esta última firma aseguró que "el sistema no funciona correctamente y no a causa de que Megal tenga un déficit de envases, ya que se compraron 16.000 en lo que va del año". El mismo día que trascendió lo de las garrafas, la Ursea resolvió darle 20 días hábiles a las empresas para presentar un plan de contingencia para los períodos de mayor demanda.

Esta semana la situación siguió complicada, tras el paro de los empleados de supergás el martes y miércoles, y de que se decidiera trabajar a reglamento (sin hacer horas extras) el jueves y el viernes, ya que el SUTS estuvo reunido en el Ministerio de Trabajo con representantes de las empresas, en una negociación que no terminó con los acuerdos esperados por el sindicato. "Estamos en zona roja. Se viene un conflicto de dimensiones gigantes", expresó Gonzalo Scotti, vocero de los trabajadores, quien explicó que se pide como principal medida erradicar los "sectores sumergidos" que cobran entre $ 15.000 y $ 17.000, formado por quienes distribuyen las garrafas. Las empresas pidieron "un cuarto intermedio" hasta el martes, sostuvo Scotti. Hasta ese día se trabajará a reglamento, lo que implica que si la demanda es alta habrá demoras.

Detrás de esa garrafa que a simple vista se ve como un objeto sencillo, se encuentra una gran cantidad de actores y de intereses."Es un sector muy complicado. Arranca con un problema de muchos años atrás en la forma organizativa del trabajo, lo que ha generado problemas operativos", dijo el director nacional de Trabajo, Juan Castillo. Ancap es el que produce o importa el producto, "lo envía a través de un caño y ahí se subdivide entre las cuatro empresas y en otra tanta cantidad que la distribuyen y la reparten en fletes", explicó.

Hasta 1950 el combustible más barato era el querosene, pero a partir de esa época Ancap empezó a producir GLP y la Asociación Cooperativa de Distribuidores de Kerosene (Acodike) comenzó a comercializar supergás. En 1977 se sumó Riogas y en 2004 se incorporaron Megal y Ducsa (propiedad de Ancap). Acodike y Riogas forman parte de Gasur, una empresa conformada por estas dos compañías más Ancap para el envasado del producto, que se desarrolla en dos plantas que son propiedad de la empresa pública y que operan las dos firmas citadas. Ducsa también envasa en estas plantas. La única que opera en planta propia es Megal.

Entre las cuatro plantas de envasado suman más de 400 empleados, aseguró Scotti. No obstante, el número de trabajadores del supergás es mucho mayor. Acodike, por ejemplo, cuenta con 130 empleados directos, y Riogas con 320, pero entre ambas empresas suman unos 4.000 trabajadores indirectos, dependientes de empresas tercerizadas. Es ahí donde el sindicato pide intervenir, ya que pretenden que los salarios de los sectores de distribución y fleteo se equiparen con los de planta. El salario mínimo en planta es de unos $ 35.000 por 40 horas semanales, pero el promedio ronda los $ 50.000. Con horas extras, algo regular en la zafra, el salario puede dispararse a los $ 80.000 o $ 90.000. Sin embargo, el trabajador que lleva la garrafa a la casa del usuario tiene sueldos de $ 15.000 a $ 17.000, haciendo 44 horas semanales. Las propinas varían dependiendo de la zona, pero pueden ser entre $ 250 y $ 300 por día. El sindicato pide que estos sectores trabajen 40 horas.

El País hizo una recorrida por algunos puestos de distribución de la zona céntrica y los trabajadores consultados expresaron no saber que se estaba peleando por sus salarios. "Sería un gasto muy global que las empresas asuman todos los puestos y nos ponga en la misma capacidad de sueldos; el sindicato tiene que bajar a la realidad", dijo uno de los empleados. Los encargados de los centros de distribución también manifestaron su descontento por no poder aprovechar la zafra para crecer. Eduardo Ocampo, encargado de la estación de Ancap de Paysandú y Fernández Crespo, sostuvo que los fleteros prefieren trabajar de forma independiente (con sus vehículos) ya que tienen un salario promedio en invierno de $ 80.000. A su vez, el propietario de una empresa de fletes, que prefirió no ser identificado, se quejó de que los sindicalistas no tengan en cuenta cuando hacen paro que este sector cobra por garrafa entregada, y criticó reivindicaciones como el pedido de una taza de café con leche y tres bizcochos para los trabajadores todas las mañanas o el pago doble el día de cumpleaños.

