De un lado, las autoridades de Secundaria que quieren imponer la elección de horas docentes por dos años —un cambio vital según expertos y autoridades de la educación—; del otro, los profesores que se niegan. Todos los años la misma pelea. Los segundos son los que siempre ganan, y lo hacen cada vez con menos esfuerzo.

La aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren treinta, o pocos más, desaforados gigantes, con quien pienso hacer batalla…", le dijo Don Quijote de la Mancha a su gordo escudero que no llegaba a comprender. Es que no eran gigantes, eran molinos de viento, y esa batalla, por imaginaria, por disparatada, era imposible de ganar. Hay peleas que uno sabe que las va a perder antes de ponerse en guardia, sin embargo, la tozudez, la locura o la inútil valentía a veces pueden más. En Uruguay hay una contienda que se da todos los años: es la puja por la elección de las horas docentes —es decir, la distribución de cargos para profesores en los distintos liceos del país. Las autoridades quieren hacerla por dos años. El sindicato quiere que se siga realizando por uno. Todos los años se entreveran en una batahola en la que siempre gana el segundo. A veces, la imaginación hace creer a algunos que los molinos de viento están a punto de claudicar, o que se puede firmar un acuerdo de paz con ellos. Pero no, es solo una ilusión.

La cosa es así: por un lado, del bando del desafiante, está el Consejo de Educación Secundaria (CES), desde hace ya tres años y medio capitaneado por Celsa Puente y su único escudero, el consejero Javier Landoni. Se entrenan todo el año para la guerra. Arman estrategias desde sus oficinas en la Ciudad Vieja, pero lo hacen con una infiltrada que los vigila de cerca. Se trata de la consejera Isabel Jaureguy, que juega para el enemigo —quizá para algunos esta palabra sea demasiado fuerte, pero sirve para entender el punto. Jaureguy, que fue electa por los docentes, comunicó hace unos 10 días al sindicato la estratagema que tejían Puente y Landoni para intentar imponer las elecciones por dos años. Se trataba de condicionar algunos concursos de mandos medios —por ejemplo, de adscriptos— a que se hiciera un plan piloto que permitiera llevar adelante esto en tres departamentos: Durazno, Flores y Florida.

Sucede que no hay armadura que pueda frenar a tan difícil adversario. La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), aunque tiene sus propias divisiones, cuando hay un objetivo en común pelea hombro a hombro y a capa y espada. Están los delegados del interior del país, que juegan un papel más conciliador, de búsqueda de acuerdos, y los de Montevideo, mucho más aguerridos, que hasta parecen disfrutar de una confrontación cuerpo a cuerpo. Cuando la cosa se pone difícil estos últimos llaman a un paro y los primeros apoyan. Así fue que, una vez más, hace algunos días desarticularon el plan: en la próxima elección se pondrán a disposición solo los cargos para 2018, por un año.

Los paros son la artillería pesada de los trabajadores sindicalizados. Desde que Puente asumió el cargo le hicieron varios: por presupuesto —todo 2015 estuvo marcado por la huelga y en total los estudiantes perdieron más de un mes de clases—, por golpes o insultos de algún alumno a un docente —un alumno de los más de 234.000 que hay en todos los liceos del país y que se quedan sin clases—, porque según ellos existe un plan encubierto para privatizar la educación —lo justifican por las obras que se pretenden hacer con el mecanismo de Participación Público Privada (PPP), única alternativa para construir centros educativos que presentó el Ministerio de Economía—, o por el tema de la elección de horas.

La tesis de Puente es la misma que defienden las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), la organización civil multipartidaria EdUy21 —liderada, entre otros, por los exjerarcas de la educación caídos en desgracia, Fernando Filgueira (exsubsecretario) y Juan Pedro Mir (exdirector de Educación)—, y la oposición política al gobierno del Frente Amplio, sobre todo el senador blanco Luis Lacalle Pou, que más de una vez ha hecho declaraciones públicas sobre el tema. La cuestión es que todos estos presagian que la elección de horas por dos años, o más, permitirá generar comunidades educativas más estables porque los centros no tendrán profesores distintos todos los años.

Pero esto también esconde una razón económica. Cada elección de horas tiene un costo de $ 5.000.000, o sea unos US$ 180.000, según fuentes de la ANEP. Un ahorro que no le viene nada mal a un presupuesto que, desde los dos bandos, consideran que es poco. En campaña el Frente Amplio prometió "tender al 6%" del Producto Bruto Interno (PBI) para la educación, pero no se ha llegado —y no hay miras de que se pueda llegar— siquiera al 5% para 2019.

Lo que pasa, también, es que la lucha se da contra un sindicato que no sabe de medias tintas: cuando declara algo lo hace de forma enfática, volando todos los puentes. Así es que sostiene que todos los que proponen las elecciones por dos años no saben nada. "A Filgueira, a los organismos internacionales y a todos los que andan por ahí, se les ha ocurrido que con cinco cosas pueden resolver mágicamente el sistema más grande del Estado en el Uruguay. Eso es mentira", afirma la presidenta del sindicato, Virginia García Montecoral. Y agrega, ya más beligerante: "Yo no me meto a hablar de fútbol porque no sé. Me puede gustar cómo juega Diego Godín, pero no sé. Esta gente sale hablando de lo que no sabe. Hay que arreglar muchas cosas para hacer la elección de horas por dos años. Ahora es imposible".

