Prueba clave: paso a paso en la escena del delito

07/05/2016, 05:28

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Foto: Fernando Ponzetto — Recorrida por los laboratorios de la Policia Cientifica, pruebas de balistica, evidencia, Mvdeo., ND 20160412, foto Fernando Ponzetto

Solo un tercio de los presos en Uruguay recibió su condena. Esta falencia explica, en parte, la urgencia por cambiar el Código Procesal Penal. La modificación supone extremar los cuidados de preservación de las pruebas, porque hoy se sigue contaminando la escena del hecho.

Ocurrió en el barrio La Figurita. Dos personas entraron a robar el miércoles a un negocio de productos congelados y un militar, que en ese momento estaba realizando su compra en el local, recibió un disparo entre el pecho y el abdomen que lo dejó herido. Minutos después la Policía de la zona llegó al lugar y más tarde los peritos. Pero esta vez no se cerró la calle, como sucede cuando hay un accidente de tránsito. Los técnicos buscaban rastros a 50 metros, mientras los curiosos caminaban por ahí borrando toda huella. Algo salió mal. No se preservó lo que en la jerga policial se conoce como "la regla de oro": mantener intacto el escenario de los acontecimientos. Este descuido puede transformarse en un viaje a la cárcel y una estadía de varios años para personas inocentes o, lo que es más frecuente, dejar impune un crimen.

No es una situación nueva. El exjuez en lo penal Rolando Vomero recuerda que cuando llegó al sitio donde estaba el cuerpo de la última víctima de Pablo Goncálvez, hace más de 20 años, estaban dos jefes de Policía, dos subjefes, médicos y policías, todos rodeando al cadáver. El magistrado atinó a decir: "Me parece que somos muchos por aquí".

El caos en la escena del hecho es una "imagen frecuente", comenta el juez Nelson Dos Santos. "Hay veces que encuentro colillas de cigarro en el suelo y cuando pido que se guarde esa evidencia me avisan que es de un policía que está custodiando la zona", dice. Desde la propia Policía hacen su mea culpa: "Hay miedo a cortar una calle para no generar revuelo y los móviles policiales no suelen contar con elementos tan básicos como una cinta para demarcar un perímetro", señala Miguel Barrios, secretario de asuntos legales del Sindicato Único de Policía. Este estudiante de abogacía comenzó a hacer pública la problemática luego del asesinato de Lola Chomnalez y una foto que circuló de oficiales cargando objetos en una caja de cartón para bananas. Luego los técnicos explicaron que estaba todo "correctamente etiquetado y protegido".

Aun así, tanto la Policía como la Justicia reconocen que la Policía Científica trabaja en forma muy profesional y que, salvo en la rapidez para resolver los casos, los procedimientos son muy similares a los que se ven en series de televisión. Tampoco notan que haya intencionalidad de alterar la escena del crimen o "burradas", como sucedió ante la muerte del fiscal Alberto Nisman, en Argentina.

Una fuente de Fiscalía con más de 20 años de ejercicio profesional recuerda solo un caso en que la propia Policía alteró la prueba: a una señora le habían robado un collar de oro, hubo un arresto ciudadano y se logró detener al presunto autor. Sin embargo, cuando los oficiales entregaron la joya incautada era diferente y tenía el tono de un metal desgastado.

Estas discusiones que hasta ahora eran parte de la academia o del anecdotario policial cobran relevancia por el cambio en el Código del Proceso Penal. El gobierno y la oposición pactaron el martes la aprobación de una partida de US$ 40 millones para que la Suprema Corte de Justicia pueda estar a la altura de las modificaciones. El dinero será asegurado en la próxima Rendición de Cuentas para que en julio de 2017 la normativa funcione a pleno.

El cambio.

Hoy el juez es quien está en contacto directo con las pruebas, porque es él quien lidera la investigación. Si lo considera importante, el propio magistrado se hace presente en el lugar y verifica, con sus ojos, cómo es tratada un arma o una víctima. Pero eso cambiará. Desde el año que viene será el fiscal quien recoja las potenciales pruebas y deberá demostrar ante el juez por qué acusa a determinada persona.

Para la fiscal Gabriela Fernández, encargada del nuevo sistema informático que tendrá el proceso acusatorio, el cambio de sistema es pasar "de la barbarie a la civilización". Hoy "quien juzga es el mismo que te acusa" y que hizo todo para tener las pruebas en tu contra. Como resultado, hoy siete de cada 10 presos aún no recibieron su condena. Los jueces les asignaron una prisión preventiva a 7.128 personas que todavía no tienen una sentencia definitiva. "Es una cuestión de derechos humanos, el sistema inquisitivo —como se conoce al vigente— no tiene sentido en el siglo XXI", agrega la representante del Ministerio Público.