Según empresas de la Cámara Uruguaya del GLP, que pidieron anonimato, la conflictividad del sector disminuyó la producción, pese a que los salarios han tenido un "incremento muy significativo". Las compañías se quejan de que los trabajadores se nieguen a cargar "en cuarta" (poner las garrafas en cuatro filas en un camión). Acodike manifestó: "En 2014 el sindicato lo prohibió aduciendo temas de salud laboral, los cuales no están avalados por ningún estudio. Todas las empresas están cargando en tres niveles, lo que disminuyó la capacidad de transporte en un 25% para el mismo camión". Acodike destacó que de 2013 a 2016 aumentaron del 2% al 12% las horas perdidas por conflictividad laboral. Riogas sostuvo que se están haciendo más turnos y envasan su capacidad máxima (23.000 garrafas diarias), pero las medidas sindicales son las que inciden en el abastecimiento.

Los trabajadores, por su parte, reclaman tener trajes ignífugos (contra incendios) y una mayor inversión de las empresas, en turnos de trabajo, en camionetas, telefonistas y en la existencia de planchadas de descarga en el interior acordes a la altura del transporte. Señalan que la conflictividad muchas veces tiene como motivo las razones de salud laboral (ver aparte). La Ursea también ha sido crítica con las empresas, e informó a la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios del Poder Legislativo que estas pagan en concepto de multas unos US$ 300.000 o US$ 400.000 por año y por compañía. Según la unidad reguladora, el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), realiza las renovaciones de los contratos y debería incluir cláusulas nuevas, pero la directora de Energía, Olga Otegui, explicó a El País que los contratos los hace Ancap con las empresas envasadoras y distribuidoras y, por lo tanto, no son competencia del MIEM.

La Cámara del GLP criticó las multas que reciben las compañías por expendios ubicados en el interior, en manos de firmas tercerizadas. "Resulta materialmente imposible que una empresa pueda controlar el tráfico secundario de envases en cada lugar del país. Si la Ursea no puede hacerlo, mucho menos las empresas".

Hasta 2007 solo había envases grises y cualquier empresa podía envasarlos, pero este sistema fue reemplazado por el de colores para fomentar la inversión de las compañías y para que se pudiera rastrear de qué empresa era el envase en caso de accidente. Sin embargo, los problemas recurrentes en el sector del supergás han hecho que se cuestione el clearing.

"Cuando no había colores era tierra de nadie", sostuvo Rául Ferrando, dirigente del sindicato de comercio (Fuecys). "Lo mejor es que las garrafas tengan un chip de trazabilidad, saber en qué condiciones llegan a las casas", agregó. El senador Jorge Larrañaga, integrante de la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios, sostuvo en la sesión del 15 de junio: "Es un antológico absurdo, que en un país donde hay 11 millones de vacunos que se pueden caravanear y se sabe la trazabilidad, no se lo pueda hacer para 2 millones de garrafas".

La empresa Megal expresó acuerdo en buscar otros sistemas de rastreo. La propia Ursea cuestiona el clearing. Según un informe de 2014, si una empresa corta el suministro de GLP, el sistema de colores provoca que el problema se propague a las otras empresas, que por falta de envases reducirán también su suministro, desencadenándose un efecto dominó.

El frentista Luis Puig, vicepresidente de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes, sostuvo que se han recibido muchas denuncias del sindicato de supergás y que "las empresas han desconocido aspectos básicos de las condiciones de trabajo y hacen convenios con distribuidores en el interior que no respetan las condiciones de seguridad". Puig aludió a la explosión ocurrida en 2014 en una distribuidora del interior, en la que murieron dos empleados y otros dos resultaron heridos. "Las empresas, lejos de preocuparse por revertir las situaciones, quisieron disimularlas". Un informe de 2009 del Departamento de Salud Ocupacional de la Facultad de Medicina de la UdelaR en las fábricas de Acodike, Riogas y Megal reveló exceso de carga física, exposición a contaminantes, ruido y condiciones climáticas adversas, y controles deficientes de la salud. En 2014 se realizó una visita a la fábrica de Megal, constatándose problemas de ruido y la necesidad de un mejor control en la incidencia de los contaminantes químicos. El estudio apuntó como problema principal la carga física a la que se ven expuestos los trabajadores (la garrafa llena pesa entre 25 y 30 kilos). Este año Megal implementó una garrafa liviana, de fibra de vidrio y poliéster, que pesa 11 kilos menos.

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