Los profesores no improvisan. Andan para arriba y para abajo con un documento que lleva por título "Sobre las elecciones de horas 2017", donde están expuestas las principales razones por las que se oponen a la elección de horas por dos años. Las autoridades, sin embargo, advierten que sus rivales no ponen sobre la mesa todas las cartas, y que hay motivos ocultos que, por no ser nada simpáticos para la opinión pública, ellos nunca confiesan.

El consejero de la ANEP Robert Silva, que es colorado y ganó una elección de docentes para llegar a su cargo —y lo logró pese a no tener el apoyo de los profesores sindicalizados—, advierte que la mayoría de los educadores quiere que las elecciones se hagan por más de un año, que los únicos que lo frenan son aquellos que están dentro de Fenapes. "Acá no es que los profesores se oponen, acá el que se opone es el sindicato", resume.

Para Silva, la negativa de Fenapes responde a razones más de carácter doméstico, por decirlo de alguna manera. No tiene que ver con problemas globales del sistema educativo, sino más bien con el día a día de las instituciones. "Ellos, por ejemplo, tienen miedo a casos en que un profesor se lleve mal con un director", dice el consejero. Con el sistema actual, cuando esto pasa, lo que el docente suele hacer es cambiarse de liceo al año siguiente. Si se efectiviza la reforma este deberá esperar dos años para pasarse a otra institución. El escenario parece muy excepcional, pero ocurre más de lo que uno imagina. De hecho, en los últimos tiempos hubo varios paros parciales en centro educativos por problemas puntuales de docentes —casi siempre pertenecientes al núcleo sindical— con directores. Los profesores suelen denunciar a los directores e inspectores de presionarlos para que pasen de año a estudiantes que no llegan al nivel suficiente como para ser promovidos.

El documento de Fenapes refiere en uno de sus puntos a lo que ocurre en casos en que un profesor toma una cantidad de horas en Montevideo y que al otro año no puede asumirlas porque decide mudarse a, por ejemplo, Maldonado. Son pocos los trabajos en que una persona en caso de mudarse de un lugar para el otro por motu proprio puede mantener las mismas condiciones de trabajo, pero el sindicato advierte que con los profesores se debe tener esta contemplación puesto que ocupan un lugar "estratégico" para el país. "No se puede igualar el trabajo docente al de otros empleos. Es probable que cuando un trabajador privado se mude de una ciudad a la otra la empresa le diga buenas noches o lo ponga en otro cargo con distintas condiciones. Pero acá la cosa es distinta. Tanto la educación como la salud tienen una articulación estratégica en la vida del país", argumenta Emiliano Mandacen, miembro del ejecutivo de Fenapes y hasta hace pocas semanas presidente de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES-Montevideo).

El sindicato asegura, sin embargo, que su oposición a la elección por dos años tiene que ver más que nada con la falta de planificación a largo plazo por parte de Secundaria. Advierten, por ejemplo, que hay diferentes planes con distintos programas, y que las autoridades los suelen cambiar año a año. Esto puede hacer que un profesor se vea en la obligación de dar una materia de una manera un año, y otro año darla de otra, debido a una modificación de los contenidos. Silva señala que se cuidaría de que esto no pasara, y que justamente debido a estas cuestiones es que se pensó en hacer un plan piloto en tres departamentos.

El sindicato expone, también, que no hay una planificación a dos años en cuanto a la construcción de liceos, y tampoco en lo que tiene que ver con la creación de grupos. Para este 2017 se pusieron a disposición de los docentes 340.000 horas —que corresponden a la cantidad de horas de clase a dictar por semana. Estas fueron más de las que hubo en 2016, puesto que se abrieron 120 grupos nuevos, entre ellos todo un turno en el liceo N° 5 de Maldonado.

"Con tanto cambio no hay condiciones para asegurar la misma carga horaria para los trabajadores, porque puede ser que cierren grupos o se abran otros. Acá el problema no es solo que de un año al otro pueda cambiar la situación de los docentes, el tema es que lo que cambia también es la realidad de Secundaria. Ellos van mirando cómo emparchar las cosas con el presupuesto que tienen, así es que deciden la cantidad de grupos que va a haber", recalca Mandacen.

Pero hay más problemas planteados en el documento de Fenapes. Se refieren, también, a lo que pasa con las horas de suplencias e interinatos. Las suplencias se realizan por las faltas de los profesores, ya sean con un certificado médico o directamente sin aviso. Si un docente falta durante un mes, ahí se le pone un suplente; si falta menos, así sean tres semanas, los alumnos se quedan todo ese tiempo sin tener clases. Los estudiantes perdieron el año pasado 513.500 horas de clase debido a estas faltas, según un pedido de acceso a la información realizado por El País al finalizar los cursos. Fenapes dice que la mayoría de los casos son licencias por maternidad. El sindicato pide hacer una proyección de las suplencias, para evitar que se generen "baches" en el sistema de un año al otro.