Por más que los jueces sean muy profesionales, dice la fiscal Fernández, "son personas y están enamoradas de su investigación". Eso hace que en menos del 1% de los casos de procesamiento haya una marcha atrás: el magistrado o el fiscal asumen que no hay méritos para condenar. En al menos 20 casos de los procesamientos de 2015 se revocó o absolvió el proceso, según datos preliminares del Registro Nacional de Antecedentes Judiciales. En 2014 fueron 42.

En el nuevo régimen, el material probatorio deberá preservarse hasta el momento del juicio y se deberá presentar al juez cada uno de los procedimientos para recolectar esas evidencias e indicios. "Para ello debe haber una cadena de custodia muy científica, porque puede que esos elementos vayan a ser claves varios meses después", explica la fiscal.

Este ajuste de tuercas limitará los atropellos que suceden ahora, dice el exjuez Vomero. Como ejemplo pone la realización de reconocimientos en la sede policial, algo prohibido por normativa. Recuerda el caso de dos señoras mayores que fueron víctimas de una estafa. Los policías habían detenido solo a una mujer. Para comprobar si esa era la persona, el magistrado pidió la complicidad de sus dos actuarias e hizo que modelaran para el reconocimiento. Los dedos acusadores de las víctimas apuntaron a quienes estaban allí como extras. "Ninguna de las dos apuntó contra la mujer detenida, lo que explica que el juez debe estar corroborando cómo se realiza el procedimiento".

En carrera.

Una persona no puede estar más de 48 horas detenida sin que alguien tome una decisión sobre su futuro. Mientras la Justicia estudia qué postura adoptar, se desata una carrera contra reloj en la que la Policía intenta reunir evidencias y sacar conclusiones. Por eso desde el vamos todo está bajo un protocolo.

El primer policía que llega al lugar es quien cerca el perímetro e intenta preservar la escena. Si queda alguien con vida, el médico tiene prioridad para actuar, aun cuando para ello deba contaminar las evidencias. Ahí comienza otra carrera: las muestras biológicas y químicas son sensibles a los cambios de temperatura. Unas gotas de sangre para una alcoholemia, ya refrigeradas, no pueden tardar más de ocho horas en llegar al laboratorio toxicológico del Poder Judicial.

Una vez presentes en la escena los peritos de Policía Científica comienzan a tomar muestras e imágenes, siempre siguiendo un orden: de afuera hacia adentro o a la inversa, en sentido de un espiral, por zonas si es en una habitación, por franjas si es en la vía pública y así hasta "barrer" todo el escenario.

Cada una de las acciones debe estar fotografiada. No son imágenes artísticas ni buscan jugar a que algunos objetos queden fuera de foco. Todo lo contrario: se intenta demostrar que un elemento estuvo exactamente ahí, en ese momento. Por eso se va de lo general a lo particular, se toman puntos de referencia como la matrícula de un auto o la puerta de un domicilio. Y una vez que se levanta un objeto, como un proyectil, se coloca en un sobre debidamente etiquetado. "Siempre usando guantes", repite varias veces José Azambuya, director de Policía Científica.

Cuando el móvil policial que trae las evidencias llega a la sede de Policía Científica, en el barrio de La Aguada, lo recibe otro policía. Quien entrega y quien recepciona completan un formulario. Esta acción se repite en cada paso de la cadena. Dependiendo si es una muestra biológica, química, un elemento de balística u otro elemento es que se asigna su destino. En ese proceso los peritos deben demostrar que la pólvora que apareció en la mano de un detenido coincide con determinado proyectil, usado en un arma específica, o que el ADN de un presunto violador pertenece a los rastros de semen encontrados en la víctima.

Pero por más ciencia, "ninguna prueba por sí sola es lapidaria", explica el juez Dos Santos. "Uno debe sopesar toda la información, porque incluso un ADN tiene un margen de error" o puede arrojar falsos negativos. A Vomero le sucedió ante el caso de un niño de 5 años que había desaparecido. La primera prueba de ADN dio negativa y recién la segunda comprobó que efectivamente el niño hallado era el buscado.

La confianza cobra un sentido especial en esta cadena de custodia. Vomero recuerda que llegó a procesar a un policía y que la prueba fundamental fue el informe de balística que elaboró un colega suyo. En esa línea, Elena Lerena, responsable del laboratorio de toxicología y drogas del Poder Judicial, señala que "hubo casos en que la información no podía revelarse ni ante el pedido del ministro del Interior porque eso perjudicaría la investigación".

