CASAS DISPARATADAS

Propiedades del Estado: la peor inmobiliaria

La Administración Central tiene 2.498 inmuebles, 163 de ellos abandonados. Estas viviendas y tierras baldías en desuso valen al menos US$ 40 millones, lo necesario para construir 20 escuelas de tiempo completo. Ocupan el tamaño de 1.887 canchas de fútbol profesional. ¿Hay solución?

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Vázquez ordenó la actualización del registro y análisis. Foto: F. Ponzetto

En momentos en que el gobierno se rasca los bolsillos para rescatar un peso, tiene al menos US$ 40 millones en inmuebles en desuso, desperdigados por todo el país. Este cálculo conservador alcanza para construir 20 escuelas de tiempo completo, el Antel Arena o casi saldar la no devolución que ha tenido el Fondes.

Dentro de las fincas abandonadas, hay viviendas emblemáticas como las ex oficinas de los trolley, en Ciudad Vieja, que con sus mallas de sombra para sostener la mampostería parece el escenario perfecto para una película de terror. A pocas cuadras de allí hay una casa de la época artiguista y unas manzanas más allá está el esqueleto de un edificio que nunca se completó. Solo en esta zona céntrica de la capital hay más de US$ 7 millones, según la estimación a la que llegó El País por el metraje y ubicación de los terrenos.

Es que son 163 los inmuebles de la Administración Central que están tapiados, son baldíos o bien podrían dar cobijo a personas en situación de calle, pero permanecen vacíos. Es casi el 7% del total de 2.498 propiedades de la Presidencia y los ministerios.

El desuso, a su vez, genera más gastos: el mantenimiento de las fachadas para no generar daños en los transeúntes, denuncias de vecinos por pasaje de humedad o contaminación, deudas con las intendencias y, en algunos casos, el pago de guardias de seguridad privados para que la vivienda no sea ocupada. Eso sin contar otras externalidades como el incremento de los asentamiento en la periferia, donde hay que hacer llegar el saneamiento y la electricidad, justo cuando las fincas abandonadas están estratégicamente ubicadas en zonas de servicios.

Es que son más de 13 millones de metros cuadrados —el tamaño de 1.887 canchas de fútbol profesional— que están en el olvido y que, de fraccionarse, venderse u ocuparse, darían lugar a más de 176 mil viviendas, tres veces y media más de lo necesario para sepultar el problema habitacional del país, teniendo en cuenta el metraje promedio de un apartamento con dos dormitorios en tierras habitables.

Sandra Olivera (44) lo sabe en carne propia. Desde hace 16 años que ocupa una casa del Estado, en pleno Centro, a metros de la Facultad de Humanidades. Es una vivienda de dos pisos en la que el revoque se desmorona. Por eso debajo del techo hay una red que amortigua la caída de la mampostería. Junto a ella y sus tres hijos viven otras dos familias a las que el Mides fue a visitar, pero la respuesta fue siempre las misma: "No tenemos solución habitacional".

Paga todas las facturas de luz, agua y teléfono, pero no destina un peso en tributos municipales. Es que la propiedad es de la ANEP, por una herencia adyacente, y tiene una deuda con la Intendencia superior a $ 20 millones. De hecho el valor catastral de la finca es treinta veces inferior a lo adeudado, según un relevamiento de la Facultad de Arquitectura de Udelar y la Defensoría del Vecino de Montevideo.

Como Olivera, hay otros 200 mil uruguayos que buscan tener un techo propio. El razonamiento obvio, casi infantil, es que las viviendas en desuso pasen a tener su utilidad. Pero el trámite no es tan sencillo.

Algunas fincas son monumento histórico, como la antigua aduana del puerto de Rosario, en Colonia, una construcción de 1918 que fue declarada ruinosa. Son más de 7.000 metros cuadrados que pertenecen al Ministerio de Economía y que no se pueden vender. Otros terrenos le llegaron al Estado por una donación y no pueden ser utilizados con otro fin, como un campo de 50 hectáreas del Ministerio de Agricultura en San José, sobre el río Santa Lucía. Y también hay viviendas que se declararon prescindibles y nadie las quiere comprar o los títulos no se regularizan, porque los "tiempos judiciales son lentos", dice Francisco Beltrame, presidente de la Agencia Nacional de Vivienda.

Según Beltrame hay tierras que no son habitables. Sin embargo, solo en tres inmuebles del Estado registrados en la Contaduría General de la Nación se aclara que es "tierra inundable". En el resto las restricciones son jurídicas o de gestión.

