Un mes después de asumir, los gobiernos departamentales no encuentran la paz. Comparten un frágil estado financiero, donde las cuentas en rojo son figura repetida y se imponen los recortes y, además, viven bajo fuego cruzado entre los jerarcas entrantes y salientes.

Se van, se van, los sapitos se van. Se les termina la pavada, agarren sus cosas que se van", entonan a las risas un par de funcionarios de la Intendencia de Salto a algunos de los que integran el grupo de 377 empleados señalados como "cargos políticos" creados por Germán Coutinho (apodado el Sapo) durante su administración. Ayer se anunció que 249 serán despedidos de inmediato.

A la misma vez, en la otra punta del país, algunos de los flamantes jerarcas de la Intendencia de Maldonado revisan una y otra vez las oficinas. Ven biblioratos que están vacíos, encuentran computadoras que fueron reseteadas y no logran dar con los documentos que necesitan: los que se fueron se llevaron los papeles, y los que llegaron aún no terminan de asombrarse.

Cuando se cumple un mes de la asunción de los nuevos gobiernos departamentales, está claro que las grandes heridas que abrieron los resultados electorales en algunos lugares, siguen sin cicatrizar. El cambio de color partidario en intendencias clave tuvo un impacto contundente desde lo político, pero especialmente duro desde lo simbólico. Si para los colorados, y sobre todo para el sector de Pedro Bordaberry, perder en Salto fue un golpe casi letal, para el Frente Amplio procesar la derrota en Maldonado aún resulta tarea más que compleja.

El clima está espeso en varias intendencias, la transición es más traumática de lo esperado, y el funcionamiento se ve afectado. Con una frágil situación financiera como telón común, se suman acusaciones cruzadas, anuncios de auditorías y despidos. Es como si la campaña electoral no hubiese terminado.

En Salto, el anuncio del despido de 350 funcionarios que fueron contratados en la anterior administración fue el detonante de un verdadero caos. "Todos los cargos de confianza que ingresaron en el período pasado tienen que ser cesados. También entre 25 y 30 ediles que pasaron a la comuna tienen que ser cesados. Un tercer grupo de trabajadores que debe ser cesado es el que ingresó en 2015, en campaña electoral", dijo días atrás el nuevo intendente de Salto, el frenteamplista Andrés Lima.

Y agregó que serían cesados "22 rompehuelgas, que en plena campaña electoral, cuando había paro de Adeoms, la Intendencia los contrataba para que trabajara". "Deben ser cesados los profesionales y los técnicos que ingresaron por designación directa y deben irse los punteros políticos que marcaban, pero no trabajaban en la Intendencia", afirmó Lima.

Los funcionarios señalados por los jerarcas comenzaron de inmediato a movilizarse e instalaron una carpa frente a la comuna. También protagonizaron un "apriete" contra el jefe departamental y se enfrentaron contra el gremio de municipales, que no acepta respaldarlos.

Natalia de los Santos, vocera del grupo de funcionarios, dijo a El País: "Estamos de acuerdo en que se vayan los cargos de confianza, pero acá estamos hablando de obreros, de auxiliares de servicio, de porteros y de choferes, así que queda claro que la mayoría no somos cargos políticos. También está claro que nos echan por una venganza con Coutinho", expresó.

Ayer Lima (que tras el choque con los funcionarios pidió a gente de su equipo que cumplan tareas de custodia sobre él), dio una conferencia para anunciar el resultado del análisis de los vínculos contractuales en la comuna. Ahí, anunció que finalmente 249 empleados que ingresaron por designación directa en la pasada administración, serían cesados. El intendente dijo que los criterios que se utilizaron para definir la lista de funcionarios fueron económicos —debido a la crisis financiera de la comuna— pero también políticos. "Cargos de confianza del gobierno anterior que quedaron trabajando, ediles que pasaron a la Intendencia que deberían haber renunciado y profesionales que habían sido contratados por designación directa", recalcó.