La inversión.

En los laboratorios que colaboran con la Justicia hay máquinas que parecen salidas de una película futurista. En el tercer piso de la morgue judicial de Montevideo, donde está el departamento toxicológico, hay una sala bajo llave. Desde afuera se escucha el ruido mientras calibran un aparato que valió más de US$ 400.000.

Hacer un test de alcoholemia, el más rápido y sencillo, le cuesta al Estado US$ 50, incluyendo el salario de los funcionarios. Es que solo los reactivos para cotejar ascienden a los US$ 15.000.

También la Policía realizó su inversión y cuenta con sistemas de última generación. El más novedoso es el registro de huellas dactilares que permitió identificar a 593 personas que participaron de escenas del crimen durante el año pasado.

Pero los recursos, dicen los involucrados, no son suficientes. El laboratorio del Instituto Técnico Forense cuenta con 10 técnicos para analizar 2.500 casos toxicológicos por año y una misma cantidad de drogas. Hace 19 años, cuando comenzaba a funcionar esta área, el promedio era de 100 casos. "La diferencia se explica por el cambio en el nivel de pericias y dan cuenta del consumo problemático de sustancias", señala Lerena.

Entre los pocos técnicos deben turnarse para recibir las muestras, llenar los formularios, etiquetar, hacer los ensayos científicos, reponer los utensilios, limpiar, elaborar los informes y, sobre todo, preservar las pruebas.

En el caso de las drogas tienen dos cometidos más: la custodia y la posterior destrucción. Es que a ese cuarto piso del edificio de Gonzalo Ramírez y Zelmar Michelini llegan para ser analizadas todas las muestras incautadas. Cuando el lote es demasiado grande, la custodia queda en manos de la Guardia Republicana. Si no es depositado en dos oficinas bajo llave.

La droga permanece allí al menos un mes y medio. Luego el Ministerio de Salud resuelve si ese lote será destruido o se destinará a investigación científica.

En el laboratorio hay tubos con polvos de todos los colores. El verde neón es de las pastillas Hello Kitty, las azules son de un falso éxtasis y las violetas de las famosas Súperman incautadas en el aeropuerto de Carrasco. La mesada con esos tubos es una demostración simple de la heterogeneidad de las sustancias que circulan. Todo llega allí y la misión es determinar cuáles son los químicos concretos que contienen. Los estudios también abarcan a la marihuana. A ese mismo laboratorio fue a parar la leche en polvo incautada en el puerto y que la Policía creía que se trataba de cocaína.

"Esa es la diferencia entre las pruebas presuntivas y las definitivas", dice el juez Dos Santos. "Nosotros como jueces nos basamos en lo que presume la Policía para iniciar un proceso, pero luego el examen definitivo determinará la validez".

Ocurre que no siempre un juez le da relevancia a una opinión científica. Eso a los técnicos les duele. En el despacho de recepción de evidencias de la Policía Científica queda claro. Sobre un mural hay una foto del equipo que trabajó en el caso de la joven argentina Lola Chomnalez, que sigue impune desde hace un año y medio. Que la culpa es de la jueza de turno, que en Rocha no estaban preparados, que las condiciones dificultaron la tarea, que la prensa argentina presionó demasiado... todas son explicaciones, pero los técnicos no se convencen. Algunas evidencias del caso aún están guardadas en un galpón del primer piso del edificio de la calle San Martín.

La ley y la trampa.

Un galpón repleto de vasos y botellas con un polvo blanco que hace de revelador. Esos objetos en que las personas dejan las huellas son claves en las investigaciones, dice Azambuya. Pero así como se tecnifica la policía, también lo hace la delincuencia. El uso de guantes es un elemento básico y llega a acciones más sofisticadas como las emprendidas por el crimen organizado en internet. Los delincuentes no serán los únicos que le ocasionarán dolores de cabeza a la Fiscalía y la Policía bajo el nuevo Código. Los abogados defensores estarán más despiertos que nunca. Es poco probable que un abogado critique cómo se obtuvo una prueba, explica el docente de Udelar, Gabriel Valentín, pero eso será clave en el nuevo proceso. De ahí que sea cuestionable que la Defensoría Pública carezca de personal y siga dependiendo del Poder Judicial. Como resume Vomero: "Valorar la prueba es lo más difícil del juicio" y para ello todas las circunstancias y actores son relevantes.