La casa en orden.

Ni bien asumió su segundo mandato, Tabaré Vázquez decretó la actualización del relevamiento de inmuebles que posee la Administración Central. La idea era renovar la base que tiene, desde hace 20 años, la Contaduría General de la Nación. Se creó una comisión que, cuatro meses después, arrojó un número de viviendas y terrenos baldíos, pero que hasta el momento no pasó al análisis de esas unidades, explica la arquitecta Mara Moya, de la OPP.

Menos aún hay una idea de qué hacer con esas fincas que se obtuvieron por donaciones, expropiaciones, compras o falta de un sucesor.

Solo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas tiene al menos 48 inmuebles en desuso, sin contar los remanentes de expropiaciones que sobran cuando se obtiene un terreno para hacer, por ejemplo, una ruta. Estas parcelas suelen quedar abandonadas y en escasos ejemplos vuelven a la órbita privada.

Sucede cada determinados años que a un presidente, intendente o ministro de Vivienda se le ocurre hincarle el diente al tema. Pero los intentos suelen quedar obsoletos con el paso de cada administración.

El Parlamento tiene a estudio al menos dos proyectos de ley que buscan darle una solución a las viviendas abandonadas. El que tiene más tiempo es un texto del frenteamplista Alfredo Asti que data de 2012 y se modificó en 2014. "La idea es que aparezca el propietario de los inmuebles abandonados y cese ese abandono", explica el diputado, "sino se pasa a expropiación para remate público".

Cuando el Estado es el propietario "se debe hacer cargo o, de lo contrario pasa a la órbita del Ministerio de Vivienda o Intendencias para su utilización". Existe una tercera opción: cuando el predio sirve para un emprendimiento industrial, puede recaer en la órbita del Ministerio de Industria.

Es esa secretaría de Estado la que, en conjunto con el Mides, tiene menos inmuebles abandonados. Salvo Turismo que no reportó casos, el resto tiene más de dos. El Ministerio de Salud, que suele recibir con la ANEP las herencias de quienes fallecen y no tienen un sucesor, vendió parte de su patrimonio y solo tiene cinco fincas en desuso. "Hace un siglo esta cartera tuvo una buena cantidad de los terrenos del empresario Alejo Rossell y Rius, pero por necesidades económicas prefirió venderlos", dice Beltrame.

A la inversa, hay otros espacios que eran dedicados para la salud, pero hoy están olvidados. El ejemplo más claro es una casona de la Universidad de la República, sobre General Flores, enfrente a la Facultad de Medicina. Fue la morgue de la academia y quedó en desuso.


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Desde el año pasado esta vivienda que ocupa toda la esquina y tiene un valor en el mercado superior a US$ 400.000, cuenta con una cerca para aguantar los pedazos de fachada que se están cayendo. Lo curioso es que al pie de la finca hay una parada de ómnibus habilitada.

La Intendencia de Montevideo relevó este predio hace un mes y también otros 10 inmuebles de la ciudad que, creen, pueden tener una rápida resolución. "De este total hay dos viviendas que, estimamos, en un año irán a remate público", dice Silvana Pissano, directora de Acondicionamiento Urbano.

Según la jerarca esta iniciativa "no tiene" fines recaudatorios, sino mejorar "la calidad de vida de la gente y la ciudad". La comuna pretende anular la deuda sin hay proyectos con intereses sociales y ceder esas fincas para soluciones habitacionales. "Si hay posibilidad de construir y existen al menos un fraccionamiento para ocho unidades, una opción es darle el predio a una cooperativa".

Esa línea de trabajo es la que está siguiendo la cartera de Vivienda con un inmueble que fue de Minería, en Eduardo Carbajal y Río Grande, y que será destinado a una cooperativa de ómnibus. Es un terreno de más de 700 metros cuadrados, con un valor superior al millón de dólares y que, de quitarse su impronta gris, sus ventanas tapadas y los candados de las puertas, "daría vida al barrio Bella Vista", cuenta una vecina. También existe un esqueleto de edificio en Reducto, sobre la calle San Martín, para el que desde hace cuatro años el Ministerio paga seguridad privada para que no entren "ocupas".

Esa amplia cartera de inmuebles estatales en desuso implica un gasto, cuando para el Estado podría significar millones de dólares o 20 escuelas nuevas.

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