UNA EMPRESA A PÉRDIDA

Plata dulce: el negocio de ALUR

La existencia de ALUR supuso un salvavidas para la castigada población de Bella Unión, sin embargo a una década de su creación sigue siendo cuestionada. El reciente despido de su gerente general evidenció un cuadro financiero por demás complicado, según reconoce Ancap.

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Foto: Fernando Ponzetto

Es uno de los proyectos más ambiciosos del gobierno. Pero en los últimos días se habló de ALUR (acrónimo de Alcoholes del Uruguay S.A.) al publicitarse los elevados sueldos de sus gerentes y, en particular, de su gerente general, el ingeniero Manuel González, intempestivamente despedido por la dirección de Ancap, accionista mayoritario y "dueño" del mayor complejo agroindustrial y energético del país.

En realidad, las críticas hacia el emprendimiento industrial vienen de mucho antes. Su suerte ha estado atada a la cuestionada gestión de Ancap y al cúmulo de denuncias hechas por los cuatro partidos de la oposición que ahora dirime la Justicia de Crimen Organizado. De hecho, algunos críticos y denunciantes como el senador Pablo Mieres (Partido Independiente) están convencidos, al igual que otros dirigentes opositores, de que el sostenimiento de esta empresa paga en realidad una vieja deuda política "que no tiene una debida contrapartida empresarial".

El sueldo del exgerente general ahora despedido —que fuera designado por Raúl Sendic durante la presidencia del grupo Ancap— es ahora una anécdota. Este hecho se produjo en medio de una crispada negociación salarial con los trabajadores representados en el Sindicato de Obreros de la Caña de Azúcar (SOCA), que reclaman una pauta de ajustes similar a la que poseían en tiempos de la antigua cooperativa Calnu, que en 2006 absorbió la recién creada ALUR.

Pero más allá de las cifras cuestionadas de los salarios gerenciales, la propia historia de ALUR parece entrampada en sus propias contradicciones.

Corazón cañero.

Los dominios de ALUR se levantan sobre cuatro plantas de producción. Una de las principales era la de Bella Unión, el mayor complejo agroindustrial. Pero la pujante producción de la planta de bioetanol de Paysandú comienza a hacer a un lado a la antigua planta alimentada por la zona cañera de Bella Unión.

Esta perspectiva empieza a ser vista con preocupación por los productores de caña afincados en Bella Unión. O al menos así lo cree uno de los productores más veteranos de la zona, que presidiera tanto la antigua cooperativa Calnu, como la dedicada a la producción de hortalizas Calagua.

Daniel Moraes (69) se encuentra hoy retirado, se define a sí mismo como un "jubilado rural". Pero continúa preocupado por los destinos de la zona donde ha vivido y trabajado toda su vida.

"Estuve siempre preocupado por el desarrollo de Bella Unión, siempre me desveló el proyecto de tener una fábrica procesadora de caña de azúcar hasta que finalmente lo logramos. Me uní a la cooperativa en 1972 y la presidí hasta 1996, con un intermedio entre 1976 y 1988 que fui proscrito por la dictadura", contó Moraes a El País.

Moraes recuerda que cuando regresó al país en 1988 el complejo Calnu tenía plantadas 10.000 hectáreas y producía caña de azúcar exclusivamente para la producción de azúcar. Según las cifras que maneja la propia empresa, actualmente hay 8.500 hectáreas plantadas. "Lo cual significa que todavía no hemos llegado a la cantidad que teníamos en el 88, cuando al entrar ALUR en el negocio se planteó tener hasta 12.000 hectáreas plantadas", razona Moraes.

El productor reconoce que los problemas económicos de la cooperativa eran serios, de ahí que la operación de "salvataje" que inició el gobierno en 2006 fue para Bella Unión como la lluvia después de una prolongada sequía.

"En su momento el sistema cooperativo tenía la producción, industrialización y comercialización de unas 60.000 toneladas anuales de azúcar", recuerda Moraes.

La producción ha cambiado su tenor en forma sustantiva. Actualmente el grueso de la misma, alrededor de un 85%, se destina a la generación de biocombustible y el 15% restante se destina a la producción de azúcar.