Los despidos se concretarán a partir del lunes, anunció el jefe departamental en la conferencia, la cual se cumplió a puertas cerradas y con presencia de funcionarios policiales de particular en el interior de la sala y fuera del edificio. Lima dijo que era una decisión "necesaria" luego de que la comuna llegó a comprometer el 86% de su presupuesto en salarios. Los despidos significarán un ahorro mensual de $ 14 millones.

Ahora, se espera una fuerte movilización de los funcionarios en cuestión. Estos denuncian, además, que sufren a diario una persecución dentro de la Intendencia. No solo por las palabras que les dedican otros compañeros, sino también por las tareas a las que los derivan. Paola, por ejemplo, es una funcionaria administrativa que fue derivada al cuidado de una piscina.

"Ahora mi tarea es ser serena de una piscina. Me dijeron que ese era mi trabajo ahora, me desplazaron", señaló.

Y describió y contó el clima dentro de la Intendencia: "Es horrible trabajar con compañeros que todo el tiempo te están refregando que te vas, que se va la gente de Germán, que se van los sapitos", afirmó. Paola admitió haber "simpatizado" por Coutinho en las elecciones, pero aseguró que no tiene militancia actual.

Mientras tanto, la reparación de calles, el normal funcionamiento del servicio de recolección de residuos, la poda y la eliminación de basurales en distintos puntos de la ciudad continúan en el debe.

Consultado por El País sobre las acusaciones, Coutinho respondió a Lima: "Habla de cargos políticos, pero los ingresos fueron de choferes, personal de recolección y serenos entre otras cosas, y esas son designaciones normales. Cae por su propio peso que no son cargos políticos".

El exintendente colorado expresó que en las decisiones de Lima hay "posturas políticas y partidarias", y opinó que "el hecho de que una persona esté identificada con mi candidatura no puede ser motivo para que sea echada. No se puede castigar a la gente por eso".

En Maldonado, el estado de las cuentas comunales viene generando constantes choques entre los jerarcas entrantes y los salientes. La administración del nacionalista Enrique Antía se encontró con severos problemas presupuestarios, resumidos en el hecho de que, según afirmó el nuevo jerarca tras asumir en su cargo, la intendencia tiene un déficit cercano a los US$ 130 millones.

Oscar De los Santos, saliente intendente, y actual legislador del FA, respondió de inmediato al blanco, y dijo que entregó el departamento en mucho mejor estado del que lo había dejado Antía en su anterior gobierno, de 2000 a 2005. El exjerarca de izquierda afirmó, además, que si el nacionalista "es cauteloso en la incorporación de cargos de confianza, si respeta el llenado de vacantes y si no abusa del ingreso a dedo de sus amigos a la Intendencia, le faltarían para llegar a fin de año unos 1.000 millones de pesos (US$ 37 millones aproximadamente)".

A la vez, Ricardo Alcorta, senador suplente por el MPP y dirigente fernandino, se expresó en línea con Antía, y dijo que el déficit acumulado del gobierno departamental es de US$ 138 millones, algo que causó amplio malestar en la interna del FA y entre los exjerarcas locales.

Antía planteó, además, que la situación económica de la Intendencia es complicada a tal extremo que los sueldos de julio fueron pagados con parte del crédito concedido por la banca privada. Pero para sumar otro condimento al asunto, en las últimas horas, el BROU desistió de habilitar una línea de crédito por hasta US$ 10 millones a la comuna .

Doris González, presidenta del sindicato de funcionarios de la Intendencia de Maldonado y vicepresidenta de la Federación Nacional de Municipales, entendió que los enfrentamientos entre Antía y De los Santos en las últimas semanas son parte de tensiones políticas aún existentes, aunque la sindicalista también fue crítica hacia el gobierno saliente.

"Hoy por hoy los distintos directores se están nutriendo de los materiales que les dan los funcionarios de carrera, porque los jerarcas salientes dejaron los placares y los cajones vacíos, se llevaron los papeles y borraron todo de las computadoras. Es vergonzoso, pero lo hicieron para complicar a quienes llegaban", expresó.

Diego Echeverría, actual secretario general de la Intendencia de Maldonado, dijo que este primer mes de gestión ha sido "muy complejo debido a la delicada situación financiera que encontramos al asumir".