Los interinatos, en tanto, son cargos de docentes que están en pases a comisión o son legisladores. "Es que nosotros tenemos a muchos docentes en el Parlamento. Es el caso, por ejemplo, del intendente de Canelones, Yamandú Orsi", señala García Montecoral. Lo que advierte el sindicato es que las horas de interinato no se pueden tomar por dos años, dado que la titularidad la tiene un profesor que puede volver en cualquier momento dejando sin trabajo a quien está desempeñando el cargo. Hoy por hoy los docentes pueden reservar las horas y la radicación —es decir, el liceo en que trabajan— por cinco años. Este es el caso, por ejemplo, de Jaureguy, que mantiene su cargo como directora del IAVA.

Como sea, el sindicato otra vez ganó la pulseada. Puente dijo que "si los profesores de hoy no lo quieren, no hay problema (…), la educación no depende de esto", y así dio por zanjada la contienda. Sin embargo, ella no pelea sola. Las autoridades de la ANEP y el Poder Ejecutivo quieren este cambio y le exigen insistir con la batalla. Ya se verá qué plan se traen entre manos para volver al ruedo. En tanto, los molinos siguen allí, impávidos, como "viles criaturas", a decir de Don Quijote.

El tema de las horas docentes es un problema para los profesores de Secundaria, pero no lo es para los de Primaria, donde las elecciones son por más de un año ya desde hace unos 50 años. Cuando se elige se hace, por lo menos, por un lapso de tres años. "Todos los años se eligen a los maestros nuevos —los que acaban de recibirse, ya que en las escuelas para dictar clases es obligatorio tener el título— y los que ya son efectivos solo se trasladan de escuela, en caso de que así lo quieran, cada tres años", explica el consejero Héctor Florit. Este, que en la Administración anterior era director general del Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP), impuso en ese entonces una reforma por la cual los maestros obtienen un incentivo en caso de que se mantengan en su cargo por cinco años y no solo por tres. "Quienes postergan su traslado por cinco años integran una lista prioritaria —para cuando tengan que volver a elegir cargos—, y optan antes de los que tienen tres años", señala Florit.

La elección de horas se suele efectivizar en octubre —por lo menos la de la mayoría de los cargos. Ahí es que los profesores con mayor puntaje arrasan con todo, toman todas las horas que pueden, y si luego no las quieren las devuelven para que se pongan de vuelta a disposición. Esto llevó a que la directora general de Secundaria, Celsa Puente, los acusara el año pasado de padecer "mal de Diógenes" por tomar más horas de las que son capaces de dictar. La enfermedad de Diógenes lleva el mismo nombre que el de un sucio filósofo griego, discípulo de Antístenes, que a su vez era pupilo de Sócrates, y se utiliza para definir a las personas que, por padecer un trastorno psicológico, acumulan basura. Estas declaraciones, que desencadenaron otros episodios, hicieron que el sindicato y la directora general no se dirigieran la palabra por casi seis meses y que se suspendieran las reuniones bipartitas entre las partes por ese tiempo.

La elección en Montevideo se hace en los liceos más grandes (el IAVA, el Bauzá o el Miranda), y en el interior en las instituciones de las capitales departamentales. Están a cargo de delegados de las autoridades y sindicalistas, que no solo ejercen un papel de contralor sino que participan activamente del proceso. Lo que se hace es poner en cada uno de los salones a un funcionario —que suele ser un inspector— y un docente sindicalizado que van recibiendo a los profesores según su calificación. Allí les muestran a los profesores en una computadora las horas que están disponibles y estos eligen.

Los educadores se separan en siete categorías según los años de actividad que tengan y la calificación que reciban (por parte de los directores e inspectores). Los que están en el séptimo nivel, que son los que perciben mayores sueldos, son los que eligen primero, y es común que se queden con los liceos del centro de la ciudad. Los de menor calificación —y también de menos edad—, normalmente se quedan con los liceos de la periferia.

Cuando un docente elige horas que luego no asume, las devuelve y se activa la maquinaria para buscar a un nuevo profesor. Esto lleva tiempo, y en los centros de la periferia del país a veces es difícil conseguir, sobre todo cuando se trata de materias deficitarias, es decir aquellas para las que faltan educadores. Este es el caso de Física, Química, Matemática e Inglés.

Por la deficiencia de profesores, uno de cada tres docentes no tiene título. La diferencia de salario entre un trabajador recibido y uno que no lo está es de 7,5%. En el caso de Enseñanza Primaria, el 100% de los maestros de educación pública tiene su título, mientras que en las instituciones privadas el porcentaje es de 93%.

El 72% de los docentes de Secundaria trabaja en el sector público, 15% en el privado y 13% en ambos. El 25% de los profesores de los liceos públicos tiene también trabajos por fuera del sistema educativo obligatorio, según datos de la última Encuesta Nacional Docente, de 2016.

CARLOS TAPIA

PUJA POR ELECCIÓN DE HORAS DOCENTESCARLOS TAPIA