En opinión de Moraes el complejo de Bella Unión perdió competitividad frente a la planta instalada en Paysandú. "En Bella Unión, con la planta de ALUR, teníamos capacidad para abastecer al 100 por ciento de la demanda de Ancap en biocombustibles. Pero con la instalación de la planta de sorgo y colza en Paysandú quedamos fuera de competición, ya que allá llegaron al doble de capacidad que nosotros y un costo más barato que nosotros", sostuvo Moraes.

La producción de ambas plantas es íntegramente comprada por el grupo Ancap, pero a un costo que sus críticos sostienen implican severas pérdidas para el Estado uruguayo.

"Creo que el tema va por los cambios en la gestión de las cosas. Porque el poder no es autogestionario como era antes en Bella Unión, lo hacía la gente que trabajaba acá y decidía por el destino de Bella Unión. Ahora han venido a mandar con otras ideas, las decisiones salen de algún escritorio en la capital y, no hay caso, en Montevideo por ahí no tienen mucha idea de cómo son las cosas acá", según el análisis de Moraes.

El productor comienza a ver signos alarmantes en la zona. "Volvemos a tener desocupación, hay varias empresas que cerraron, bodegas que dejaron de trabajar, estamos perdiendo fuentes de trabajo. Y pasó lo peor que podía pasar, quedó solo otra vez el monocultivo de caña de azúcar, que es lo contrario a lo que queríamos para Bella Unión", advirtió.

Informe crítico.

"El problema principal está en la definición básica de la relación entre Ancap y ALUR. Se trata de una relación simbiótica en la que Ancap es simultáneamente el sustento único de ALUR y la sostiene de manera incondicional subsidiándola en forma permanente. El único detalle es que esta decisión implica la aplicación de recursos públicos para sostener a una empresa de derecho privado, cuyo subsidio nunca fue objeto de una decisión pública expresa".

Esto plantea en uno de sus párrafos el capítulo dedicado a ALUR del informe realizado por el senador Mieres, como corolario a las tareas de la comisión investigadora del Senado.

La visión crítica sobre el funcionamiento de la empresa y los subsidios que esta recibe para su actividad íntegra son compartidos por los legisladores del Partido Nacional, del Partido Colorado y de la Unión Popular. Uno de los puntos más cuestionados es la construcción de la planta de bioetanol de Paysandú.

ALUR posee dos plantas en Montevideo, en Capurro y Paso de la Arena, destinadas a la producción de biodiesel. A ellas se suman el complejo agroindustrial de Bella Unión, y una microdestilería ubicada en Artigas.

Pero la planta sanducera ha recogido innumerables observaciones desde su arranque debido al trámite poco claro que siguió la licitación. La construcción de la misma tuvo un costo más de dos veces superior al previsto originalmente por parte de la constructora española Abengoa —pasó de los US$ 82 millones iniciales a los US$ 147 millones finales—, compañía que por otra parte se ha visto envuelta en un sonado escándalo de corrupción en su propio país.

ALUR representa, aún a la luz del balance parcial que presentó el gobierno hace unos días, un problema "a revisar". Una empresa subsidiada que no está dando ganancias a 10 años de su creación.

"El gran tema es si queremos subsidiar una zona del país, o una determinada actividad, entonces hagámoslo de manera abierta y transparente, no vendamos el verso de la gran producción nacional que no existe", reclamó el senador Mieres.

De la caña de azúcar a los combustibles ecológicos.

Alcoholes del Uruguay (ALUR) inició sus operaciones en 2006. Originalmente el 91% del paquete accionario pertenecía al grupo Ancap y el 9% restante a la petrolera venezolana Pdvsa. La conformación accionaria cambió ligeramente en favor de Ancap en los últimos tiempos. Partió de la adquisición del antiguo ingenio azucarero de Calnu en Bella Unión y tiene dos plantas en Montevideo y una más moderna en Paysandú. Su producción se dedica al biodiesel, bioetanol, alimento animal, energía y azúcar. Según cifras que maneja la propia empresa, su facturación pasó de US$ 26 millones en 2009 a US$ 250 millones en 2015. La totalidad de la producción de ALUR es comprada por Ancap, que además paga sus deudas.

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