El jerarca entendió que los constantes ataques del exintendente se deben a que "el sector de De los Santos no ha entendido que la elección se terminó".

A la vez, Echeverría afirmó que esperan que en la semana entrante comience la "auditoría global de la Intendencia". "Una auditoría de punta a punta que nos diga dónde estamos parados. Que sirva para ver cómo se entregó la Intendencia y para tener más herramientas que sirvan para ver cómo hacer una mejor gestión".

Además de Maldonado y Salto, hay varios departamentos en problemas, aunque en algunos los reclamos se oyen más que en otros. En Montevideo, por ejemplo, se supo la semana pasada que Daniel Martínez encontró la intendencia "sin caja" y que buscará "sobrevivir" hasta que el nuevo presupuesto entre en vigencia, lo que ocurrirá en enero.

En Paysandú, el gobierno frenteamplista entrante ya anunció que revisará los contratos establecidos por el intendente blanco saliente, y en Río Negro, adonde también el FA desplazó al Partido Nacional, el nuevo intendente se sumó al diagnóstico crítico en lo financiero. En tanto, el intendente blanco reelecto en Treinta y Tres ya anunció que bajará su sueldo para mejorar las cuentas, y la intendenta reelecta en Lavalleja afirmó que en el lapso en el que ella no estuvo en la Intendencia para hacer campaña, hubo un ingreso abusivo de funcionarios, que la llevó a dar de baja 200 contratos.

Consultado sobre las gestiones departamentales, Conrado Ramos, que es doctor en Ciencia Política, exsubdirector de la OPP y excandidato a vicepresidente por el Partido Independiente, dijo que las intendencias del interior "siguen operando con normas del siglo XIX. El intendente hace lo que quiere y nadie le dice nada".

Para Ramos, en las comunas se aprecia "la vieja forma de clientelismo político, la que dice si me apoyás, te recompenso. Y eso ocurre porque no tenemos mecanismos institucionales para limitarlo". "Lo que estamos viendo ahora es producto de revanchas políticas. Viene un intendente nuevo y echa a los empleados anteriores, algo que era lo más común en el siglo XIX, pero que ahora no tendría que existir", dijo el especialista, que es autor de una investigación sobre "Sistemas de gobierno, patronazgo y reformas administrativas en América Latina". "En las intendencias se ve el fenómeno del patronazgo político, que significa la entrada a la función pública por vías discrecionales. Es decir, que depende del jerarca la forma en la cual la persona ingresa al cargo", expresó Ramos, que también entendió que las intendencias "funcionan como un fenómeno aparte de la administración central".

"El intendente en el interior es un señor feudal. Y algunas de las explicaciones para eso son que hay un sistema de mayoría absoluta en las juntas departamentales que termina por debilitar los controles. La mayoría manda y no hay una supervisión efectiva", señaló.

Para el politólogo es necesario contar con "funcionarios especializados en su tarea. Ya no sirve el sistema de dar recompensa a los muchachos que me apoyaron", opinó. Producción: corresponsales Luis Pérez y Marcelo Gallardo

El próximo jueves 20 y viernes 21, la Federación Nacional de Municipales realizará un congreso para analizar las problemáticas que atraviesan distintas intendencias, y se evaluarán qué tipo de medidas se pueden tomar al respecto. "Ha sido bastante traumático este mes de gestión de los nuevos gobiernos departamentales. La verdad es que a nadie le gusta tener compañeros que pierden sus trabajos", dijo en diálogo con El País la vicepresidenta de la Federación de Municipales, Doris González.

La sindicalista también se quejó al decir que "hay varias intendencias en las cuales se tomaron represalias sobre los trabajadores por actuaciones de los gobiernos anteriores". González expresó especial preocupación por la situación de Salto, Lavalleja y Paysandú. "Tenemos mucha preocupación por la situación de varios departamentos, vemos que el panorama no es nada sencillo, así que estaremos analizando qué es lo que se puede hacer para mejorar el escenario de los compañeros", dijo González.

comunas sufren la transiciónANDRÉS ROIZEN